En charla con la 780 AM detalló que inicialmente recibió la denuncia de Rolando Félix Chilavert, otro hijo del técnico, y que este mencionaba que sus familiares estaban siendo retenidos contra su voluntad y que habrían perdido el pasaporte.

Sostuvo que mientras Rolando prestaba declaración con su asistente recibió la llamada telefónica de Fernando Martínez Vela, directivo del Inter Odessa, quien amenazó con cortar la cabeza a sus seres queridos por la denuncia que había realizado anteriormente ante la Cancillería. Según reconoció el propio empresario, se había enojado con la familia Chilavert porque unos policías lo molestaron en plena Navidad (celebrada allá en enero) para saber de la situación de los connacionales.

Acevedo comentó que al día siguiente de esta llamada, Rolando decide ir de vuelta ante su unidad y retirar su denuncia porque se sentía amenazado y coaccionado. “Ahí volvimos a escuchar (la amenaza)”, acotó y señaló que el español exigía que le envíe pruebas de que había desistido de su acción ante los organismos de seguridad.

La agente fiscal aseguró que intentó conversar telefónicamente con este extranjero pero que él se negó a hablar con ella.

Respecto a los videos divulgados, sostuvo que el equipo técnico realizará el análisis correspondiente para saber si fueron o no editados. En algunos materiales se observa a los paraguayos aparentemente bajo los efectos de las drogas y en otros asegurando que estaban bien en Ucrania y que no habían sido secuestrados.

“Sé que mucha gente duda y muchos medios no entienden lo que pasó. No estoy obligada a dar datos de mi investigación. No quiero que la gente piense que el Estado paraguayo activó muchas cosas para nada, hace muchos años que estoy en la Fiscalía y siempre actué como debe ser”, manifestó sobre la confusión que genera este caso.

En cuanto a la denuncia del empresario español, la fiscal dijo que no puede acreditar la versión de una persona que se manifiesta por teléfono, porque está obligada a la persecución penal de un hecho de acción penal pública como es el que afectó a los compatriotas.

De momento, Acevedo está trabajando con su colega Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, a fin de analizar cuál es la estrategia que conviene a la investigación.

El dirigente Fernando Martínez Vela asegura que los compatriotas cometieron varios delitos (intento de abuso, destrozos, robo, entre otros) durante su estadía en Ucrania y que inventaron el secuestro para poder regresar a Paraguay.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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