La denuncia de la hermana de una de las víctimas sobre la situación de las tres mujeres alertó a las autoridades paraguayas, que comenzaron a trabajar junto a sus homólogos brasileños.

La mujer puso en conocimiento de la Policía que su hermana y otras dos paraguayas estaban siendo obligadas a prostituirse en un local nocturno de Santa Helena, a cuya dueña habían sido vendidas por unos 140 dólares estadounidenses.

La Policía Civil de la región brasileña en la que se ubica esa localidad, avisada por el cónsul paraguayo, intervino el lugar de alterne, donde pudo rescatar a las tres mujeres y detener a los responsables.

Las tres paraguayas fueron trasladadas a la Unidad Anti Trata de Personas del Ministerio Público en la ciudad de Presidente Franco, en el departamento de Alto Paraná, donde se actuó según el Protocolo de Asistencia a Víctimas de Trata.

Paraguay rescató a más de 300 víctimas de la trata entre 2014 y 2016, según un documento elaborado por la Mesa Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas.

Los países en los que más se explota a las paraguayas víctimas de trata suelen ser los territorios limítrofes o de habla hispana, como muestra el estudio global sobre tráfico de personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) correspondiente a 2016.

Según este documento, entre 2013 y 2015, 49 víctimas paraguayas volvieron repatriadas de Argentina, 31 de España, 22 de Brasil, 8 de distintos países del sur de Europa y 7 de otras zonas del continente americano.

Paraguay es un país emisor de víctimas, más que receptor, según esta publicación de la Unodc, y suelen ser explotadas sexualmente.

Entre enero y agosto de 2015, las autoridades paraguayas investigaron a 36 personas por delitos de tráfico de personas, aunque solo cuatro fueron condenadas, como apuntan los datos de este informe global.

Paraguay cuenta con una ley sobre tráfico de personas desde diciembre de 2012, que contempla todos los aspectos de este delito indicados por Naciones Unidas.

En un comunicado emitido en las últimas horas, la Policía se pronunció acerca de la difusión de videos publicados en TikTok en los que se observa a efectivos de la institución en la Expo escoltando al supuesto influencer Francisco Canatta, quien se hace llamar “masivo”.

Los policías fueron remitidos a la Dirección General de Asuntos Internos que se encargará de estudiar el caso y determinar eventuales responsabilidades administrativas que correspondan conforme a la normativa vigente. Ambos fueron apartados de sus funciones.

“La Policía Nacional aclara que no autoriza ni avala la participación del personal policial en actividades de promoción o creación de contenido que no correspondan a la difusión de medidas de prevención”, señala el comunicado.

Las autoridades advierten que cualquier actuación que se aparte de los principios que rigen la función policial será sometida a los procedimientos administrativos correspondientes.

El ministro del Interior, Enrique Riera, dijo que entiende la indignación de la gente con estos policías, pero pidió no generalizar ni meterlos a todos en una misma bolsa.

La escasez de fármacos golpea con especial dureza el bolsillo de los familiares de pacientes en estado crítico. Una asegurada contó al TRECE que se vio obligada a comprar insumos de alto costo con sus propios recursos para su pariente que está en la unidad de terapia intensiva.

A la falta de insumos se suma el calvario del traslado y la espera para quienes provienen del interior del país. Una asegurada contó que viajó más de seis horas desde el departamento de San Pedro y llegó a la capital a las 5:00 de la mañana, pero que de igual manera tuvo que esperar por muchas horas para ser atendida.

Esta situación refleja la persistente crisis de gestión y la falta de respuestas oportunas en los servicios de la previsional.

Durante la intervención, los efectivos policiales procedieron a la incautación de las herramientas y equipos utilizados en la actividad ilegal, entre ellos un tractor y una motosierra. El caso quedó a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público, que encabeza las investigaciones para determinar el impacto del daño ecológico e imputar formalmente a los sospechosos.

MARCO LEGAL Y PENAS POR DEFORESTACIÓN

En el fuero penal paraguayo, la destrucción sin autorización de recursos forestales nativos es considerada un delito grave. La legislación contempla sanciones contundentes tanto en el plano penal como en el administrativo:

• Ley N° 716/96 “Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente”: En su Artículo 4°, sanciona a quienes realicen la tala o quema de bosques nativos que perjudiquen gravemente el ecosistema con penas de 3 a 8 años de prisión. Además, contempla multas de 500 a 2.000 jornales mínimos y el decomiso de las maquinarias e instrumentos empleados.
• Ley N° 2524/04 (Ley de Deforestación Cero): Al tratarse de la Región Oriental, rige la prohibición estricta de actividades de conversión y cambio de uso de suelo en superficies boscosas. Toda extracción no autorizada constituye una infracción directa a esta normativa.
• Incautación de bienes: La legislación ambiental faculta al Ministerio Público a incautar de manera preventiva todos los medios de transporte y herramientas (motosierras, camiones, tractores) utilizados para la comisión del hecho.

Los imputados por este tipo de hechos quedan expuestos a ser procesados bajo la Ley 716/96, arriesgando la privación de libertad y medidas reparatorias que exige la justicia ambiental.

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