Rechazan liberar a preso por masacre de Curuguaty
La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy el hábeas corpus presentado por Rubén Villalba, en huelga de hambre y único encarcelado de los trece campesinos acusados por la matanza que en 2012 causó el cese del entonces presidente Fernando Lugo.
El activista campesino, que atraviesa su octavo día de huelga de hambre, presentó el 18 de septiembre un recurso de hábeas corpus ante la Corte Suprema pidiendo su liberación, tras cumplir casi un año y ocho meses en prisión preventiva, superando la pena mínima, dijo su abogado Gustavo Noguera.
“Lo rechazaron en base a argumentos traídos de los pelos. Dicen que no pueden convertirse en tercera instancia para revertir resoluciones de instituciones inferiores cuando la figura del hábeas corpus es justo para eso”, explicó Noguera.
Según el abogado, el tribunal dividió su voto en dos a favor del rechazo y uno en contra. “Los presentamos (el hábeas) para corregir la prisión ilegal de Villaba que ya debería estar fuera”, añadió.
En abril, después de finalizar una huelga de hambre de 58 días, un tribunal ordenó la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario para Villalba y otras cuatro personas acusadas de la masacre, en la que murieron seis policías y once campesinos en las cercanías de la localidad de Curuguaty (norte).
Sin embargo, el mismo día Villalba reingresó en la prisión de Tacumbú, debido a que el Juzgado de Garantías revocó la excarcelación al tener pendiente una acusación por delito de coacción ocurrido en 2008, durante una protesta campesina contra la fumigación supuestamente ilegal de un campo de soja.
El abogado explicó que ahora estudian presentar un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema “por seguir manteniendo la prisión preventiva violando la Constitución Nacional”.
“La otra opción que analizamos es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ya no encontramos ninguna garantía dentro del poder judicial”, manifestó.
Su abogado dijo que Villaba debería estar en arresto domiciliario debido a que el código penal paraguayo establece que la prisión preventiva no debe superar al equivalente a la pena mínima de la acusación, que en ese caso es de seis meses.
MATANZA
La matanza de Curuguaty ocurrió en un enfrentamiento cuando la Policía desalojó a campesinos que habían ocupado una finca que querían que formara parte de la reforma agraria.
Los sucesos llevaron a la destitución una semana después del exobispo Fernando Lugo, tras un controvertido juicio político, y al nombramiento como presidente de Federico Franco.
La destitución de Lugo fue calificada de “golpe de estado parlamentario” por los Gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay.
Los trece campesinos imputados enfrentan cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. Diez de ellos también afrontan el cargo de intento de homicidio de los policías, mientras que no hay nadie imputado por la muerte de los once labriegos. El juicio contra ellos está marcado para el 17 de noviembre.
Leé también
Detienen a boliviano que, con identidad argentina falsa, intentó viajar a Europa
El hombre, de nacionalidad boliviana, fue puesto a disposición de las autoridades. Foto: Gentileza
La Dirección Nacional de Migraciones detuvo a un pasajero “impostor” que intentó abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi utilizando documentación argentina perteneciente a otra persona.
Jorge Vedia Choque, ciudadano boliviano de 29 años, fue aprehendido cuando llegó al área de embarque con un pasaporte y DNI argentino a nombre de otra persona.
Te puede interesar: Imputan a brasileño que tuvo en cautiverio a dos estudiantes de Medicina en CDE
La funcionaria detectó cierta irregularidad con el hombre que pretendía viajar a Italia, y activaron el protocolo de verificación de identidad a través del cual se descubrió su verdadero nombre.
La documentación original del impostor fue hallada posteriormente en una de sus maletas, con el apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
El hecho fue comunicado de forma inmediata al Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional, para la investigación correspondiente.
El hombre fue puesto a disposición de las autoridades.
Sesión extra para penalizar el criadazgo
El Senado se reunirá en sesión extraordinaria hoy.
La Cámara de Senadores tendrá una sesión extraordinaria este martes, a fin de tratar el proyecto de ley sobre el criadazgo, que incluye la penalización del hecho. La discusión se enfrasca en la cantidad de años que aplicarán.
El proyecto de Ley “Que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo”, presentado por las diputadas Dalia Estigarribia y Johanna Ortega, es el único punto en el orden del día de la Cámara de Senadores.
La sesión extraordinaria está convocada para las 10:00 de la mañana y la sanción automática del proyecto tiene fecha de hoy 20 de mayo.
Con el texto original, la normativa prohíbe expresamente el criadazgo, pero no lo sanciona. “Ningún niño, niña o adolescente será ocupado en esta actividad. No se considerarán excepciones a esta prohibición y la violación de ésta generará responsabilidades administrativas, laborales, civiles y penales para quienes la infrinjan”, indica el proyecto que, en el Senado, podría tener una ampliación.
Lea también:Paraguay registra 500 casos de niños víctimas de trata en los últimos dos años
Sin embargo, la pretensión en el Senado es ampliar el proyecto para tipificar al criadazgo como un delito y, sobre rodo, establecer penas carcelarias.
El artículo agregado, con el subtítulo de penalización del criadazgo, sería el siguiente: El que, sin ser titular de la patria potestad explotare en el trabajo infantil a un niño o adolescente privándolo del derecho a vivir en el domicilio de su familia biológica, será castigado con una pena de cinco a 10 años pena privativa de libertad.
La comisión de este delito dará lugar a la aplicación de la pena adicional de la composición establecida en el artículo 59 del Código Penal. No incluirá la demanda por los daños y perjuicios que la conducta del autor haya ocasionado a la víctima.
Es noticia: Condenan a 4 años de cárcel a odontóloga que recetó dosis fatal
Ciberataque: el informe final de lo ocurrido y la denuncia penal presentada
Los hackers accedieron a 18 instituciones.
El Mitic emitió el resultado de la investigación del ciberataque. En total fueron 18 instituciones públicas afectadas, dos de ellas con acceso a datos de identificación personal. Se presentó una denuncia penal ante Delitos Informáticos.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación reportó que se logró restablecer el funcionamiento de todas las páginas web del Estado.
Se identificaron 18 ataques, de los cuales, 13 consistieron en la alteración de la apariencia de sitios web, defacement, dos casos de extracción de información de identificación personal, no así del tipo bancaria, y tres de accesos no autorizados.
INSTITUCIONES ATACADAS
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que corresponden a los dos casos de extracción de información.
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Justicia (MJ), la Contraloría General de la República (CGR) a través de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), la Presidencia de la República (Gabinete Civil), el Gabinete Militar, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Dirección General de Migraciones (Repatriados), la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la Honorable Cámara de Diputados (HCD), la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), específicamente la Dirección de Meteorología, la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), la Municipalidad de Pilar, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).
Lea también: Alerta de tormentas para varios puntos del país
DENUNCIA PENAL
El Ejecutivo, a través del Mitic, presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Informáticos.
La denuncia es por: ataques cibernéticos contra instituciones del estado, accesos no autorizados a servidores, interrupciones en servicios públicos digitales, sustracción y difusión de datos sensibles, y actividades maliciosas originadas desde el extranjero, esto podría constituir delitos tipificados en el Código Penal Paraguayo vinculados al cibercrimen.
“El grupo que se está adjudicando es Cyberteam, son de Portugal y de Brasil, alegan ellos, no tenemos esa confirmación, pero son activistas hackers, tenemos identificados sus seudónimos y las personas que estuvieron trabajando detrás de esto”, confirmó el titular del Mitic, Gustavo Villate ayer, durante una entrevista.
Es noticia: Condenan a 4 años de cárcel a odontóloga que recetó dosis fatal
