Miguel Marecos, presidente de la Sinadis, dijo en entrevista a radio UNO, que tienen la mejor predisposición de recibir a los estudiantes del tercer año de la media en las instituciones públicas, no obstante, están con fondo cero ahora mismo.

“No hay dinero para limpiar las instituciones, comprar el jabón y alcohol en gel, poner lavatorios y todo lo necesario para recibir a los estudiantes. Sin todos esos elementos claves de medidas de seguridad, es imposible”, expresó.

En tal sentido, manifestó que agotarán todas las instancias administrativas mediante el diálogo con el ministro de Educación, Eduardo Petta y la presentación de la nota.

Anunció que si en un plazo de 48 hs las autoridades correspondientes no desembolsan el monto que solicitan en concepto de gratuidad, presentarán un recurso de amparo constitucional.

“Tenemos dos directoras de colegios grandes de Capital en cuarentena, un director fallecido, muchos profesores están con Covid-19 y es un riesgo muy grande que nosotros no lo vamos a asumir solos y queremos buscarle una salida”, afirmó.

Sostuvo que tienen toda la predisposición, sin embargo, necesitan garantías para los padres, estudiantes y profesores, y eso se traduce en términos financieros, según comentó.

A su criterio, los estudiantes no retornarán a las aulas, porque según dijo, la tendencia se presenta con ese panorama.

Finalmente, recordó que el sistema de evaluación para esta segunda etapa es cuantitativa, con parámetros para colocar las notas.

Desde el MEC anunciaron que el retorno a clases será el próximo 2 de noviembre para los estudiantes del último año, quienes deberán presentar el formulario de autorización firmado por sus padres. Además, ningún docente que figure en el grupo de riesgo o presente enfermedad de base, será obligado a regresar.

El titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, recibió una vez más el respaldo del presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga. Fue tras el informe que brindó sobre la Tercera Ronda de Entrega Masiva de Títulos de Propiedad en Caaguazú, con lo que se dará cumplimiento a la meta de 4.000 títulos este mes de abril.

Hoy, 800 familias se convirtieron en propietarias de una tierra. Con Francisco Ruíz Díaz, presidente del INDERT, verificamos los avances en la gestión de la institución, que hoy incorpora a la tecnología que agiliza los procesos para que los paraguayos accedan a una tierra. pic.twitter.com/Jn2dfW3SWL

— Santiago Peña (@SantiPenap) April 23, 2024

A través de sus cuentas oficiales, el mandatario compartió el siguiente mensaje de apoyo: “Hoy, 800 familias se convirtieron en propietarias de una tierra. Con Francisco Ruíz Díaz, presidente del INDERT, verificamos los avances en la gestión de la institución, que hoy incorpora a la tecnología que agiliza los procesos para que los paraguayos accedan a una tierra”.

En ese sentido, la institución puso en marcha el tercer gran operativo de entrega de títulos, a través de una gira de na semana por cuatro departamentos para entregar unos 815 nuevos títulos. “Arrancó este lunes en las colonias de Caaguazú, luego seguiremos en Canindeyú, Alto Paraná y finalizaremos el domingo en Caazapá. Por instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, el método es llegar en forma directa a los beneficiarios en sus chacras, colonias, y se superará la meta con la entrega de más de 4.000 títulos de propiedad este mes de abril, gracias al trabajo en equipo realizado entre el ente rural, Registros Públicos y Catastro Nacional”, señaló Ruiz Díaz en conferencia de prensa.

El titular del Indert resaltó que se trata de un hecho considerado muy importante, porque en promedio se entregaban 927 títulos en 12 meses; sin embargo, el Gobierno actual, en tan solo 8 meses entregará 4 veces más de lo que se entregaba anteriormente.

Por otro lado, a la fecha, el Indert obtuvo 62% más de recaudación de enero a abril de este año, en comparación a años anteriores en el mismo periodo. Este logro se debe a la digitalización en el sistema de pago y la creciente recuperación de la confianza de los beneficiarios hacia la gestión del ente rural.

Otro punto que informó Ruiz Díaz al presidente de la República es el trabajo de modernización del proceso de titulación de tierras en el Chaco. Hay un avance en el registro de la cantidad de expedientes y documentos a digitalizar, para mejorar la seguridad documental. Por instrucciones del titular del Ejecutivo, se trabajará con MITIC para el efecto.

La Cámara de Senadores convocó para este martes a una audiencia pública, con representantes tanto del sector público como privado, para analizar los alcances del proyecto de ley “Que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”.

Durante el evento, los senadores e invitados especiales expresaron sus posiciones respecto a esta propuesta legislativa, que plantea una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

El senador Enrique Salyn Buzarquis afirmó que, más que prohibir la actividad, se debe establecer un marco regulatorio más efectivo para impedir el robo de energía eléctrica. “Sería un trágico error castigar a las empresas legales”. En otro momento, habló sobre el impacto positivo mediante los ingresos obtenidos por las empresas legalmente constituidas, que abonan un precio diferencial por la energía suministrada.

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Uno de los que se expresó en contra del proyecto es el senador Eduardo Nakayama, quien considera imprudente la aprobación de una propuesta que impediría obtener más recursos para el país y promover el aumento de inversiones. “Tiene que haber un análisis previo”.

Por su parte, el senador José Oviedo explicó que no se puede prohibir la tenencia de criptomonedas, lo cual es uno de los errores conceptuales planteados en el documento. A su vez, adelantó que prepara otro proyecto que buscará regular el uso intensivo de energía eléctrica en el país.

Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía, dijo que se debe analizar si es que los empresarios del rubro de criptominería quieren realizar una inversión a largo plazo y si quieren darle un valor social. “Es intolerable en un país como el nuestro el robo de energía, el que lo hace tiene que tener una sanción criminal”, añadió.

Asimismo, resaltó que desde el gobierno se apunta a promover una política tarifaria para esta y cualquier tipo de industria, además de fijar un marco normativo que permita determinar cuál es el tipo de inversión para promover el desarrollo del país. A su criterio, no será oportuno tomar una determinación tan radical como esta, por lo que insta a que se haga un análisis minucioso sobre los beneficios que podría traer la criptominería.

Víctor Arévalos, técnico especialista en máquinas mineradoras, aseguró que la suspensión de la criptominería podría poner en riesgo la inversión y generación de fuentes de trabajo, además del potencial de innovación que este sector puede aportar al país. “Las medidas propuestas podrían perjudicar a las empresas que intentan cumplir con las regulaciones, afectando a toda la industria detrás de ella”.

Ricardo Prieto, de la Cámara Paraguaya de Blockchain, sostuvo que un proyecto como este prácticamente “podría destruir todo lo que ha construido en este rubro”, tanto en Paraguay como a nivel mundial, por lo que lo considera como “un contrasentido”. Desde el gremio buscan aportar conocimiento y desarrollar el sistema de este nuevo modelo de negocios, agregó.

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Los representantes de la ANDE volvieron a hacer énfasis en la sustracción ilegal de energía, que genera pérdidas millonarias. En ese sentido, destacaron que las empresas legalmente constituidas y registradas permiten obtener un importante flujo de caja a la institución, por lo que el debate debe centrarse en el combate a la actividad ilegal.

Derlis Gregor, investigador en tecnología, aseguró que la suspensión de actividades de criptominería supondría pérdidas para las empresas y también para la propia ANDE, además de sobrevenir en disputas legales y demandas por incumplimiento. Concentrar los esfuerzos para combatir la ilegalidad sería mucho más efectivo, a su parecer, además de establecer un marco regulatorio para las nuevas granjas de criptominería.

Se trata del remolcador “Belén B” y una barcaza portacontenedores denominada “PAR 13001″ (la más grande, hoy día, en operación), cuyas incorporaciones representan la mayor inversión de la historia del sector naviero local, de unos USD 13 millones.

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Autorizadas en fecha 6 de marzo por la ministra Claudia Centurión mediante resolución ministerial N.º 206/2024, la firma Paranave S.A. de esta manera pone en operación sus dos nuevas unidades importadas de Malasia y que están pensadas para el transporte de contenedores de carga seca y refrigerada. Además, cuentan con tecnología de punta y cumplen estrictamente con las últimas reglamentaciones que rigen para la navegación internacional.

El director de la Marina Mercante, Patricio Ortega, informó que hoy día, la flota paraguaya cuenta con más de 2.500 unidades, por lo que es considerada la más grande en la modalidad de transporte de contenedores que actualmente navega la Hidrovía Paraguay – Paraná. “Paraguay y su comercio internacional dependen del 80% con la modalidad fluvial para la importación y exportación de productos, hecho que hace muy significativo el aporte de estas unidades”, subrayó.

El remolcador Belén B cuenta con una eslora (longitud) de 34 metros, una manga (ancho) de 10,5 metros y una potencia de 3.600 HP, mientras que PAR 13001 posee una eslora de 106 metros y una manga de 30 metros y cuenta con una capacidad de transporte de hasta 748 TEUs (unidad de medida expresada en contenedores) o unas 13.000 toneladas.

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