El Senado trata este jueves un proyecto paralelo de control de lavado de dinero a tabacaleras y clubes deportivos, a raíz del rechazo al proyecto similar que se dio ayer en la Cámara de Diputados.

Durante el debate, el senador cartista Sergio Godoy argumentó que la no inclusión de las tabacaleras y clubes deportivos en el control de Seprelad fue pedido de la propia Secretaría de Estado.

“Esto no fue algo antojadizo o de oferta y demanda, la opinión en diputados está respaldada por la propia Seprelad, que envió un dictamen de siete hojas que decía: no confundan el sujeto que debe dar información con aquel que tenemos que obtener su información a través de otros medios (bancos, financieras). Sería de cumplimiento inviable la inclusión de la propuesta”, recordó.

El legislador además sostuvo que dicha institución del Estado no está manejada por el movimiento Honor Colorado.

En otro momento, Godoy cuestionó que pese a sus discursos rimbombantes, los políticos de la oposición aprobaron cuestionados proyectos del Poder Ejecutivo para endeudar al país con obras innecesarias y para la creación de cargos.

La Cámara de Diputados rechazó ayer el proyecto que pretendía incluir a las tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Cabe recordar que la propia Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) había señalado que se incurriría en una superposición legal en caso de que llegara a aprobarse la modificación de la ley vigente.

Para este órgano de control, hoy día ya existen varias normativas que regulan el trabajo de ese tipo de entidades privadas, por lo que realizar un nuevo ajuste no tendría razón de ser en la práctica.

En el contexto de sujetos obligados, la mayoría de las organizaciones deportivas están en la parte de organizaciones sin fines de lucro, mientras que las actividades comerciales, como las empresas tabacaleras, están abarcadas por obligaciones que están comprendidas dentro del sistema tributario, explicó en su momento la viceministra de Seprelad, Carmen Pereira.

Cerca de las 03:00 hs del miércoles se registró un hecho de asalto en el barrio San José de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Resultó víctima de este suceso Bárbara Valeria Quiñonez Alfonso, de 25 años, quien había solicitado un viaje a través de la plataforma Bolt.

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De acuerdo al informe de CDE Hot, la joven pidió el servicio y minutos después llegó junto a ella un vehículo de la marca Toyota modelo Vitz de color negro.

Al abordar el rodado, la víctima se percató que en su interior estaban el conductor y un acompañante. Segundos después, apareció sorpresivamente otro tercer sujeto desde la valijera.

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Fue esta persona quien amenazó a Quiñonez con un arma blanca para exigirle la entrega de su aparato celular y el dinero que traía consigo, que asciende a la suma de G. 400.000.

Tras el hecho, los autores del asalto bajaron a la joven del vehículo y se dieron raudamente a la fuga. La posterior denuncia fue radicada ante la Comisaría 7ma de CDE.

El Ejecutivo tomó juramento a los nuevos embajadores ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Juan Ernesto Snead y ante los Emiratos Árabes Unidos, Carolin Konther López.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, estuvieron presente también el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano y otras autoridades nacionales e invitados especiales.

Tras el acto, Peña indicó a través de su cuenta de X, que encomendó a los nuevos embajadores a trabajar en el fortalecimiento del eje inserción de Paraguay en el mundo desde sus respectivas embajadas.

En la tarde del miércoles se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la avenida Van Aaken de Presidente Franco, detrás del Centro de Salud local.

Dicho procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Julio Paredes, en representación de la Fiscalía, y contó con acompañamiento de funcionarios de la ANDE.

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La intervención se desarrolló en el marco de una causa penal por el hecho punible de sustracción de energía eléctrica ligada a la minería de criptomonedas.

En el domicilio allanado incautaron 34 máquinas mineradoras instaladas y otras 29 que no estaban en funcionamiento, menciona el informe de Radio Concierto.

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Cabe mencionar que el dueño del inmueble no se apersonó en el lugar, pero sí su representante legal, el abogado Óscar Solaeche.

La ANDE, con apoyo del Ministerio Público, prosigue con su intensa campaña en contra de las conexiones clandestinas y robo de energía para criptominería, con permanentes intervenciones en distintos puntos del país.