#Pyrawebs: ¿Proyecto de protección o censura?

El proyecto de ley de protección a niños en Internet, que tendrá sanción automática el 10 de mayo, plantea una completa censura en la red, de acuerdo a organizaciones que luchan por una cultura libre "online”.

El Senado, ayer jueves, introdujo modificaciones al Proyecto de Ley “De protección de niños, niñas y adolescentes contra contenidos nocivos de internet”, que tiene por objeto establecer una regulación jurídica para la protección de niños, niñas y adolescentes de aquellos contenidos inapropiados para ellos, que son difundidos por Internet.

En tal sentido, se deberá establecer parámetros técnicos para adecuar los filtros de protección en los navegadores y los programas de intercambio o de programas especiales para bloquear el acceso a sitios nocivos.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) será la encargada de establecer los parámetros técnicos para adecuar los filtros de protección en los navegadores, de modo a bloquear el acceso a sitios nocivos. Además, la fiscalización y el control del cumplimiento serán efectuados por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni).

La propuesta ahora se encuentra en la Cámara de origen, la de Diputados, para nuevo estudio.

LAS MODIFICACIONES

Sobre el punto, el proyectista Eber Ovelar (diputado colorado), en conversación con la 970 AM, comentó que el proyecto original presentado fue modificado sustancialmente en las distintas comisiones de la Cámara Baja. “El original hablaba sobre establecer normas jurídicas para proteger a los niños y adolescentes de contenido nocivos difundidos en Internet, que son accesibles en establecimientos habilitados a todo público, como cyber café, las plazas y otros lugares”, dijo.

El parlamentario contó que entre las modificaciones, se introdujeron en la lista los smartphones y otros aparatos del hogar.

El proyecto original pretendía reprimir la difusión y promoción de la pornografía infantil, la construcción de armas y explosivos, la incitación al uso de sustancias estupefacientes y drogas peligrosas previstas por la Ley 1340, y la promoción del racismo y xenofobia.

“Lastimosamente luego en las discusiones posteriores, los referentes de diferentes organismos como oenegés, el proyecto sufrió modificaciones que lo sacaron de foco. Ahora vi que sufrió de vuelta vitales modificaciones en el tratamiento”, explicó Ovelar.

Reconoció que dentro del régimen de la tutela los padres son los encargados de decidir qué contenido es nocivo y qué no lo es, pero que la cuestión se da en los lugares públicos. “El tipo del cyber simplemente cobra sus G. 5.000 y el chico está viendo pornografía y muchas veces son víctimas de ‘grooming’ (acoso de adultos que piden imágenes a menores). De esto hablamos en la ley”, aseveró.

ONG RECHAZA CENSURA

La organización Tedic, que desarrolla tecnología cívica abierta y defiende los derechos digitales en favor de una cultura libre en Internet, pegó el grito al cielo al conocer la normativa analizada, a la que consideró de únicamente atacar las consecuencias y no las causas.

La ONG consideró que la normativa es desproporcionada y afecta al derecho a la libertad de expresión. “Este proyecto de ley no establece suficientes garantías para la protección de la libertad de expresión, ni el debido proceso de los usuarios y además impone obligaciones difusas o desproporcionadas a los intermediarios que no deberían ser responsabilizados civilmente por daños surgidos por contenidos generados por terceros”, dice en su página web.

Tedic resalta la postura de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ve difícil que los intermediarios (nexo entre la persona que produce la información y la persona que la recibe) puedan ejercer un control de los contenidos que se producen en Internet.

 

Piden informe sobre policías que custodian a políticos

El diputado Pablino Rodríguez solicitó a la Comandancia de la Policía Nacional, un informe detallado sobre los policías que custodian políticos, exautoridades, instituciones públicas, etc. El objetivo es recomendar un mejor uso de los recursos.

El parlamentario presentó un proyecto de resolución que pide a la Comandancia, el listado de policías que custodian instituciones públicas y privadas, autoridades legalmente constituidas, exautoridades y efectivos policiales que tienen asignadas tareas administrativas.

“Es para saber cuánto del personal policial está haciendo de custodio, aquellos que son por vía judicial, por el cargo, la investidura, los empresarios, ganaderos, futbolistas, etc”, expresó Rodríguez en contacto con radio UNO.

A partir de la presentación la Comandancia tendrá un plazo de 15 días para responder, una vez que se apruebe el pedido.

Cuando se tengan los resultados en mano, el siguiente paso apunta a recomendar un reordenamiento y una mejor utilización de los recursos, a fin de que el estado deje de subsidiar a gente a la que le sobra capacidad económica para pagar su propia seguridad.

Precisamente la semana pasada se daban a conocer algunos nombres de la lista, en la que figura el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, quien dispone de nueve policías que le cuestan al estado 46 millones de guaraníes mensuales.

Por su parte, senador Robert Acevedo cuenta con 10 policías. El diputado Elio Cabral, siete guardias policiales (G. 29 millones). Misma cantidad posee el empresario Blas Reguera Riquelme. El parlamentario Enrique Antonio Buzarquis tiene cinco policías (G. 13 millones). La familia Domínguez Wilson-Smith cuenta con los servicios de siete policías (G. 27 millones) y el exsenador Miguel Carrizosa tiene cinco policías (G. 23 millones).

El empresario Elzear Salemma tiene seis policías (G. 11 millones), el gobernador Pedro González posee ocho policías (G. 28 millones), la empresaria Natalia Zuccolillo tiene dos agentes policiales a su cargo, y Gustavo Samaniego, consejero de Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tiene tres policías.

 

Admiten que "manos negras" y padrinos de planilleros quieren manipular a alumnos

Camila Benítez, de la Organización Nacional Estudiantil (ONE), admitió que existe "mano negra" tratando de instrumentar la protesta estudiantil. Por su parte Ernesto Ojeda, de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), reconoció abiertamente que la lucha de ese sector reivindica al gremio docente OTEP-SN y pide la reposición de la sindicalista Blanca Ávalos, despedida por planillerismo.

​Ambos jóvenes secundarios hablaron con la 970 AM respecto a que las protestas estudiantiles, iniciadas el martes último y que derivaron en la renuncia de la ministra de Educación Marta Lafuente, tuvieron injerencia de sectores políticos y gremiales.

Camila Benítez, alumna del colegio Fernando de la Mora y líder de ONE, sostuvo que no están aliados a ningún sector docente ni partido político y que centran su atención en alcanzar mejoras para todos los estudiantes.

“Siempre tenemos en cuenta que no podemos ser instrumentados por nadie, no atacamos a ningún gremio. La ONE no tiene ninguna alianza con ningún sindicato, ni color azul ni rojo”, expresó.

Reconoció que la movilización estudiantil quiere ser instrumentada por la politiquería pero aseguró que su organización no se dejará influenciar por intereses particulares. “Yo reconozco que hay mano negra”, agregó.

Benítez dijo que no comulgan con algunas reivindicaciones de la Fenaes pero pidió a éste y a la Unepy (Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay) que “sean una sola voz”.

Dijo que desde la ONE buscan que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se depure de personas que robaron dinero. “De nada sirve sacarle a la Marta Lafuente si hay otros corruptos, queremos una limpieza de la gente no grata para la educación”, sentenció.

FENAES DEFIENDE A PLANILLEROS

Ernesto Ojeda, miembro de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), confesó que la lucha estudiantil de su grupo reivindica a los gremios docentes, en especial a la OTEP-SN (Organización de Trabajadores de la Educación Sindicato Nacional). Además piden la recontratación de Blanca Ávalos, sindicalista despedida por supuesto planillerismo.

El estudiante defendió la reingeniería del MEC en lo que refiere a la carta orgánica y el estatuto del educador, pero no logró explicar claramente los motivos. “Todo esto es fruto de una provocación que Marta Lafuente comenzó y así terminó”, expresó el hijo de Eduardo Ojeda, dirigente de la Corriente Sindical Clasista (CSC).

El estudiante indicó que el ministerio solo desvinculó a docentes gremialistas. “La profesora (por Blanca Ávalos) hace una militancia por una buena educación, es un ejemplo de docente porque sale a las calles”, refirió para agregar que todos los estudiantes que están en la toma “son políticos buenos”.

 

Asesinado porque "sabía demasiado" de los narcos

El Concejal Rogelio Penayo, asesinado anteayer en la ciudad de Presidente Franco, tenía conexiones con "rubros delincuenciales", que explicarían el luctuoso suceso del que fue victima.

“Tenía antecedentes por estafa y narcotráfico”, dijo la fiscal Natalia Montaníia a la 730 AM, al tiempo de indicar que existen indicios que podrían ligar a personas sospechosas del crimen.

Penayo fue hallado muerto en la valijera de un automovil Fiat color azul, de su propiedad, en un camino vecinal de la mencionada localidad altoparanaense.

Según las investigaciones, el mismo estaba en conexión con narcotraficantes de la zona, con los que habría surgido diferencias que terminaron en su ejecución.

Otra hipótesis conectada al tema, dan cuenta de una posible guerra de territorios entre bandas dedicadas a la venta de marihuana y cocaína en la frontera este y ciudades fronterizas del Brasil.