En entrevista con las radios 650 AM y 680 AM, el presidente de Copaco-Vox, Sante Vallese, salió al paso de los cuestionamientos ante la intención de ceder el espectro de Vox a favor de una empresa norteamericana. Aseguró que al principio no salió a responder las dudas porque había hecho un acuerdo de confidencialidad bastante fuerte con dicha firma, la cual podía demandar, por lo que primero pidió el aval de la misma para poder hablar.

“No es cierto que se quiere vender el espectro de Vox. Estamos hablando con una empresa de Estados Unidos que quiere venir a instalar el sistema 4G y 5G. Se tiene que usar el espectro o sino no hay cobertura. Solamente van a gestionar la utilización del espectro para que nosotros podamos vender el servicio”, explicó inicialmente.

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La autoridad sostuvo que la propuesta era que la empresa iba a poner el dinero (500 millones de dólares) para las inversiones de mejoras y por su parte Paraguay colocaría a disposición su infraestructura. “Ellos nos darían 10 millones de dólares por la frecuencia que nosotros disponibilizamos para ellos”, agregó.

Aclaró que esta firma estadounidense no va a actuar como minorista, sino que será VOX el que venderá el servicio a sus clientes y pagará -al menos como figura aún en el preacuerdo- a esta empresa por el uso de la red utilizada. Sobre este punto, mencionó que se hará una modificación al contrato de arrendamiento, para sacar que VOX tiene que pagar para usar su propia infraestructura.

En otro momento explicó además que como será una red muy grande, esta empresa desea comercializar a otros operadores privados, ya sean los que actualmente están instalados en nuestro país o futuros que deseen venir a instalarse en el Paraguay.

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“Todavía no hay nada concreto, seguimos dialogando, nada está cerrado. Podemos decirles: ‘hasta la vista, baby’, mañana o más adelante. La empresa quiere venir a invertir porque hay mucho todavía por hacer en telecomunicaciones”, esgrimió.

Sante Vallese dijo desconocer si este plan debe contar con la aprobación del Congreso, ya que “será una empresa que vendrá a invertir en la red que nosotros vamos a utilizar”. No obstante dijo: “nosotros no tenemos problemas con que esto se debata”.

El titular de Copaco justificó que el país se va beneficiar con la cobertura y la inversión que va tener esta empresa. “Las instituciones educativas son las que se van a beneficiar con la conectividad que se va tener. El país se va beneficiar porque va tener una buena cobertura y la red va ser 5G”, reiteró.

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Sobre la confidencialidad de la negociación, indicó que nada se iba a ocultar de la opinión pública, ya que una vez que se finalizara la propuesta del acuerdo, iba a socializarse públicamente. “Nada se enajena, pero deberá usar el espectro, pero seguirá siendo de Vox”, acotó. “Les vamos a permitir que gestionen el espectro, que desplieguen su red, para que nosotros podamos vender el servicio”.

Por otro lado dijo que la empresa HOLA Paraguay (VOX) viene arrastrando deudas de épocas anteriores y se necesita un capital de inversión más grande, como una opción de ser una operadora más competitiva.

Es así que aparece este negocio en puerta. “Vino gente del Banco de Finlandia para asegurarnos que este es un proyecto altamente rentable. Para ellos Paraguay es clave por su ubicación geográfica”, subrayó.

Ayer, el expresidente de Copaco, Mario Esquivel, manifestó su preocupación por la negociación que lleva adelante Sante Vallese, titular de Copaco, con la empresa Rivada Networks Inc. para ceder por 20 años a la misma el espectro de Vox, en calidad de arrendamiento y por la suma de US$ 10 millones (a pagarse en forma fraccionada). A su parecer este negocio valdría por lo mínimo 40 millones de dólares.

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La reunión estuvo convocada y encabezada por el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, en conjunto con el rector de la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, el presbítero Rubén Darío Ojeda.

Durante el espacio, representantes de la Gobernación de Cordillera, la Policía Nacional y la Fiscalía expusieron sus primeras propuestas y planes de acción en un ambiente de cooperación y responsabilidad compartida.

Las instituciones participantes evaluaron experiencias previas e intercambiaron ideas para articular un plan integral que responda a la multitudinarias movilizaciones del próximo año.

Se acordó continuar con las mesas de trabajo interinstitucionales en dos próximas reuniones agendadas para el jueves 1 de octubre y el viernes 30 de octubre, ambas a las 9:00 horas, donde se concretarán los detalles logísticos y operativos finales.

La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.