En entrevista con las radios 650 AM y 680 AM, el presidente de Copaco-Vox, Sante Vallese, salió al paso de los cuestionamientos ante la intención de ceder el espectro de Vox a favor de una empresa norteamericana. Aseguró que al principio no salió a responder las dudas porque había hecho un acuerdo de confidencialidad bastante fuerte con dicha firma, la cual podía demandar, por lo que primero pidió el aval de la misma para poder hablar.

“No es cierto que se quiere vender el espectro de Vox. Estamos hablando con una empresa de Estados Unidos que quiere venir a instalar el sistema 4G y 5G. Se tiene que usar el espectro o sino no hay cobertura. Solamente van a gestionar la utilización del espectro para que nosotros podamos vender el servicio”, explicó inicialmente.

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La autoridad sostuvo que la propuesta era que la empresa iba a poner el dinero (500 millones de dólares) para las inversiones de mejoras y por su parte Paraguay colocaría a disposición su infraestructura. “Ellos nos darían 10 millones de dólares por la frecuencia que nosotros disponibilizamos para ellos”, agregó.

Aclaró que esta firma estadounidense no va a actuar como minorista, sino que será VOX el que venderá el servicio a sus clientes y pagará -al menos como figura aún en el preacuerdo- a esta empresa por el uso de la red utilizada. Sobre este punto, mencionó que se hará una modificación al contrato de arrendamiento, para sacar que VOX tiene que pagar para usar su propia infraestructura.

En otro momento explicó además que como será una red muy grande, esta empresa desea comercializar a otros operadores privados, ya sean los que actualmente están instalados en nuestro país o futuros que deseen venir a instalarse en el Paraguay.

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“Todavía no hay nada concreto, seguimos dialogando, nada está cerrado. Podemos decirles: ‘hasta la vista, baby’, mañana o más adelante. La empresa quiere venir a invertir porque hay mucho todavía por hacer en telecomunicaciones”, esgrimió.

Sante Vallese dijo desconocer si este plan debe contar con la aprobación del Congreso, ya que “será una empresa que vendrá a invertir en la red que nosotros vamos a utilizar”. No obstante dijo: “nosotros no tenemos problemas con que esto se debata”.

El titular de Copaco justificó que el país se va beneficiar con la cobertura y la inversión que va tener esta empresa. “Las instituciones educativas son las que se van a beneficiar con la conectividad que se va tener. El país se va beneficiar porque va tener una buena cobertura y la red va ser 5G”, reiteró.

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Sobre la confidencialidad de la negociación, indicó que nada se iba a ocultar de la opinión pública, ya que una vez que se finalizara la propuesta del acuerdo, iba a socializarse públicamente. “Nada se enajena, pero deberá usar el espectro, pero seguirá siendo de Vox”, acotó. “Les vamos a permitir que gestionen el espectro, que desplieguen su red, para que nosotros podamos vender el servicio”.

Por otro lado dijo que la empresa HOLA Paraguay (VOX) viene arrastrando deudas de épocas anteriores y se necesita un capital de inversión más grande, como una opción de ser una operadora más competitiva.

Es así que aparece este negocio en puerta. “Vino gente del Banco de Finlandia para asegurarnos que este es un proyecto altamente rentable. Para ellos Paraguay es clave por su ubicación geográfica”, subrayó.

Ayer, el expresidente de Copaco, Mario Esquivel, manifestó su preocupación por la negociación que lleva adelante Sante Vallese, titular de Copaco, con la empresa Rivada Networks Inc. para ceder por 20 años a la misma el espectro de Vox, en calidad de arrendamiento y por la suma de US$ 10 millones (a pagarse en forma fraccionada). A su parecer este negocio valdría por lo mínimo 40 millones de dólares.

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Silvio Corbeta, fiscal de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos, formuló acusación y solicitó juicio oral y público para Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube.

Roa fue acusado por cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

En cuanto al empresario Koube, la acusación es por lavado de dinero, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

El documento consta de 117 páginas y queda a cargo del Juzgado Penal de Garantías, que, una vez recibidas todas las pruebas, deberá fijar fecha para el inicio del juzgamiento.

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El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Según la pesquisa, Koube entregó el yate al exministro de Emergencia Nacional como para de una coima para ganar al menos 10 licitaciones entre los años 2018 y 2021 por una suma que ronda los G. 16.000.000.000.

El empresario y el exministro abdista se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos, la obtención de una embarcación AZ 42, valuada en USD 450.000 y sumas de dinero.

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La Senad conformó un equipo destinado a la intervención de cultivos ilícitos de marihuana en un sector rural de Bella Vista Norte, en el cual se encontraban varios centros de producción de la droga compuestos por campamentos en los que se trabajaba el procesamiento de unas cuatro hectáreas de la hierba. En la acción fueron eliminadas alrededor de 15 toneladas del producto ilícito.

Los intervinientes fijaron la destrucción de cinco campamentos ubicados en un establecimiento rural, para posteriormente destinar esfuerzos a la erradicación de cuatro hectáreas de la droga.

El operativo no solo le limitó a la anulación de la superficie plantada sino también a la eliminación de 1.500 kilos de la droga puesta al secado y 1.940 kilos listos para el empaquetado.

En total el operativo supervisado por el fiscal Celso Morales sacó de circulación más de 15.000 kilos de marihuana.

Las Oficinas Regionales se encuentran trabajando coordinadamente en la localización y posterior desmantelamiento de los centros de procesamiento de cargas ilícitas. Oficinas como Bella Vista Norte y Pedro Juan Caballero planean dar fuerza a nuevas incursiones que se irán acompañando con investigaciones paralelas.

El fiscal Manuel Rojas Rodríguez imputó a tres hombres que fueron detenidos con más de 2.000 kilos de marihuana prensada durante un allanamiento realizado este martes por la noche en la capital del Alto Paraná y a la vez requirió la prisión preventiva de todos ellos.

Los presuntos narcotraficantes están identificados como Francisco Javier Martínez González (54), Kevin Gabriel Fernández Britos (20) y Blas Antonio Fernández Britos (44), quienes enfrentan cargos por los hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes y se encuentran privados de libertad, a cargo de la Justicia.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Jardín del Este del kilómetro 8 Acaray de Ciudad del Este, a las 20:00 horas aproximadamente, y estuvo encabezado por el fiscal Rojas Rodríguez, quien contó con el acompañamiento de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Durante el operativo, los intervinientes incautaron 2.076,800 kilogramos de marihuana prensada, distribuidos en 744 panes y 45 paquetes grandes. Asimismo, se requisaron un aparato celular y varios documentos, apareciendo los citados ciudadanos como los presuntos responsables de las sustancias incautadas, que estarían destinadas para su distribución y comercialización en la triple frontera.

Tanto los detenidos como el cargamento de drogas fueron remitidos hasta la base de la SENAD Regional, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.

Basándose en los elementos de sospecha, el fiscal resolvió imputar a los tres hombres y solicitó al Juzgado la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar a fin de garantizar la sujeción de los imputados al proceso.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico solicitó tres meses de plazo para la conclusión de la investigación y la presentación del requerimiento conclusivo.

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