El siniestro comenzó alrededor de las 22:00 de ayer domingo y alcanzó a dos casillas y a dos depósitos del Mercado 4, según confirmaron los intervinientes a la 730 AM.

Lugareños llamaron a los bomberos, quienes llegaron de inmediato y luego de una rápida intervención consiguieron apagar las llamas a eso de las 23:00.

El incendio se dio a la altura de General Aquino y Eusebio Ayala, donde giran los colectivos. Afortunadamente solo se reportaron pérdidas materiales.

Se presume que la causa del incendio fue nuevamente un cortocircuito, debido a las precarias conexiones eléctricas que se instalan en el lugar.

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De un lote de 103 medicamen­tos subastados, 47 registran precios sobrefacturados con relación a la última compra que realizó la previsional un año antes.

El mecanismo para llevar a cabo este golpe fue mani­pular el precio unitario esti­mado, sobre la base de 3 pre­cios de medicamentos de venta al público y precios de 3 principales oferentes de medicamentos, pero conve­nientemente no considera­ron la referencia más impor­tante y relevante que son los precios de las últimas com­pras del IPS.

Los responsables de la elabo­ración de los precios de refe­rencia de compra en el IPS son la UOC (Unidad Opera­tiva de Contrataciones) y la Gerencia de Salud, para luego debe ser aprobado por el Consejo Administrativo de la pre­visional.

Cabe remarcar que el precio referencial de compra es ela­borado a partir de consultas de precios tanto del portal de la DNCP, potenciales oferen­tes, precio de venta al público y catálogos farmacéuticos, etc. La base del principio de eficiencia económica es tener en cuenta en cuenta el último valor adjudicado, esto para regular la escalada inflacio­naria.

Por su parte la DNCP ejerce su prerrogativa de control sobre los precios que exceden el 20% del precio por encima del referencial y el 30% por debajo, pero al ser manipu­lado el precio unitario estimado, los lances adjudicados no exceden los parámetros permitidos por la DNCP, así se encubre el robo bajo un manto de “legalidad”.

El IPS defendió su postura de que actuaron conforme a la Ley 2051/03 “De Contra­taciones Públicas” presen­tando su planilla de datos para establecer los precios referenciales, delatándose ellos mismos ya que en dicha planilla figuran las columnas donde deben ir los precios de las últimas compras públicas pero están vacías, dejando en evidencia que no los conside­raron para establecer el pre­cio referencial para la adqui­sición.

El IPS, según la normativa de la DNCP, fijará el precio de referencia, atendiendo al “principio de economía y efi­ciencia”. Contrariamente a lo actuado por el IPS, que uti­lizó conscientemente los pre­cios más caros desfalcándose. Esto, beneficia directamente a los proveedores.

POR JORGE TORRES ROMERO

De acuerdo a la denuncia efec­tuada en su momento por la firma Bullers SA, el pliego de bases y condiciones de la licitación convocada por el Mitic contenía requerimien­tos que no resultan, desde nin­gún punto de vista, técnica­mente indispensables, y que, en contrapartida, limitaban la libre concurrencia al cons­tituir las mismas trabas a la igualdad ya mentada, puesto que, eventualmente favorece­ría a una marca que “coinci­dentemente” era la única que podría cumplir con los reque­rimientos establecidos, ello en detrimento a otras firmas que, de igual modo, pueden garan­tizar calidad en la prestación del servicio e inclusive precios más convenientes.

En definitiva, la supuesta “dependencia tecnológica”, en realidad no existe y por otros motivos técnicos y eco­nómicos el Mitic intentó jus­tificar la millonaria compra, alegando incluso la necesidad de contar “en la brevedad posi­ble” con dichos equipamien­tos tecnológicos.

Todo esto hace suponer en realidad que el llamado a lici­tación pública bajo la moda­lidad subasta a la baja elec­trónica fue toda una farsa. Puesto que desde un prin­cipio se hubieran ahorrado todos los contratiempos que suponen una convocatoria si se efectuaba una compra directa arguyendo la “depen­dencia tecnológica”, teniendo en cuenta que se exigía la pro­visión de bienes específica­mente de la marca Huawei.

REQUERIMIENTOS A MEDIDA

En efecto, en las Especifica­ciones Técnicas del llamado, textualmente se menciona que “Copaco actualmente cuenta con una red óptica nacional DWDM que une los puntos de Asunción – Cnel. Oviedo – Ciudad del Este y Encarnación, de igual manera, posee un enlace de Asunción a Mayor Infante Rivarola. Para todos los equipos son de marca Hua­wei, modelo O5N6800. Se requiere ampliación, actua­lización de los sitios actua­les de tal manera a soportar una capa eléctrica que pro­vea múltiples accesos cross-conectados y transportados por la capa óptica ya desple­gada, de tal manera a redu­cir el impacto en servicios y en la inversión de manera efi­ciente”.

Sin embargo, según expli­caron los denunciantes, la completa compatibilidad, la calidad y el rendimiento se pueden alcanzar con cual­quier otra marca, siempre y cuando se establezcan crite­rios adecuados de integración, lo cual no debería ser exclusi­vidad de una sola marca.

En cuanto a la capacitación del personal y que los mis­mos conozcan todos los por­menores del funcionamiento de los equipos actuales, es algo lógico, pero “de ninguna manera representa una ven­taja ni se puede garantizar que implique una disminu­ción de costos operativos con respecto a otras tecnologías”, insistieron.

En este caso, se requiere actualización de los equipos existentes, la cual responde a nuevas funcionalidades y nuevos equipos. “Es inconce­bible la manifestación de que el personal está previamente capacitado, pues no existe nin­guna certeza de que la actuali­zación de los equipos permita a los funcionarios operar los equipos en las mismas con­diciones como se encuentran actualmente”, agregaron.

En definitiva, la justificación del Mitic para la compra carece de argumentos técnicos y por tan solo dos ítems que repre­sentan menos del 2% del pro­yecto, se terminó por adjudi­car el 100% a una sola marca, en este caso Huawei.

YA DESEMBOLSARON US$ 2,4 MILLONES

El primer desembolso de US$ 2,4 millones, según las documentaciones del llamado se concretó final­mente el pasado 16 de enero del 2019. La licitación fue adjudicada el pasado 18 de diciembre del 2018, según Resolución Mitic N° 069 a la empresa Celexx SA, por un monto total de G. 71.820 millones, unos US$ 12 millo­nes. La otra oferente, SSD SRL, había ofertado el sumi­nistro por G. 71.840 millo­nes. La adjudicación se dio a conocer el mismo día en que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) comunicó la finali­zación del proceso de inves­tigación y el desistimiento de la protesta promovida por la firma Bullers SA.