Lamentablemente en las últimas semanas se han observado hechos significativos de violencia en escuelas y colegios de los EEUU, atribuidos en un principio al uso indiscriminado de videojuegos en línea. Pero según la Dra. Viviana Riego, psiquiatra de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, ese tipo de reacciones nada tienen que ver con el uso de videojuegos, sino más bien, por los antecedentes de violencia o maltrato y cómo es tratado ese niño, niña o adolescente en el seno familiar o escolar.

“Dentro de lo que es maltrato, muchas veces puede ser negligencia por parte de la familia o del colegio, situaciones de bullying o por ejemplo que no tienen las habilidades suficientes como para relacionarse; entonces no hay una causa-efecto con respecto a los videojuegos”.

Se podría decir que los juegos son un escape para ellos, “pero lo que pasó en Estados Unidos  tiene que ver con la facilidad de adquirir un arma, y que estos chicos pasan por situaciones estresantes durante la infancia, de diferentes índoles, que en la mayoría de las veces no son diagnosticadas o monitorizadas, simplemente estos niños no son protegidos y van desarrollando estos pensamientos de ira”, señaló.

Refirió que por lo que se ha observado durante la pandemia, la Organización Mundial de la Salud habla de que pueda existir cierta adicción hacia los videojuegos; pero de ninguna manera puede ser la causa de este tipo de sucesos luctuosos.  “Sí puede hacer que el chico se aísle o se junte con otros chicos que tengan las mismas características. O también si ponemos a jugar a un niño de 5 años y lo normalizamos siendo que todavía no conoce la crueldad de la violencia. Pero probablemente para que un niño ingrese a un juego tiene que haber una negligencia parental, y hay veces que hay que pensar cómo evitar que nuestros niños se formen de esa manera”, subrayó la profesional.

Sugirió que los colegios deben implementar una educación emocional, no solamente una revisión física y mental, sino una educación de manejo de emociones, de empatía, de tolerancia y aceptar las diferencias.

“Los niños o adolescentes que cometen este tipo de actos, generalmente fueron chicos que sufrieron bullying o no tenían habilidades sociales suficientes en un marco de indefensión. Entonces debemos educarnos nosotros como padres y en los colegios, ver qué niños están ante esta situación de indefensión o sufriendo bullying y por supuesto, ver quienes tienen conductas violentas previamente, pero como vemos, muchas veces estos niños no tienen conductas violentas antes de cometer estos actos”. Agregó que muchas veces manifiestan emociones a través de las redes sociales, o se lo comentan a sus amigos o en un grupo y manifiestan su frustración actuando de esa manera, como una forma de reivindicación ante ellos.

Por lo que la profesional considera que habría que trabajar en una orientación mental a niños y padres, es decir, educar sobre el manejo de las emociones y los signos de alarma, “por ejemplo si hay amenaza o violencia, si hay chicos que no saben lidiar con las frustraciones, si vemos que hay incompetencia o maltrato. También tenemos que tener tolerancia cero ante el bullying y el maltrato hacia cualquier persona, para evitar todo tipo de situaciones lamentables”.

Recomendó monitorizar todo lo que sea maltrato en la casa y dar aviso a las autoridades correspondientes, como la mejor manera de prevención. Ya en la adolescencia entran otros factores a tener en cuenta como el aislamiento que empeoró con la pandemia por Covid-19, la falta de oportunidades y de habilidades sociales, o el consumo de sustancias que cada vez va en aumento, son factores que hacen que se acrecientan los riesgos.

“Pero sí está claro que no se le puede dar a un niño pequeño un juego por ejemplo de GTA V. Evidentemente normalizar la violencia virtual o violencia que ven en la casa no contribuye, pero los videojuegos son un factor más a toda la psicopatología que estos presentan, que muchas veces puede verse a una psicopatía paterna o materna, como dije mínimamente negligente, sumado a todo el resto. Pero muchas veces estos victimarios alguna vez fueron víctimas, eso no podemos olvidar, hay casos aparentemente sin ningún motivo, pero algunas veces hacen en retrospectiva, pero generalmente tenemos estos antecedentes”, advirtió.

Reiteró en la importancia de la promoción y prevención de la salud mental tanto en el manejo de las emociones de los padres como de los hijos y acompañarlos. “Ese es nuestro rol como padres, también hacerles más compasivos con el resto para evitar este tipos de situaciones, inculcarles la tolerancia desde pequeños y por ningún motivo aceptar situaciones de bullying en los colegios, el acompañamiento de las autoridades escolares es muy importante para evitarlos”, concluyó.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.