El abogado Stephan Schultheiss manifestó que luego del contacto que establecieron Anne Maja Reiniger-Egler y Filip Blank con los otros padres que tienen en su poder a Clara Egler (10) y Lara Blank (11) existe una esperanza en que se pueda concretar prontamente la restitución de ambas.

“Tuvimos largas y tendidas conversaciones con ellos y esa es la expectativa”, afirmó en entrevista con Universo 970/Nación Media.

De momento, no se ha definido aún cuándo se dará el regreso de las menores con sus progenitores, aunque se espera que esto se dé en los próximos días, según estimó.

El profesional del derecho confirmó que hubo compromisos en cuanto a mantener el relacionamiento y el vínculo familiar, sin que haya un acuerdo monetario de por medio.

Schultheiss también señaló que hubo un acuerdo verbal entre ambas partes para no presentar cargos contra Andreas Rainer Egler y Anna Maria Egler, aunque de igual manera deberán comparecer ante la justicia alemana teniendo en cuenta que existe una causa abierta.

En el caso Clara y Lara, ambas niñas se encuentran en buen estado, al menos según lo que pudieron notar sus padres en la comunicación telefónica que mantuvieron recientemente.

La propuesta tiene como objetivo declarar en emergencia al departamento chaqueño debido a las graves consecuencias generadas por las intensas lluvias e inundaciones registradas recientemente en la zona.

Según la exposición de motivos, pobladores de comunidades como Toro Pampa, María Auxiliadora, Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Puerto Casado y Carmelo Peralta manifestaron su preocupación ante la imposibilidad de transitar con normalidad por el severo deterioro de los caminos de tierra.

Los habitantes denuncian que numerosos tramos se encuentran prácticamente intransitables, provocando el aislamiento de comunidades enteras.

El diputado Miguel Del Puerto fundamentó su respaldo a la iniciativa y señaló que la situación compromete seriamente el acceso a servicios básicos esenciales como salud, educación, alimentación, combustibles e insumos.

“Esta problemática afecta directamente la calidad de vida de la población y limita el desarrollo económico y social de la región”, expresó el legislador.

Asimismo, indicó que el proyecto busca habilitar mecanismos administrativos y presupuestarios urgentes para asistir a las comunidades afectadas y poner en marcha obras viales estructurales que permitan terminar con el aislamiento crónico de la zona.

Debido a que el documento no contaba con dictamen de comisiones asesoras, el pleno de Diputados se constituyó en comisión y emitió dictamen favorable.

Tras recibir apoyo unánime, el proyecto fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores para su tratamiento correspondiente.

La iniciativa apunta principalmente a priorizar obras de infraestructura vial, especialmente la construcción de caminos de todo tiempo que permitan garantizar la circulación permanente, independientemente de las condiciones climáticas.

El documento también sostiene que la falta de conectividad en amplias zonas del Chaco profundo constituye una deuda histórica del Estado con estas comunidades, cuyos habitantes enfrentan constantemente situaciones de aislamiento que incluso pueden poner en riesgo vidas ante emergencias médicas u otras urgencias.

La Consejería Municipal de la Niñez y la Adolescencia (CODENI) de Presidente Franco tomó intervención ante una denuncia relacionada con la falta de inmunización de menores de edad.

En este caso puntual, los padres de dos niños de 6 años y 13 años, además de un bebé de 4 meses, fueron acusados de no autorizar la aplicación de las vacunas incluidas en el Esquema Regular de Inmunización.

La denuncia formal fue formulada por profesionales de la Unidad de Salud de la Familia (USF) del barrio San Miguel, quienes agotaron todas las instancias para tratar de persuadir, sin éxito, a los progenitores.

Ante su negativa de inmunizar a los niños, la CODENI decidió presionarlos por la vía legal para que cumplan con esta obligación, contemplada en la Ley 4621/15, a la que se suman la Constitución Nacional y el Código de la Niñez y la Adolescencia, que garantizan el derecho a la salud y el interés superior del niño.

Asimismo, les advirtieron sobre las posibles consecuencias que acarrearía mantenerse en su postura de no vacunar a sus hijos, puesto que el caso puede llegar a ser derivado a la Fiscalía y a la Defensoría de la Niñez, inclusive.

Desde la CODENI no descartan la posibilidad de que, en última instancia, la justicia pueda ordenar la inmunización obligatoria de los menores como medida de protección.

La iniciativa, impulsada por el diputado Alejandro Aguilera, busca establecer procedimientos uniformes en todo el país para que las personas con discapacidad auditiva puedan obtener, renovar y rehabilitar su registro de conducir.

El proyecto también prohíbe la denegación automática de la licencia e impulsa mecanismos de tránsito seguros, basados en los principios de igualdad y no discriminación.

Durante el tratamiento del documento, el legislador explicó que actualmente existe “mucha discrecionalidad” en el otorgamiento de licencias de conducir para personas con discapacidad auditiva, debido a la falta de una normativa específica.

“En algunos municipios dan, en otros no dan”, expresó el parlamentario, al tiempo de señalar que el objetivo es establecer reglas claras que eviten situaciones de discriminación y permitan a este sector acceder a una movilidad autónoma.

Por su parte, el diputado Arturo Urbieta, presidente de la Comisión de Salud Pública, presentó el dictamen favorable de la instancia asesora.

Indicó que la normativa contempla una evaluación integral de los postulantes, incluyendo exámenes prácticos en la vía pública o en circuito cerrado, pruebas psicofísicas generales y evaluaciones específicas de percepción y respuesta visual ampliada, como detección de señales, uso de espejos, entorno y maniobras.

Asimismo, el proyecto incorpora el uso de adaptaciones razonables y de espejos retrovisores o panorámicos específicos en los vehículos, cuando el caso lo requiera.

Finalmente, Urbieta remarcó que el texto prohíbe de manera expresa la negación automática de la licencia por la sola condición de discapacidad auditiva.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa será remitida ahora a la Cámara de Senadores para su estudio correspondiente.