Radiografía carcelaria: ausencia de política criminal aviva hacinamiento

Cárceles del país están preparadas solo para 9.500 reclusos, pero albergan a 15.500, unos 6.000 más de lo previsto. De seguir la tasa de crecimiento del 6% anual, para el 2030 habrá al menos 10.000 personas más privadas de su libertad.


Fuente: La Nación

De aquí a 10 años el país pasará de los 15.000 reos actuales a 25.000, lo que haría colapsar de nuevo las 18 cárceles exis­tentes en toda la República, que en realidad suman 27 si agregamos las instituciones de reinserción de personas condenadas. La situación es el resultado de la falta de políticas de criminalidad del Estado, que alienta la repre­sión, pero no la prevención ni un plan de reinserción social, una vez purgadas las penas.

La cantidad de presos en el Paraguay crece en un pro­medio del 6% anual, que en números representa alrede­dor de 900 personas por año, en tanto que las instalacio­nes carcelarias se encuen­tran hacinadas, albergando a cerca de 6.000 internos por encima de su capacidad real, según datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una institución estatal con autarquía funcio­nal. Fueron infructuosos los intentos por obtener infor­mación oficial del Ministe­rio de Justicia y de otras ins­tituciones.

Pero la cuestión no termina ahí. Otros datos proveídos por la organización señalan que de 15.477 privados de su libertad, apenas el 26% (4.024) tiene condena firme entre los hombres. Vale decir, que el 74% (11.453) de los mismos están en prisión sin la mínima información sobre cuánto tiempo lleva­rán encerrados y la acusación exacta de por qué están ahí. En el caso de las mujeres, las cifras son similares, teniendo en cuenta que el 67% tampoco tiene condena.

La población penitenciaria experimentó un crecimiento constante a partir del 2010, año en que el país contaba con 6.430 presos, para llegar al cierre del 2019 a 15.477, con un aumento de más de 9.300 personas. La estadís­tica señala igualmente que en los últimos 5 años se incor­poraron 4.548 nuevos presi­diarios.

Si nos remontamos a 1995, encontramos que en ese año la cifra de individuos encar­celados llegaba a 2.974 per­sonas.



CAPACIDAD

Con respecto a la capacidad de las instalaciones, se tiene que la cárcel de Tacumbú cuenta con 3.429 internos, cuando que solamente debe albergar a 1.530; la cárcel de Emboscada tiene 1.472 presos y solo tiene capaci­dad para 408; la cárcel de Ciudad del Este cuenta con 1.188, siendo su límite 636; la cárcel de Pedro Juan Caba­llero tiene 1.030, cuando solo puede contar con 920 perso­nas. En las mismas condicio­nes se encuentran las insta­laciones de Encarnación, Coronel Oviedo, San Pedro, Misiones y otras.

Con relación a la densidad poblacional, el Ministerio de Justicia (MJ) sostiene que la sobrepoblación crítica llega al 79%, la sobrepoblación al 18% y sin sobrepoblación llega a casi el 3%.

Cabe mencionar que el Meca­nismo revela además que la tasa poblacional por cada 100.000 habitantes en el Paraguay al cierre del 2019, la cantidad de presos llega a 216 individuos, contra 99 del 2010.

HECHOS PUNIBLES

El informe se refiere también a los hechos punibles más frecuentes en el país, donde resalta el homicidio doloso (14,11%), el abuso sexual en niños (4,99%), la coacción sexual (3,42%) y lesión grave (1,64%), cuando se trata con­tra las personas.

Cuando son en contra de la propiedad privada, el estu­dio señala que en primer lugar está el robo agravado, con un índice del 22,57%. En segundo lugar se encuentra el hurto agravado (10,16%), ter­cero el hurto (2,91%) y cuarto el robo (2,89%).

Al aludir a los hechos puni­bles en contra de la con­vivencia de las personas resalta la violencia fami­liar, con un 8,54%, un fenó­meno que va en crecimiento constante debido a que los ciudadanos, principalmente las mujeres, están perdiendo el miedo y aprovechan más los mecanismos de denun­cia. La institución aborda en su análisis la ley de drogas, indicando que el nivel de vio­lación de esta legislación llega al 17,56%. Este tipo delito es otro de los que registra un aumento considerable en los últimos tiempos. Llama tam­bién la atención la aparición de datos estadísticos de per­sonas encerradas por hechos punibles contra el patrimo­nio del Estado.

Infructuosa búsqueda de información oficial

La Nación intentó por todos los medios obtener información oficial referente al actual sistema penitenciario en Paraguay, que hemos considerado necesario para el despliegue de la fecha. Desde el Ministerio de Justicia, que encabeza Cecilia Pérez, no fue posible acceder a datos actuales sobre las cárceles del país.

Contactamos con el director interino de Establecimientos Peniten­ciarios, el señor Teófilo Báez, quien mencionó que no podría facilitar información y que solo se realizaría mediante pedidos previos a tra­vés del acceso a la información pública (con formularios).

Báez, quien ocupa desde el pasado miércoles 22 la dirección luego de la destitución de Joaquín González, tras la “liberación” masiva de 75 reclusos de la cárcel de Pedro Juan Caballero, nos derivó a uno de los encargados de prensa de la institución, quien indicó que solo el director general de Establecimientos Penitenciarios, el viceministro de Política Criminal o la ministra de Justicia podían autorizar nuestro pedido.

Nuestro diario también escribió al número telefónico de la ministra Pérez con la finalidad de tener información de primera mano y que pueda ampliar sobre los proyectos a futuro ante la crisis penitencia­ria, pero tampoco obtuvimos respuesta.

 

Contradicen a informe de jueza y afirman que reo tiene lesiones traumáticas

Tras una inspección por parte del personal forense del Ministerio Público, se determinó que el reo que denunció a guardiacárceles del Penal de PJC, efectivamente posee lesiones traumáticas en el cuerpo. Este nuevo informe, contradice al análisis del Ministerio de Justicia.

La fiscal Camila Rojas, indicó que “realmente se pudo verificar la existencia de varios golpes” en el cuerpo de Cristhian Vera Benítez, el reo cuya familia denunció que fue brutalmente golpeado por guardiacárceles de la Penitenciaría de PJC, luego de que el interno comente a la prensa la forma en que se fugaron del penal.

La fiscal Rojas dijo además que el interno no mostró colaboración para determinar las circunstancias en la que recibió los golpes. “Se mostró con miedo y no quiso colaborar”, señaló.

La funcionaria del Ministerio Público acotó que los golpes son recientes y que desconoce la intervención de la jueza Dalmi Gómez Leiva, quien encabezó una comitiva judicial y determinó que el reo no posee golpes.

Por su parte, Carlos López, encargado de sanidad del penal, dijo que “hubo lesiones traumáticas, pero que no pueden concluir nada”.

 

Nuevo allanamiento en PJC: reos organizaban fiesta pero huyeron antes de que llegue la Policía

Una vivienda que funcionaba como casa de citas fue allanada esta tarde en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el marco de la búsqueda de los prófugos del PCC. Aparentemente, tres de los reos fugados organizaban una fiesta en el lugar y lograron escapar minutos antes de que llegue la Policía.

En la tarde de este jueves se realizó un allanamiento en una residencia ubicada entre las calles 1 de Diciembre y Natalicio Talavera, en el barrio San Gerardo de Pedro Juan Caballero.

El procedimiento estuvo encabezado por representantes del Ministerio Público y personal del Departamento de Investigaciones de Amambay, con acompañamiento de agentes de la FOPE.

La Policía Nacional manejaba la información de que algunos de los reos que se fugaron el domingo se encontraban escondidos en la vivienda -la cual funcionaba como casa de citas-, por ello decidieron realizar dicho operativo lo más rápido posible, indicó el comisario Rubén Paredes a ABC Cardinal.

Según trascendió, tres de los miembros del Primer Comando Capital (PCC) estaban allí organizando una fiesta para celebrar que escaparon de prisión pero se enteraron minutos antes del procedimiento y por ello pudieron darse a la fuga.

Un hombre de nacionalidad brasileña fue detenido en el lugar. El mismo estaba en compañía de dos mujeres, quienes habrían sido contratadas para participar del festejo de esta noche, de acuerdo al reporte. Así también, se incautó una pequeña dosis de cocaína.

Debido a que el sujeto carecía de su documento de identidad, se solicitó apoyo de la Policía Civil de Brasil para verificar sus datos y confirmar de quién se trata, confirmó el jefe policial.

La Policía Nacional continúa llevando a cabo procedimientos en Amambay y otros departamentos del país en busca de los reos del PCC que se fugaron de la cárcel de Pedro Juan Caballero en la madrugada del domingo. Hasta el momento, nueve reclusos han podido ser recapturados.

 

Oficialismo comunal apoya a taxistas en guerra con Uber y MUV, ¿por razón electoral?

El concejal de Ciudad del Este, Herminio Corvalán, cuestionó la operatividad de MUV y Uber en dicha localidad asegurando que no cuentan con habilitación municipal. Asimismo, se mostró a favor de los taxistas y pidió no “satanizarlos”. En los próximos días se presentaría una ordenanza para regular a ambas plataformas.

En entrevista con ABC Cardinal, Corvalán fue consultado sobre la polémica suscitada tras la incautación de vehículos de conductores de MUV y Uber por parte de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Ciudad del Este.

Al respecto, señaló que existe una cuestión de fondo que no está muy clara en relación a este tema debido a que ambas plataformas deberían estar reguladas por una ley nacional pero al final “tiran la responsabilidad” encima de los municipios.

En la jornada de ayer se retuvo a los tres vehículos porque los mismos no poseen habilitación de la Municipalidad de Ciudad del Este, aseguró, esto atendiendo a que no existe una ordenanza que los regula en la actualidad. “Ahí está la laguna”, acotó.

“Esta gente si realmente quiere ser en regla también hubiera solicitado para que se les pueda reglamentar vía ordenanza”, expresó el edil, haciendo referencia a la falta de una normativa en relación a estos servicios de transporte alternativo.

Pidió “a los que están detrás de esto” que se acerquen al municipio de Ciudad del Este para pedir que se pueda reglamentar a MUV y Uber así como a otros servicios de transporte que operan allí, como por ejemplo los taxis, transportes escolares o mototaxis.

“Cada quien va a optar por utilizar el servicio diferenciado que más le guste, hasta se puede debatir sobre cuestiones de precio y confort. Lo que no está bien es que quieran imponer criterios que ellos mismos alegan que están debidamente constituidos y que no quieren ser regulados”, indicó Corvalán a la 730 AM.

El mismo sostuvo que, históricamente, quienes pagan cánones y habilitaciones en el municipio y están al día con sus responsabilidades son los taxistas, por ello, pidió que no se los siga “satanizando” como hasta ahora. Inclusive, recordó que durante 21 años trabajó como taxista en la ciudad antes de dedicarse a la política.

Entre otras cosas, cuestionó que ninguno de los choferes de MUV y Uber que trabaja en la ciudad pague sus respectivas habilitaciones en esa comuna. Según mencionó, dos de los vehículos que fueron remitidos ayer al corralón tienen patentes de Santa Fe del Paraná y Capiatá.

“No estoy de acuerdo con la violencia ni tampoco voy a justificar, pero cuando no existen reglas claras ni tampoco las instituciones funcionan la única forma de poder pelear por el pedazo de pan es de esta forma”, expresó.

Corvalán adelantó que se estaría planteando un proyecto de ordenanza para regular la operatividad de estas plataformas de intermediación digital en Ciudad del Este.

Se estima que tan solo en Ciudad del Este operan más de dos mil taxistas, que en tiempos electorales (como en los que se está ingresando ahora) son considerados claves. Y que ello es factor determinante para que en la guerra de taxistas, por un lado, Uber y Muv por el otro, el oficialismo municipal se vuelque a favor de los “tacheros”.