La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, uno de los últimos remanentes de bosque de este tamaño en la Región Oriental, es uno de los sitios que se encuentra en vilo ante el riesgo de invasión por parte de un grupo de personas que desea apropiarse del área protegida, bajo el argumento de que son supuestamente tierras fiscales.

El pasado 29 de julio, 60 invasores ingresaron a la zona sureste del área protegida de la Reserva del Bosque Mbaracayú, conocida como Balanitis Cue. Según la denuncia, el líder de estos ocupantes irregulares, identificado como Silvio Paredes, llevó al lugar a hombres, mujeres y niños para instalarse en precarias viviendas.

Afortunadamente la situación fue controlada mediante la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público, según el comunicado de la Fundación Moisés Bertoni, encargada de la conservación del sitio. Sin embargo, aún la amenaza sigue latente debido a que un grupo de 20 invasores se encuentra acampando en una propiedad vecina a la Reserva, en la zona de Britez Cue, distrito de Yvy Pyta.

Los responsables del sitio preservado desconocen cuáles son las intenciones de este grupo de carperos, si es que desean nuevamente ingresar al área protegida o realmente ya desistieron de sus pretensiones.

La principal presunción que se tiene es que este grupo invasor sería el mismo que constantemente ocupaba la Finca 470 de la Comunidad Indígena Aché Kuetuvy para la extracción de madera y plantaciones ilegales, por lo que existe el temor de que los inescrupulosos busquen deforestar el área protegida.

Desde la fundación Moisés Bertoni lamentaron que los invasores estarían siendo alentados por líderes inescrupulosos, quienes desinforman y mienten al afirmar que dichas tierras son excedentes fiscales, ya que las 64.406 hectáreas de la reserva natural están tituladas e inscriptas en la Dirección General de los Registros Públicos.

Reservas son amenzadas por invasores y cazadores furtivos.

“Realmente ellos no movieron nada, tuvimos que generar como mucha presión para intentar que se hagan las investigaciones”.

Yan Esperanza – Director Ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni.#LaCajaNegraPy pic.twitter.com/sV59HhZnmM

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) September 8, 2021

No es algo nuevo que personas desconocidas visiten estas reservas con fines deplorables. Además de aquellas que buscan instalarse en estos grandes terrenos boscosos, están las que realizan la caza furtiva. Un sonado caso ocurrió en el año 2018 en la reserva natural privada Tapyta, en Caazapá, la cual también está a cargo de la fundación Moisés Bertoni.

Hace tres años los guardaparques Rumildo Toledo y Artemio Villalba fueron asesinados en esa reserva mientras realizaban su tarea de patrullaje, al encontrarse con unos supuestos cazadores furtivos que abrieron fuego contra ellos.

Los acusados del asesinato fueron identificados como Hugo Andrés González Sosa, los hermanos Robert, Braulio y Arnaldo Ramón Alcaraz González, y el prófugo Daniel González Britos. Según los antecedentes del caso, estos dispararon directamente a la altura de la cabeza de los trabajadores. Toledo falleció en el acto y Villalba 14 días después de estar internado en terapia intensiva.

Este sonado caso impulsó la campaña Soy Guardaparque, mediante la cual se busca visibilizar la importancia del rol de estos trabajadores, mejorar sus condiciones laborales y exigir justicia para los asesinados en Tapyta.

Finalmente, tres años de aquel fatal ataque y tras varias suspensiones, este jueves 9 de septiembre se realizará el juicio oral a cuatro de los cinco acusados. Las familias de las víctimas esperan conseguir justicia y que este caso deje un precedente que desaliente estos ataques en las reservas forestales de nuestro país.

La propuesta tuvo origen en la Cámara de Senadores y luego del visto bueno de la Cámara de Diputados, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Legisladores que se manifestaron a favor de la propuesta señalaron que la sanción marcará un hito, pues será el primer convenio tributario de este tipo entre Paraguay y un país miembro de la Unión Europea, lo que contribuirá al comercio entre los países.

El diputado colorado Juan Manuel Añazco, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, recomendó la aprobación de la iniciativa, teniendo en cuenta que este convenio facilitará la recepción y la promoción de las inversiones extranjeras.

“El presente convenio tiene por objeto evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta; y de esa manera facilitar el comercio transfronterizo y la inversión”, manifestó el legislador.

El fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

Un Tribunal condenó hoy a la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, a 4 años de pena privativa de libertad y a su esposo José Costa Perdomo, a 3 años 9 meses de cárcel, por el hecho de lesión de confianza. Es en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000.

Los encausados formaban parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas. Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del Covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo del 2020.

El Colegiado dispuso que Samudio y su marido deban presentar en el lapso de un mes, una fianza de 400 millones de guaraníes cada uno en el marco de la aplicación de las medidas alternativas a la prisión. En principio de la causa, la caución era de 50 millones de guaraníes, y fue aumentada a la suma actual ante un eventual peligro de fuga.

La Dinavisa emitió una nueva alerta sanitaria tras recibir reportes de otras agencias internacionales, en este caso puntual, de la Anvisa de Brasil y de la FDA de Estados Unidos.

La advertencia guarda relación sobre casos de falsificación de toxina botulínica Botox 100U (toxina botulínica A), utilizado en el ámbito de la cirugía estética.

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Desde el año pasado hasta la fecha, se han identificado unidades adulteradas o falsificadas de los lotes: C7746C3 (val. 04/2025); C7211C4 (val. 08/2026); C3709C3 (val.05/2025); C6835C3 (val. 10/2024 y 12/2024); y C7654C3F.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) logró detectar versiones falsificadas e inseguras de Botox en varios estados y que llegaron a ser administradas a varias personas con fines cosméticos.

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Los síntomas en caso de recibir este tipo de productos adulterados incluyen visión borrosa o doble, dificultad para tragar, boca seca, estreñimiento, incontinencia, dificultad para respirar, debilidad y dificultad para levantar la cabeza después de la inyección, entre otros.

Dinavisa confirmó que, hasta el momento, no cuenta con registros sanitarios vigentes para la marca del mencionado producto, aunque de igual manera decide emitir esta alerta para poner en conocimiento a la población, principalmente a médicos cirujanos y pacientes.