Los camaristas rechazaron los incidentes planteados por Diego Di Stefano y María de Barro Barreto, que imposibilitaron a la jueza Rosarito Montanía llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas.

Con esta resolución el expediente será devuelto al juzgado para que se les señale la nueva fecha para la diligencia a José Ramón Bogado, María de Barro Barreto y Diego Di Stefano, quienes están imputados por tráfico de influencias.

La fiscala Liliana Alcaraz el pasado 2 de junio imputó a estas tres personas luego de señalar que el Ministerio Público tras las diligencias que llevo a cabo comprobó que ellos se pusieron de acuerdo para solicitar la suma de US$ 2 millones a los abogados Rodrigo Galeano y Leticia Bóveda, representantes de la defensa del señor Darío Messer. El dinero fue solicitado para obtener respuestas favorables en el Poder Judicial y en el Ministerio del Interior para garantías del prófugo respecto a la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran realizar estos profesionales en representación de Messer “y tal suma de dinero solicitada sería destinada concretamente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio del Interior ante quienes invocaban tener influencias”, indica parte la imputación.

Asimismo, mencionan que el pedido de dinero fue materializado a través de reuniones personales que se realizaron entre el 23 de abril del 2019 y el 4 de mayo del mismo año, periodo en el cual también hubo comunicación telefónica y por WhatsApp entre Lorena de Barrios y la abogada Leticia Bóveda, en donde la primera de ellas era quien insistía en que se llevara adelante tales reuniones, reza parte de la imputación fiscal.

La intervención estatal se activó tras la difusión de un video en redes sociales que alertó sobre la crítica situación en el barrio. Las imágenes mostraban a niños y adolescentes, principalmente varones de entre 10 y 15 años, portando y manipulando armas de fuego, presuntamente implicados en la comercialización de drogas.

Ante esta situación, el caso fue derivado de urgencia a la Fiscalía Ordinaria Penal para evaluar la responsabilidad de los padres por exposición al peligro, así como a la Fiscalía del Crimen Organizado y Tráfico.

Durante los procedimientos, las autoridades localizaron a seis niños cuyos padres también se dedicaban de forma directa a la venta de sustancias ilícitas.

Lourdes Fernández, directora de Protección del MINNA, advirtió que la utilización de menores en estas redes es una práctica común que los expone de manera directa al consumo de estupefacientes. La funcionaria señaló que, aunque el operativo resultó invasivo y generó temor en la comunidad, el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitirá visibilizar los mecanismos de reclutamiento de estos niños.

Durante las revisiones en las viviendas, los agentes capturaron a varios padres en flagrancia mientras comercializaban drogas y se incautaron de diversos elementos cortopunzantes.

Respecto al destino de los niños cuyos padres resultaron detenidos, las autoridades informaron que se está evaluando el entorno de sus familias ampliadas. En paralelo, un defensor de la Niñez dispuso medidas de protección urgentes para que los menores sean trasladados y resguardados en los centros especializados con los que cuenta el MINNA

El fiscal Aldo Cantero informó que Bustos incumplió una orden emitida por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, en el contexto de un complejo litigio transfronterizo que busca el retorno de su hija menor a su país de origen.

E litigio tiene su punto de partida en Chile, donde se inició el reclamo de restitución debido a que la niña permaneció en territorio paraguayo más tiempo de lo establecido en una autorización vacacional que venció en enero pasado.

El fiscal aclaró que el cumplimiento de las medidas vigentes corresponden por jurisdicción a los magistrados locales, razón por la cual el desvío del procedimiento legal por parte de Bustos activó de inmediato la intervención de la justicia ordinaria en el ámbito penal.

En cuanto a Patricia Nieto, abuela de la menor, continuará sujeta al desarrollo de las indagaciones en calidad de investigada. Tras comparecer ante las autoridades, se dispuso que la mujer establezca su residencia temporal en la sede de la Embajada de Chile en Paraguay.

La niña de 2 años de edad, fue localizada este viernes en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, Argentina, luego de que se activaran los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda.

El Ministerio Público confirmó que la menor fue encontrada a salvo, mediante un procedimiento coordinado entre la Fiscalía interviniente, los mecanismos de cooperación internacional y las autoridades policiales y judiciales argentinas.

El agente fiscal Aldo Cantero informó sobre la localización de la niña y señaló que actualmente se encuentran en marcha las gestiones correspondientes para garantizar su resguardo y su retorno seguro al territorio nacional.

El caso había generado una intensa búsqueda luego de que la madre denunciara que Magnolia no fue restituida tras permanecer bajo el cuidado de su padre, quien estaba en la mira de los investigadores.

Durante la investigación, las autoridades analizaron registros de cámaras de seguridad y realizaron controles para determinar el recorrido de la niña y de las personas que la acompañaban.

La Fiscalía activó mecanismos de cooperación internacional ante la posibilidad de que la menor haya sido trasladada fuera del país, lo que finalmente permitió ubicarla en territorio argentino.

Ahora, las autoridades paraguayas y argentinas deberán avanzar con los procedimientos legales y administrativos para concretar el regreso de la niña y definir las actuaciones correspondientes dentro de la investigación.