Indignación y enojo causó en la ciudadanía la forma en la que una mujer agrede a una niña, quien sería hija de su pareja. En imágenes se observa que la madrastra primeramente la grita, la estira del cabello en varias ocasiones, sacudiéndola hasta echarla al piso y luego le propina golpes en el rostro.

La madre de la niña relató en contacto con un medio local que perdió la custodia de su hija luego de que su expareja haya presentado una denuncia en su contra por supuesta violación del deber del cuidado. Sobre eso, dijo que las acusaciones son falsas, ya que el único motivo era sacarle a la niña.

En cuanto al material audiovisual, indicó que fue ella misma la que difundió y sería una filmación ya de los últimos meses del año pasado, con el objetivo de que las autoridades intervengan en el caso.

“Para esto me sacaron mi hija, a causa de causas injustas pasan estas cosas. No hay excusas ni justificativos para tratar así a una menor, esto es indefendible y quien defienda está igual de mal que esa mujer. Mi hija jamás fue maltratada de ninguna manera y yo tengo que aguantar que la señora de su papá la trate así. Mi hija ya no está en casa y está bien. Dios quiera que pronto pueda estar conmigo que es donde siempre estuvo siempre bien, que se levante el país en este momento y pidamos justicia por todos nuestros niños”, publicó la madre de la niña en su cuenta de Facebook, adjuntando el video.

Al respecto, la fiscal Carina Seron recibió ayer la denuncia sobre el maltrato de la niña por parte de su madrastra, el cual quedó evidenciado en el video viralizado. Posteriormente, la agente fiscal conjuntamente con la Defensoría de la Niñez, procedieron al rescate de la pequeña, quien fue llevada con otro familiar.

Asimismo, se allanó la vivienda a fin de incautar imágenes del circuito cerrado, el cual fue remitido al Laboratorio Forense a fin de extraer las imágenes del sistema. La fiscal indicó que prosigue la investigación.

El padre – que tiene la custodia – será convocado ante el Ministerio Público a fin de prestar declaración, sin embargo, adelantó que desconocía que su hija estaba siendo maltratada por su nueva pareja, con quien tiene otro dos hijos.

El Ministerio Público recuerda que a fin de evitar la revictimización, tanto la imagen y la identidad de la niña, y la identidad de los padres deben ser preservados por ley, a fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, atendiendo que la niña ya fue rescatada.

La publicación de datos de niños y niñas y/o de sus padres (llevando a identificar al niño o niña) que se encuentran en procesos judiciales está prohibido por las normas vigentes.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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