“Si van a ver afectados sus intereses por supuesto que van a operar, por eso es que la ciudadanía tiene que estar alerta. La gente tiene que presionar porque la clase política no va a ceder un centímetro a sus privilegios” aseveró. Adelantó que el tratamiento de este punto en particular va a ser difícil en la cámara baja ya que varios diputados tienen familiares trabajando en las binacionales.

“En Diputados es donde la lucha no va a ser sencilla, teniendo en cuenta de que muchos intereses y muchos parientes, hermanos, hijos, concuñados hoy trabajan en las binacionales. Si haces une con flecha vas a encontrar que muchas familias de los diputados tienen lazos en las binacionales tanto en Itaipu como en Yacyreta entonces no va a ser sencillo de que pase diputados pero hasta el peor escenario, si vuelve al senado, este se puede ratificar en su sanción inicial”, comentó González al referirse al Proyecto “Godoy” que cuenta con media sanción en Senadores y que sería estudiado en Diputados en los próximos días.

El mencionado Proyecto señala en su Artículo 8° que los Directores de las binacionales Itaipú y Yacyreta, así como Gerentes Generales, Consejeros, Superintendentes y aquellos con cualquier otra denominación, cuyos rangos se equiparen a un cargo de máxima autoridad designada por Decreto del Poder Ejecutivo, en ningún caso podrán percibir un salario, remuneración e ingreso alguno, superior al fijado para el Presidente de la República.

El mismo Proyecto sostiene que los funcionarios de las entidades mencionadas quienes, a la fecha de vigencia de la ley, perciban un salario, remuneración e ingreso de cualquier tipo, inferior al Presidente de la República y que fueran promovidos, ascendidos de nivel, categoría o cualquier otro, no podrán percibir en ningún caso un salario, remuneración e ingreso superior al de dicha autoridad pública de rango superior, el cual quedará indefectiblemente como tope salarial máximo del ente binacional.

La diputada indicó que es un momento propicio para el estudio del Proyecto Godoy, aunque no se incluyó en el orden del día de la sesión en días pasados y siguen esperando de sea incluido en la próxima semana, ya que vio que hay una voluntad política por lo menos del senado.

González criticó que no hay demasiada voluntad por parte de los directivos de los entes respecto al recorte de privilegios. “Por lo menos en la sesión bicameral del lunes pasado donde comparecieron los presidentes de la ANDE, YACYRETA e ITAIPU nosotros pudimos notar mucha resistencia principalmente por parte del director de Yacyreta, Nicanor Duarte Frutos y el de la ANDE, Luis Villordo, que no trajeron ninguna contraoferta que se acerque más a los intereses ciudadanos. No así el presidente de Itaipu, Ernst Bergen, que sí aceptó que iban a revisar, que es una directriz del propio Ejecutivo”, comentó.

La legisladora sostuvo que “si nosotros recortamos privilegios va a haber un importante ahorro para las arcas públicas y para que ese dinero se redirecciones en salud en educación, porque no podemos permitir que esto siga como hoy”.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.