Con la promulgación de la ley de emergencia nacional en marzo pasado, el Estado desembolsó 100 millones de dólares al IPS-como parte de su deuda histórica de US$ 500 millones con la previsional- a fin de que utilice esos recursos para asistir económicamente a los trabajadores con contratos suspendidos y a los enfermos de covid.

Con el último pago que hará el IPS en diciembre a este sector y los reposos que estima cubrir incluso ante un eventual pico de contagios, calcula que para diciembre habrá utilizado entre 65 a 70 millones de dólares de esos 100 millones.

“Habrá un remanente de 30 millones, pero la ley de emergencia rige hasta el 31 de diciembre, hasta esa fecha el dinero está destinado a suspendidos y a enfermos de covid, a partir del 1 de enero esa plata vuelve a caer bajo la ley 5655”, explicó el gerente de prestaciones económica del IPS, Pedro Halley.

La ley 5655 estipula que los recursos se distribuyen así: 54 % para jubilación, 39 % para los fondos de salud y 7 % para la administración general.

La única forma de que los 30 millones se sigan utilizando para asistir a los suspendidos es que se firme una prórroga de la ley de emergencia, algo que dependerá exclusivamente del Poder Ejecutivo.

EL PAGO EXTRA O MAL LLAMADO AGUINALDO

La posibilidad de que el IPS desembolse un pago extra para los suspendidos no está contemplada en la ley de emergencia, porque debe calcularse de manera diferente. No obstante existen recursos para el efecto.

Sin embargo, prevalece esta dificultad jurídica, por lo que el consejo del IPS remitió la consulta al Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Trabajo y a la Procuraduría General de la República para determinar qué herramientas se necesitan: una modificación de la ley de emergencia o un nuevo deccreto reglamentario de la normativa.

De la respuesta de las tres instituciones dependerá que el IPS pueda pagar un mal llamado aguinaldo o pago extra.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

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Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.