La Fiscalía de Paraguay recuerda que el número de Whatsapp habilitado para reportar información es el 0972 150 800 y el correo  peccireward@DEA.gov, donde todo será manejado con absoluta confidencialidad para proteger a la fuente.

Según la investigación de la Policía colombiana, el hombre condujo la moto acuática en la que transportó el autor material de Pecci hasta la playa de Barú, donde se perpetró el crimen.

Wendret Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño fueron condenados  a más de 23 años de cárcel en una sentencia que inicialmente era de 47 años. La reducción la consiguieron al aceptar los cargos de los que los acusaron.

Por su parte, Francisco Correa Galeano es el que hasta ahora se declara inocente, pero según los investigadores, debe enfrentar juicio por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado”.

Marcelo Pecci fue asesinado el 10 de mayo pasado, cuando se encontraba de luna de miel en la playa de un hotel en la isla de Barú, cercana a Cartagena de Indias, Colombia.

A nivel local la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado lleva una investigación cooperante con Colombia,

Antes de reunirse con la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, conversó con los medios acerca de las deudas que arrastra el Gobierno con dos grandes sectores.

“Estamos trabajando en base a un plan de pago de este año y en base al flujo que esperamos de los ingresos para este año, tuvimos un incremento en marzo, en el seguimiento a la recaudación DNIT también tenemos una perspectiva positiva para abril”, comentó Lovera.

De mantenerse la perspectiva positiva, se tendrá la posibilidad de pagar montos superiores a los inicialmente acordados que eran de 40 millones de dólares mensuales provenientes del Presupuesto General.

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Una porción se cubrirá con los recursos del tesoro y otra con el método de factoraje, también denominado cesión de pagos.

Consultado acerca de la demora para la implementación de esta técnica, contestó que están trabajando con el BCP, a fin de que la herramienta sea eficiente y posibilite un escenario más favorable a la gestión de compromisos que tiene el Estado. No obstante, prometió que todo se estará resolviendo esta semana.

En cuanto al planteamiento de elevar al 2,5 % el tope del déficit fiscal, el ministro descartó esta posibilidad y señaló que el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal permitió en todo este tiempo dar credibilidad a las finanzas públicas, lo cual se traduce en resultados visibles como el grado de inversión obtenido recientemente.

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, explicó que, tras su ingreso al COMPLE, Dalia López fue ingresada a una de las celdas del área de Admisión.

La empresaria permanecerá en este lugar durante algunas días hasta concluir el proceso de admisión y definir en cuál de los módulos sería ubicada, refirió en entrevista con el canal GEN.

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“Teniendo en cuenta su situación jurídica, ya que es procesada, hay tres módulos exclusivos para procesadas, que son el 2, 4 y 6. La definición será resultado de la evaluación que se hace en el ingreso”, mencionó.

Maciel destacó que, a diferencia de las antiguas penitenciarías, el COMPLE se destaca por su formato de celdas uniformes, donde existen rigurosas restricciones. “No tiene ninguna posibilidad de hacer una conexión eléctrica”.

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Esta situación impedirá que, eventualmente, Dalia López pueda contar con electrodomésticos o algún otro elemento prohibido, como sucedió en su celda en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional.

El juez penal de Garantías Francisco Acevedo ayer ordenó el traslado de la empresaria a la cárcel de mujeres de Emboscada, luego de rechazar la solicitud planteada por su defensa para extender por 30 días más su reclusión en la dependencia policial.

El jefe del Departamento Contra el Cibercrimen de la Policía Nacional, Diosnel Alarcón, explicó en entrevista con canal GEN que los investigadores decidieron no revelar la modalidad exacta utilizada para vulnerar cuentas bancarias y billeteras electrónicas. “Esa es una información sensible. No podemos detallar cómo operaban para no comprometer el procedimiento”, señaló.

De acuerdo con los datos oficiales, el esquema tenía a un joven de 18 años identificado como Alex Junior Silva Báez como el cerebro de la operación.

Según el comisario, el mismo se encargaba de vulnerar cuentas, concentrar el dinero y coordinar las transferencias. Otros miembros cumplían funciones específicas, como la compra de criptomonedas y el movimiento de fondos a través de terceros.

El dinero sustraído fue canalizado inicialmente a ocho cuentas principales entre bancarias y billeteras digitales, desde donde se redistribuyó a unas 1.970 cuentas utilizadas para la compra de criptoactivos.

El mecanismo incluía la compra de criptomonedas incluso por encima del valor de mercado, una estrategia que permitía a la organización recuperar el dinero ya “limpio” en sus propias billeteras digitales.

“Pagaban el doble o el triple. No les importaba perder en la operación porque el dinero regresaba a ellos ya limpio”, explicó Alarcón.

Las transacciones se realizaban dentro de grupos de compra y venta en redes sociales, donde usuarios ofrecían sus cuentas bancarias para operaciones de trading, sin conocer que estaban siendo utilizadas dentro de un esquema ilícito.

Uno de los puntos clave del esquema fue la fragmentación de las transacciones. Los montos eran movidos en cifras cercanas a los G. 500.000, evitando así activar los mecanismos de alerta del sistema financiero. “Manejaban esa información. Sabían cómo operar para no levantar sospechas”, indicó el jefe policial.

La causa se inició a partir de una denuncia en Encarnación, donde una mujer alertó a la Policía Nacional sobre una propuesta sospechosa de inversión en criptomonedas. Le llamó poderosamente la atención justamente que estaban pagando mucho dinero por la compra de cripto, entonces decidió no incursionar y denunciar.

A partir de ese dato, los investigadores detectaron movimientos llamativos, incluyendo el rápido crecimiento patrimonial del presunto líder, quien ya contaba con bienes de alto valor. “Vimos que Alex Junior ya independiente vivía en un departamento, se compró una camioneta Toyota Hilux de USD 50.000. Entonces, ahí se enciende la alarma y nos dimos cuenta que ya había esa cantidad de transacciones", agregó.

En otro momento, el comisario confirmó que, hasta el momento, la estructura tendría base principalmente en el departamento de Itapúa, sin descartar nuevas conexiones.