El representante del sindicato de la ANDE, José Pineda, cuestionó la disposición del Gobierno, sobre las medidas adoptadas para el recorte de gastos en instituciones públicas, como el recorte de salarios de los funcionarios.

En ese sentido, resaltó que muchos trabajadores de la entidad, vienen soportando el despojo salarial mucho antes de la pandemia y que el recorte es sólo continuidad de una agresividad institucionalizada.

Pineda, sostiene también que la Ley de emergencia sanitaria es un cheque en blanco, un esquema de oportunismo político que siempre quisieron aprovechar y es facilitado por la situación que se atraviesa actualmente. Además, mencionó que el Estado busca atajos para la solución pero con caminos separados, tocando el bolsillo de los funcionarios.

” Y ratificamos de vuelta, vamos a salir a defender nuestros derechos porque esto es inadmisible. Plantear recortar el salario porque sí nada más no sé que favor se le está haciendo al Estado de Derecho” , manifestó el sindicalista en comunicación con la 650 AM.

El representante del sindicato de la ANDE, explicó que en la institución existen aproximadamente 500 trabajadores que ganan el sueldo mínimo y que la medida también los afectará, desmintiendo que el recorte será sólo para aquellos que gozan de un buen salario. “Es una deslealtad política”, sentenció.

Añadió que hasta la fecha no escuchó sobre alguien que planteara una reforma impositiva, por lo que hoy se convoca a una reunión para hablar sobre reestructuración del Estado. No obstante, dijo que el sector trabajador no está invitado para dicha reunión.

Aclara que no amenazarán con cortar la energía de eléctrica y que hasta ahora no tuvieron ninguna oportunidad de hablar con autoridades del Gobierno. En cuanto a las decisiones que tomaron, dijo que se enteraron por medio de la prensa

“El salario no se toca”. Invocan artículo 86 de la Constitución Nacional, sobre el derecho al trabajo. Principales sindicatos ANDE, Essap, Itaipú, Yacyreta y otros, anuncian resistencia a la medida anunciada por el Ejecutivo de recortar salarios.

La carga estaba consignada a la firma de remesas SAGA’S SA, procedente de Miami y consistía en un total de 19 bultos que sumaban 814 kilos. Mediante el perfilamiento de riesgo realizado por el equipo de Visturía y Resguardo de la DNIT, fue seleccionada una caja de 11,23 kg que aparentaba contener cremas corporales.

El paquete estaba destinado a un ciudadano identificado como Ramón Valiente, con origen en San Francisco, California, informó la DNIT.

El escaneo no intrusivo reveló la imagen de material orgánico dentro del bulto, motivo por el cual se procedió a la verificación física correspondiente. En su interior se detectaron 7,8 kilos de una sustancia vegetal sospechosa.

La intervención se realizó con apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de Lala, el can antidrogas, que reaccionó de forma positiva ante la presencia de estupefacientes.

La sustancia fue entregada bajo acta al personal de la Senad para su análisis, custodia y procedimiento judicial correspondiente.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se habrían comprado hamacas por un precio de hasta G. 1.258.000 cada uno y camisas de ao po’i a G. 1.021.000.

Asimismo, se habrían comprado pines de plata que fueron regalados a más de 50 autoridades extranjeras, cuyo valor oscilaría en G. 30.000, pero la Defensoría del Pueblo habría pagado G. 600.000.

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Estiman que el perjuicio patrimonial rondaría los G. 1.400 millones (Mil cuatrocientos millones).

La denuncia presentada por la activista social, Francisca Duré de Bernal (bajo patrocionio de la abogada Elva Rubira) fue realizada en contra del defensor del Pueblo, Rafel Ávila y los funcionarios Rebeca Miranda y Pedro Santacruz, quienes ocupan altos cargos administrativos en la institución.

Hamacas y camisas de oro: presentan denuncia contra el defensor del Pueblo.

Se solicitó la urgente imputación de los denunciados.

Cabe mencionar que, la jueza de garantías Diana Carvallo ya solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Ávila por desacato judicial.

Lo que empezó como una simple solicitud verbal acabó a los tiros en el barrio Acaray de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

El protagonista de este episodio es Alcides Ramírez Esquivel (28), quien fue víctima de un amedrentamiento, con amenaza incluida, por parte de una turba.

Según el reporte, un grupo conformado por entre seis a ocho personas participaba de una fiesta en una casa quinta ubicada a pocos metros de la vivienda del afectado.

Debido a la polución sonora y las molestias ocasionadas en el vecindario, Ramírez fue hasta el lugar para pedir a los presentes que bajen el volumen de la música, a fin de dejarlo descansar.

Dicho pedido generó el disgusto del grupo, que siguió al hombre hasta su residencia para amedrentarlo, efectuando disparos al aire con intenciones de asustarlo.

Tras el incidente, los autores huyeron a bordo de una camioneta Kia Sportage de color blanco y un automóvil Toyota Vitz de color oscuro, sin llegar a ser identificados plenamente.

La Policía Nacional ya tomó conocimiento de lo ocurrido y se encuentra investigando el hecho, a fin de dar con el paradero de estos inadaptados.