Roy Rodgers, contralor general de la República, en charla con la 650 AM comentó que el martes un equipo de auditores se apersonó en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y que desde la fecha ya se inició con la investigación.

Indicó que en la casa de estudios se realiza dos auditorias: una en el Rectorado y otra en la Facultad de Veterinaria. Esto es en relación al pago de rubros de “Servicios Personales” de enero a agosto de este año, con la posibilidad de ampliarse a otros ejercicios.

“Tomamos todos los artículos de prensa como una fuente de información y se analiza el rubro en particular. Tenemos muy en cuenta las publicaciones periodísticas”, señaló.

De acuerdo a las informaciones, el rector Froilán Peralta supuestamente realizó una repartija de cargos de docentes a sus parientes, entre los que se encuentra su sobrina política, Tatiana Cogliolo, quien tenía un rubro en la Facultad de Veterinaria, pese a ser profesora parvularia. La madre de la joven y su prima también cobraban como profesoras sin dictar cátedras en la Universidad y su hermana menor, que aun va al colegio, empezó a cobrar su primer salario a los 18 años, por cumplir funciones en el área de servicios.

Peralta está también en la mira por el cobro que realiza en concepto de rubros de docente, por cátedras que el mismo no imparte. La totalidad de dichos cobros suman 20 millones de guaraníes mensuales.

PASARÁN DATOS A FISCALÍA

Rodgers indicó que si existen indicios de alguna irregularidad, informarán inmediatamente a la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, que ya abrió una carpeta fiscal para investigar la denuncia presentada por el Colegio de Abogados del Paraguay contra el Rector de la UNA.

El Contralor dijo que existe un plazo máximo 39 semanas en una auditoría amplia. “Hoy vamos a reunirnos con el equipo auditor y programar encuentros diarios para dar seguimiento y para terminar lo antes posible. Esto será más rápido porque solo investigamos los rubros de dos instituciones”, comentó.

La promulgación de la legislación que modifica y amplía artículos de la ley de Mipymes establece la creación de una base de datos unificada de microempresas formalizadas, ya que la informalidad es lo que se pretende contrarrestar con la legislación, además de impulsar la simplificación de trámites, la reducción de los costos y el acceso automático a la cédula Mipymes.

Uno de los puntos cuestionados, al pensarse de que se trataba de algo nuevo, es el que figura en el Capítulo VII de la ley, artículo 45, cuyo tercer párrafo dice: “posterior a los treinta meses de plazo, la categoría Microempresas podrá abonar salarios sobre una base no inferior al 80 % del salario mínimo legal establecido para actividades diversas no especificadas”.

Al respecto, la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, explicó que este artículo es un “copia y pega” de la ley que ya estaba vigente desde el año 2012 y que, tal vez por desconocimiento, muchos pensaron que se trataba de algo nuevo.

De hecho, existen otros modelos de salarios mínimos establecidos para diferentes sectores, por ejemplo: un 60 % del mínimo para los aprendices, 60 % al personal de establecimientos ganaderos y otros porcentajes para el trabajo de medio tiempo.

Entre las novedades y los beneficios de la nueva ley de Mipymes, el ministro de Industria y Comercio, Javir Giménez destacó: la exoneración de los gastos relacionados a trámites, pues, dentro de los 36 primeros meses no pagan ningún impuesto, tasa o gasto, es decir, obtienen todos los servicios de forma gratuita. Transcurrido ese plazo obtienen el 50 % de descuento.

“Cuando le das menores costos, gratuitos prácticamente e interconectividad para que pueda trabajar en una plataforma digital y cuando le das cierta flexibilización en el salario mínimo, le das ciertas herramientas y pretextos para que puedan acercarse y decir, tal vez me convenga y pueda transitar el camino de la formalización”, explicó Jiménez.

Del total de las micro, pequeñas y medianas empresas, un 90 % es micro y la mayoría no evoluciona a pequeña ni mediana porque no son formales y no son formales porque no hay atractivos, detalló. Por esto, la intención es romper el círculo vicioso de la formalización.

Son consideradas microempresas las que tienen facturación anual desde cero hasta 646 millones de guaraníes. Pequeñas, las que lleguen a una facturación anual de hasta 3.230 millones y Medianas, las que logren una facturación de hasta 7.752 millones por año.

La Subcomisaria N° 046 del barrio San Juan, ubicada en el kilómetro 8 Acaray, reportó la incautación de un automóvil Toyota Premio, con matrícula AAHF 565 Py, por disturbios generados por polución sonora.

El incidente ocurrió durante una patrulla preventiva en la zona, cuando agentes fueron alertados sobre música a alto volumen proveniente de un grupo que consumía bebidas alcohólicas junto al vehículo.

Al llegar al lugar, los policías advirtieron a los presentes para que redujeran el ruido. Sin embargo, ninguno asumió responsabilidad sobre el automóvil y respondieron con una actitud hostil, insultando e intentando intimidar a los agentes del orden.

Ante la negativa y resistencia de los involucrados, el personal solicitó apoyo de patrullas cercanas para llevar a cabo el procedimiento. Finalmente, una grúa trasladó el vehículo hasta la dependencia policial, por orden del agente fiscal de turno, Alcides Giménez Zorrilla, quien dispuso su incautación.

El automóvil quedó bajo custodia policial y se labró un acta del procedimiento conforme a las normativas legales. El caso sigue a disposición del Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.

A las 9:00 de la mañana está convocada la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso, donde incluyen una serie de pedidos de informes al Ministerio del Trabajo, a la DNIT sobre la minería del oro en Paso Yobái, a Salud Pública sobre el impacto de la minería en la salud y al Ministerio del Ambiente sobre el mismo tema.

También figura un pedido a la Comisión Nacional de Competencia sobre el control de los precios de la canasta básica, específicamente la carne.

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Además, se estudiará el proyecto de resolución que insta a invitar y citar a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, al director de Finanzas y al equipo técnico para informar sobre el aumento de las tarifas del peaje en varios puestos.

Los parlamentarios también tratarán la propuesta de declaración por la cual se apoya la firme determinación del Ejecutivo de reconocer la victoria del presidente electo Edmundo González Urrutia.

Igualmente, el proyecto que respalda la decisión del Gobierno de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela.