El procedimiento se dio en el marco de la demanda en contra del empresario Yamil Esgaib, quien no habría abonado por la compra de las acciones de la firma YEM S.A, motivo por lo cual se ejecutó la incautación de las máquinas.

La demanda fue realizada por la firma Massari, con la intención de recuperar el manejo del Bingo Guaraní y con ello, las apuestas deportivas apostaseguro.bet.

De acuerdo al informe de intervención, unas 130 máquinas de juego de azar por valor de US$ 1 millón debían ser incautadas mediante la orden de secuestro del juez de Primera Instancia de la Capital, Guillermo Riveros. Sin embargo, al momento en que llegaron los intervinientes, los aparatos estaban siendo llevados en un camión de mudanza.

Al respecto, el oficial de Justicia, Hugo Lafuente, indicó al canal GEN que efectivamente al menos 10 de las máquinas desaparecieron pese a contar con la orden judicial de secuestro e incluso algunas ya fueron reubicadas en otros casinos.

Asimismo, el oficial de justicia denunció ante la Fiscalía que fue agredido por un empleado del Bingo Guaraní, al reclamarle el hecho de que estaban retirando las máquinas.

En el marco de la celebración por el Día del Niño, el Observatorio del Ministerio Público presentó un análisis de sus registros estadísticos sobre hechos punibles vinculados con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Entre enero de 2020 y julio de 2026 fueron registradas un total de 110.886 causas correspondientes a ocho categorías.

El incumplimiento del deber legal alimentario encabeza el relevamiento, con 48.832 causas, equivalente a cerca del 44% del total. Le siguen el abuso sexual en niños, con 21.839 casos; la violación del deber de cuidado o educación, con 13.564; la pornografía relativa a niños y adolescentes, con 13.379; y el maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, con 9.983. Estas cinco categorías concentran aproximadamente el 97% de todas las causas analizadas.

En cuanto al abuso sexual en niños, el Ministerio Público registró 21.839 causas durante el periodo estudiado. El mayor número entre los años completos se produjo en 2022, con 3.814 casos. Los datos complementarios señalan que, dentro de los registros considerados, la franja etaria consignada se ubica entre los 10 y 13 años y el 84% corresponde al sexo femenino.

Otro indicador que muestra un crecimiento sostenido es el relacionado con la violación del deber de cuidado o educación. Las causas pasaron de 1.473 en 2020 a 2.706 en 2025, lo que representa un aumento aproximado del 84%. Hasta julio de 2026 se contabilizaron otras 1.606 causas, llegando a un acumulado de 13.564.

Los registros también incluyen hechos vinculados con entornos digitales. La pornografía relativa a niños y adolescentes acumula 13.379 causas desde 2020, mientras que el abuso por medios tecnológicos suma 54. En el primer caso, el 84% de las víctimas registradas corresponde al sexo femenino y la franja etaria consignada es de 14 a 17 años. En el segundo, el 81% corresponde al sexo femenino y la franja etaria se ubica entre los 10 y 13 años.

El maltrato de niños y adolescentes bajo tutela acumula 9.983 causas. Los registros muestran una evolución de 1.393 casos en 2020 a 1.623 en 2025, mientras que hasta julio de 2026 se contabilizaron 910. Los datos complementarios consignan una franja etaria de 5 a 9 años y señalan que el 51% de las víctimas registradas corresponde al sexo femenino.

Al comparar los años completos entre 2020 y 2025, la Fiscalía contabilizó 99.762 causas. El mayor registro anual se produjo en 2024, con 18.942 casos, seguido de 2022, con 17.587, y 2025, con 17.861. En los primeros siete meses de 2026 fueron registradas 11.124 causas, aunque este periodo no puede compararse directamente con los años completos anteriores.

El Ministerio Público aclaró que las estadísticas corresponden a causas ingresadas y no equivalen al número de víctimas, por lo que no debe establecerse una relación directa entre una causa y un niño, niña o adolescente afectado. Asimismo, los registros se encuentran sujetos a actualizaciones.

Los datos buscan dimensionar las situaciones que llegan al sistema de justicia y contribuir a orientar las respuestas institucionales. Desde el Ministerio Público se destaca la necesidad de fortalecer la prevención, la protección y la intervención especializada, preservando la dignidad, privacidad e interés superior de niños, niñas y adolescentes.

En las últimas horas transcendieron las identidades de las cuatro víctimas fatales que aún quedaban por ser identificadas, luego del percance vial ocurrido en el Km 48 de la Ruta PY02.

Se trata de Marcelo Ávalos, de 48 años, su esposa Fátima Silva Galeano, de 45 años, y sus hijos Fátima Sabrina y Fernando Jesús, de 9 y 18 años, respectivamente. Los mismos eran oriundos de la ciudad de Luque y se encontraban regresando de un viaje a Ciudad del Este.

La familia viajaba a bordo de un automóvil de la marca Toyota modelo Ractis que fue embestido por un camión cargado de ladrillos, el cual perdió los frenos y protagonizó este choque múltiple en la zona de la Compañía Pedrozo.

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El vehículo posteriormente acabó incendiándose, luego de chocar contra un poste de la ANDE. Sus cuatro ocupantes murieron calcinados en su interior, de acuerdo al reporte oficial.

Los hermanos de Marcelo Ávalos lamentaron esta tragedia que enluta a toda una familia y deja una pérdida imborrable. “Es un momento muy difícil por el que estamos pasando. Esta es una catástrofe”, afirmó uno de ellos al canal C9N.

El mismo expresó su cuestionamiento a las instituciones responsables de evitar que ocurran este tipo de accidentes, sobre todo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a quien reprochó duramente, más aún considerando los otros antecedentes trágicos en ese mismo punto de la Ruta PY02.

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El pedido unánime es que se pueda hacer justicia y que las autoridades competentes tomen las acciones debidas para evitar nuevas tragedias de esta índole. “Pedimos que tomen con seriedad para que esto sea un antes y un después”, expresó otro hermano del fallecido.

Cabe mencionar que la pequeña Fátima Sabrina este lunes debía cumplir un año más de vida, por lo que su penosa muerte genera un dolor aún mayor entre sus familiares y allegados.

Fulgencio Carrillo Mancuello, de 38 años, líder de la comunidad indígena Y’apó 5, se encuentra con paradero desconocido desde el pasado viernes 14 de agosto.

Este hombre fue visto por última vez aquel día en la zona de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, de donde era oriundo, perdiéndose todo contacto con él desde aquel entonces.

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Reportes de medios locales indican que Carrillo supuestamente habría sido llevado por un grupo de hombres armados, con prendas camufladas y pasamontañas, quienes lo habrían obligado a abordar a la fuerza un vehículo.

Cabe señalar que Fulgencio Carrillo es hermano del también líder indígena Antonio Carrillo Mancuello, quien días atrás había sido abatido junto al docente Catalino Ramón Correa Acevedo, en el marco de la Operación “Redención” liderada por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Desde la institución afirmaron que los dos abatidos presuntamente formaban parte de la estructura criminal liderada por Felipe Acosta Riveros, alias “Macho”, versión que genera dudas entre allegados y miembros de la comunidad.

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La camioneta Toyota modelo Hilux perteneciente al ahora desaparecido fue hallada totalmente incinerada en una zona boscosa de la citada localidad, aunque sin indicios que puedan contribuir a conocer su paradero.

La Policía Nacional y el Ministerio Público activaron la Alerta MAFE por desaparición de personas tras recepcionar la denuncia. El fiscal Oscar Paredes ya ordenó la búsqueda y localización de Fulgencio Carrillo.