Realizan test de la orejita en el hospital de Villa Elisa
Imagen ilustrativa.
La prueba de otoemisiones acústicas debe practicarse a todo recién nacido antes del alta médica y hasta los 6 meses de edad, informó el Ministerio de Salud.
El test de otoemisiones acústicas o test de la orejita consiste en un estudio del oído que se efectúa a todos los recién nacidos y hasta los 6 meses de edad, para la detección temprana de posibles trastornos auditivos.
No causa ningún efecto adverso en el bebé.
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Este estudio es rápido, sencillo, no produce dolor y es gratuito. Se realiza de lunes a viernes, de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00, en el hospital general de Villa Elisa, por orden de llegada.
¿En qué consiste este estudio?
El estudio consiste en introducir en las orejitas del bebé un micrófono muy sensible que envía un estímulo sonoro y, a su vez, recoge las respuestas ante ese estímulo.
La detección precoz y la intervención oportuna de dificultades auditivas ayudan a mejorar el desarrollo del lenguaje, el desarrollo intelectual, aspectos conductuales y sociales del niño, por ende, la calidad de vida.
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EN DESARROLLO.
Fiscalía pide informes sobre la descomunal tragada de Abdo
Hospital Central del IPS. Foto: Archivo
El Ministerio Público solicitó informes a Petropar, Contraloría General de la República y el Instituto de Previsión Social (IPS) referente a la monumental tragada que se habría registrado en el último tramo de la administración de Mario Abdo Benítez.
El fiscal anticorrupción Jorge Arce libró oficio a Petróleos Paraguayos (Petropar) para que informe sobre la provisión de combustible al Instituto de Previsión Social (IPS) en el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2022 y primer cuatrimestre del año 2023. Asimismo, se libró oficio a Interfisa Banco solicitando todas las documentaciones relacionadas al préstamo concedido al IPS.
Es en la causa abierta por supuestas irregularidades cometidas en la distribución de combustibles en el ente previsional por millonarios montos. Arce requirió a la Contraloria General de la República los informes finales de auditorias financieras y de gestión realizadas al IPS correspondientes a los ejercicios fiscales 2016 al 2021.
Igualmente se cursó el pedido al IPS para obtener la copia autenticada de informes de auditorias de varios ejercicios financieros y se requirieron además los legajos completos de aquellos funcionarios mencionados en los informes de la CGR. Asimismo, se solicitó al IPS informe de diseños e implementación de plan de mejoras, cronogramas, etc que fueran recomendadas por la CGR tras su intervención.
En el marco de las investigaciones preliminares comparecieron ante el Ministerio Público los siguientes funcionarios de la Contraloria General: Enrique Esquivel, Francis Schatp, Leonardo Ariel Nuñez, Juan Bautista Ignacio Bettini, Aristides Ramon Rivas Barrios, Juan José Rojas Vera, Graciela Aymar Vargas, Alba de Jesús Sotelo y Eva Dionicia Gimenez.
Al Instituto de Previsión Social se requirió los documentos originales que guardan relación con las órdenes de trabajos de móviles supuestamente utilizados por consejeros en periodo de vacaciones.
Por otra parte, a Petróleos Paraguayos, el Ministerio Público requirió los comprobantes de respaldo de entrega de tarjetas magnéticas, planilla de provisión de combustibles, planilla de reporte mensual de transacciones de tarjetas FLOTA, extracto mensual de las tarjetas administrativas o tarjetas madres, copia certificada de las facturas emitidas por la empresa petrolera, etc.
A la estación de servicios adherida se solicitó el listado de playeros del surtidor, planilla de provisión de combustibles, reporte mensual de transacciones de tarjeta FLOTA, etc.
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Corrupción en pandemia: baja condena para empresario del clan Ferreira
Justo y Patricia Ferreira enfrentan un juicio por el caso Imedic. Foto: archivo.
El empresario Justo Ferreira fue encontrado culpable por contrabando en el caso Insumos Médicos (Imedic) y recibió una leve condena de solo tres años de cárcel. Este fue el más escandaloso caso de corrupción en pandemia durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez.
El periodista Aldo Ynsfrán, de Nación Media, informó que el tribunal de sentencia, integrado por Elsa Garcia, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, condenó a tres años de cárcel a Justo Ferreira, encontrado culpable por contrabando en el caso Imedic S.A.
Mientras que su hija Patricia Ferreria, el despachante aduanero Carlos Gamarra, Guillermo Molinas y Gustavo Acosta fueron absueltos de culpa y pena. Los delitos absueltos son uso de documentos no auténticos, contrabando y asociación criminal.
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Los fiscales anticorrupción Jorge Arce y Osmar Legal habían pedido una pena de 6 años de cárcel para Justo y Patricia Ferreira, por el ingreso al país de 50 camas hospitalarias de alta gama sin autorización durante la pandemia del Covid-19.
La Fiscalía sostuvo que el 18 de abril de 2020 ingresaron al país no solo las 400 camas solicitadas, sino 450 y el excedente eran camas eléctricas de alta gama, que no estaban previstas en los papeles, pero aún así ingresaron a territorio paraguayo.
LA DENUNCIA
El Congreso de Paraguay promulgó en abril de este año la ley N° 6524/2020 que declaró Estado de Emergencia en todo el territorio ante la pandemia por el Covid-19. Con esta normativa se autorizó la contratación de un préstamo internacional por valor de US$ 1.600 millones para fortalecer el sistema de salud y los programas sociales necesarios para asistir a la población.
A un mes del inicio de la cuarentena y mientras miles de familias paraguayas fueron obligados a permanecer encerradas en sus casas, el Ministerio de Salud procedió a adjudicar los primeros contratos para la compra de insumos de emergencia con el objetivo de combatir el avance del Covid-19 en nuestro país. Se gastaron 13,5 millones de dólares en una sola contratación y se benefició a empresas de dudosos antecedentes.
La investigación del caso arrancó el martes 14 de abril en el programa La Caja Negra. El trabajo consistió en observar y contrastar los datos abiertos publicados en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas. Los primeras pistas del caso revelaban que la millonaria contratación se había hecho vía excepción alegando “urgencia impostergable”, es decir no hubo concurso de precio y el proceso arrancó plagado de irregularidades.
Las empresas beneficiadas por el ministerio de Salud fueron: Insumos Médicos SA (Imedic) cuya representante es Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, por un monto total de G. 47.952.500.000 y Eurotec SA, cuyo representante legal según los datos de del portal de Contrataciones Públicas es Marcelo Rubén Ferreira Pascottini, favorecida con un contrato de G. 37.268.000.000. La compra directa vía excepción benefició así a empresas pertenecientes a un mismo clan familiar.
Las empresas del clan Ferreira beneficiadas con los contratos se comprometieron a proveer al Ministerio de Salud 40 mil protectores faciales, 30 mil protectores oculares, 6 millones de máscaras quirúrgicas, 80 mil trajes de protección para riesgos biológicos, 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos y 50 camas manuales para pacientes con Covid-19.
Las empresas beneficiadas con los contratos finalmente no cumplieron con lo pactado, la carga de insumos llegó incompleta y no correspondían a lo pactado en el contrato. El ministerio de salud tuvo que rescindir los contratos y solicitar la devolución del anticipo pagado.
La compra fallida y el intento de negociado tuvo terribles consecuencias para el sistema de salud, dejando desprotegidos por meses al personal de blanco y administrativo de los hospitales, así como a los pacientes que concurrían a ellos.
La investigación demostró la colusión (empresas vinculadas a un mismo clan familiar), el pago irregular de un anticipo de 17 mil millones a favor de ambas firmas, la falta de transparencia en el proceso de contratación y la tentativa de estafa contra el Estado paraguayo.
