Días atrás se realizó la entrega de productos por parte de representantes de la firma COMFAR S.A.E.C.A al PROINCUMEC, dependiente de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) del Ministerio de Salud.

Se trata de un total de 50 frascos de solución oral de 30ml. con jeringa dosificadora, de la marca PRODOM, de aceite de cannabis.

Esta cooperación será destinada a 103 pacientes registrados en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados, quienes acceden de manera periódica y gratuita a la medicación.

Un detalle importante para resaltar es que, de estos 103 usuarios, 100 padecen de epilepsia refractaria y 3 de esclerosis múltiple.

Esta cooperación entre el sector público y privado se da en el marco del Decreto 9303/18, que estipula la donación de hasta el 2% del producto final por parte de laboratorios que se encuentran autorizados para la producción e industrialización de los productos.

El informe concluye que el desenlace del caso no fue producto de un solo error, sino de una serie de fallas en distintos niveles del sistema de salud, desde la clasificación inicial del paciente hasta la disponibilidad de equipos e insumos.

Según explicó el superintendente Roberto Melgarejo, Vázquez ingresó el 26 de enero a las 11:39 al servicio de urgencias del IPS Ingavi con dolor torácico intenso, un síntoma considerado de alto riesgo cardiovascular.

Sin embargo, fue clasificado en triage con “código verde”, lo que indica un caso no urgente. “Esa fue la primera falencia, porque se trataba de un cuadro compatible con síndrome coronario agudo”, señaló.

Debido a esa clasificación errónea, el paciente no fue sometido de inmediato a un electrocardiograma, estudio que recién se realizó dos horas y 21 minutos después, cuando el estándar internacional establece un máximo de 10 minutos.

La demora se produjo además porque los tres equipos de electrocardiograma del área de urgencias no funcionaban, por lo que el paciente debió ser trasladado a otro sector con un equipo tercerizado.

Tras confirmarse el infarto, el paciente recibió un tratamiento de trombólisis a las 15:00, es decir 3 horas y 21 minutos después de su ingreso, cuando las guías médicas recomiendan que el tiempo “puerta-aguja” no supere los 30 minutos.

El medicamento no logró revertir el cuadro, lo que obligaba a realizar con urgencia un cateterismo coronario. Vázquez fue trasladado al Hospital Central del IPS e ingresó al área de urgencias a las 22:00 del mismo día.

Un cardiólogo recomendó su ingreso inmediato a la unidad coronaria, debido al riesgo de arritmias, pero la auditoría constató que el paciente fue derivado a clínica médica, sin registro de internación en una unidad de cuidados críticos.

El procedimiento tampoco pudo realizarse esa noche porque los médicos de guardia del servicio de hemodinamia no respondieron los mensajes enviados por el personal de internación. Es decir, no estaban en su lugar de trabajo.

Al día siguiente, el 27 de enero, se volvió a indicar el cateterismo, pero la intervención fue suspendida debido a falta de insumos en el hospital, por lo que los familiares debieron comprarlos. Los familiares habían contado que tuvieron que desembolsar G. 11 millones para esta compra.

Una vez entregados los materiales a las 12:30, el paciente ingresó al quirófano a las 13:00, pero el procedimiento volvió a suspenderse debido a una falla en el angiógrafo.

Finalmente, el cateterismo pudo realizarse recién a las 19:00 del 28 de enero, más de 48 horas después de su indicación urgente.

El informe también revela graves problemas en la gestión del equipamiento. El servicio funcionaba con un solo angiógrafo operativo, ya que el segundo equipo estaba fuera de servicio desde diciembre de 2025.

Además, el contrato de mantenimiento de los equipos había vencido el 18 de diciembre de 2025, sin que se gestionara su renovación a tiempo.

Las fallas técnicas también estaban asociadas a fluctuaciones eléctricas y deficiencias en el sistema de climatización, lo que generaba reinicios constantes y problemas en la calidad de imagen del equipo.

Respecto a los médicos, Melgarejo agregó que durante una visita sorpresa realizada por los auditores también se detectó la ausencia del personal médico en su guardia. “Cuando hicimos una visita relámpago, los médicos no estaban. Aparecieron 22 minutos después diciendo que estaban cenando”, relató a radio Ñanduti.

La auditoría concluye que la muerte de Vázquez se produjo por “una tormenta perfecta de fallas”: errores en el triage y demoras clínicas, problemas de coordinación entre servicios, fallas en equipos críticos, contratos de mantenimiento vencidos, procesos administrativos demorados y desabastecimiento de insumos.

El informe aclara que el análisis tiene carácter técnico-institucional y no constituye un peritaje judicial ni determina responsabilidades penales o disciplinarias individuales. Sin embargo, identifica graves debilidades estructurales en el sistema de atención del hospital, por lo que realiza una serie de recomendaciones, entre ellas que se haga un sumario para determinar las responsabilidades de todos los involucrados.

El proyecto que modifica la ley de Hambre Cero fue aprobado con modificaciones en la Cámara Alta, donde decidieron excluir de la gestión de este programa a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná, dejando todo en manos del Ministerio de Desarrollo Social, que actualmente tiene su cargo Asunción, Central y Presidente Hayes.

Consultado al respecto durante un acto de Gobierno, el mandatario Santiago Peña dijo que, desde un principio advirtió que el programa es demasiado grande y ambicioso, por lo tanto, el control es fundamental.

“Desde el Ejecutivo, desde el 2024 implementamos de manera rigurosa, aplicamos las primeras sanciones por algunos incumplimientos, multas, entonces, eso envió la señal correcta (...) estamos muy entusiasmados con el impacto, pero tenemos que cuidar entre todos”, opinó Peña.

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No obstante destacó que el programa de alimentación escolar no hubiera podido ponerse en marcha sin el apoyo de los gobiernos departamentales y locales.

La propuesta de exclusión la presentó sobre tablas ayer el senador Silvio Ovelar, afectando solamente a Concepción. Esto, tras la fiesta de 15 años de la hija de la gobernadora Liz Meza y los cuestionamientos y dudas respecto a la procedencia del dinero. En este momento la Contraloría realiza una verificación patrimonial.

Posteriormente, la senadora Lizarella Valiente mocionò para que el proyecto también agregue a la gobernación de Alto Paraná, algo que finalmente prosperó.El documento pasa ahora a la Càmara de Diputados.

En entrevista con el canal GEN, el titular de la DINAC señaló que el aeropuerto viene registrando un fuerte incremento en el movimiento de pasajeros, lo que también genera nuevos desafíos operativos.

“Estamos teniendo un crecimiento sostenido de casi 17% a 18% más que el año pasado, que ya había sido un buen año porque recuperamos los niveles previos”, explicó Mendoza.

El presidente de la DINAC indicó que este aumento en el flujo de viajeros obliga a modernizar la infraestructura y ampliar la capacidad del aeropuerto para evitar inconvenientes en los procesos de embarque, estacionamiento y circulación de pasajeros.

“Cuando la gente llega al aeropuerto quiere que todo sea rápido. Si encuentra obstáculos en el estacionamiento o en la sala de embarque, genera nerviosismo”, afirmó.

En ese sentido, mencionó que actualmente se ejecutan obras para ampliar la explanada de acceso al aeropuerto con 13.000 metros cuadrados adicionales, además de la construcción de un techo de aproximadamente 700 metros cuadrados para proteger a los pasajeros y acompañantes del sol o la lluvia.

Según Mendoza, esta zona permanecía sin cobertura desde hace décadas. “Uno salía al desembarque y estaba totalmente a la intemperie. Así fue siempre, por más de 40 años”, sostuvo.

Respecto a las largas filas registradas para pagar el estacionamiento, Mendoza explicó que el problema se originó cuando una fibra del sistema informático fue dañada durante los trabajos de ampliación. Esto provocó que solo una caja quedara operativa para procesar los pagos, lo que generó una aglomeración de personas en horas de alto movimiento de vuelos.

“En ese momento coincidieron varios vuelos y el principal que llega de Europa, que trae alrededor de 310 pasajeros”, detalló.

El titular de la DINAC recordó además que por cada pasajero suelen acudir entre cuatro y cinco personas al aeropuerto, lo que multiplica la cantidad de vehículos y visitantes en la terminal.

Según dijo, la medida correcta en ese momento hubiera sido liberar temporalmente la salida del estacionamiento hasta solucionar el inconveniente. “Cuando uno genera el problema, tiene que tomar la decisión. Lo más simple era liberar a los pasajeros unos minutos”, afirmó.

Tras lo ocurrido, la institución dio la directiva de que si vuelve a registrarse una falla similar, el estacionamiento deberá liberarse momentáneamente hasta restablecer el sistema.

Mendoza adelantó además que en los próximos meses se ejecutarán nuevas intervenciones dentro del aeropuerto.

Entre ellas se destaca la ampliación de 2.800 metros cuadrados en el área de embarque, así como la modernización de las mangas 1, 2, 3 y 4, consideradas las más antiguas de la terminal.

También anunció un proyecto de modernización del sector de carga aérea, área que representa cerca del 50% de los ingresos del aeropuerto.

“Vamos a tener un año con muchas obras. No podemos parar el aeropuerto porque tenemos una sola pista y una sola terminal, por eso las mejoras se hacen con el aeropuerto en funcionamiento”, explicó.

El titular de la DINAC reconoció que estas intervenciones pueden generar incomodidades temporales para los usuarios, pero sostuvo que se trata de “dolores de crecimiento” necesarios para modernizar la principal terminal aérea del país.