El fiscal Marcelo Pecci indicó a la radio 730 AM que son cuatro allanamientos los que se están realizando, de los cuales dos se efectúan en casas de cambio y otras dos, en residencias. Se trata de personas que tienen procesos iniciados en los Estados Unidos por un esquema internacional de lavado de dinero del narcotráfico y otros crímenes.

Sostuvo que las dos casas de cambios formarían parte del mecanismo principal para esta actividad ilícita. “El local está seriamente sospechado de ser un instrumento de blanqueo de capitales proveniente del crimen organizado y del narcotráfico, a gran escala y a nivel internacional”, expresó.

El funcionario público adelantó que encontraron evidencias que respaldan una investigación del gobierno de los Estados Unidos y que hay al menos una persona detenida, cuya identidad revelará más adelante.

En cuanto a la evidencia hallada, dijo que se trata de cantidades muy importantes de dinero, de remesas, de giros electrónicos, y de incautación de mucho dinero que estaban escondidos en compartimentos secretos. “Encontramos muchísima cantidad. Esto es realmente muy grande. Tenemos documentado que se hicieron ciento de miles de dólares en giros electrónicos”, acotó.

“Esta gente es tan poderosa que un simple oficio que llega en manos inadecuadas puede hacer caer una investigación de hace años”, comentó respecto a que aun no cuentan con muchos detalles de cómo estaba actuando la casa de cambio.

Con relación a la preocupación que expresó el Gobierno de EE.UU. sobre la financiación terrorista en la Triple Frontera, el fiscal dijo los casos que van saltando, abren esa posibilidad. “Al hablar de crimen organizado, evidentemente está involucrado el tráfico de armas, de drogas, y sabemos muy bien la presencia de grupos radicalizados que nutren sus actividades de este ilícito. Nuestra visión está enmarcada en las conexiones que puede haber más allá del narcotráfico, que puede ser el terrorismo”, subrayó.

El representante fiscal aclaró que este operativo no guarda relación con el caso de Darío Messer y Bruno Fariña, quienes están siendo buscados por el caso de Lava Jato (Brasil), pero reconoció que puede tener una modalidad similar.

ESQUEMA DEL HEZBOLLAH

El comunicador Vladimir Jara, encargado de prensa del Ministerio del Interior, informó a través de sus redes sociales que la casa de cambios, denominada “Unique SA”, es propiedad de un familiar cercano (el concuñado) del comerciante Walid Amin Sweid.

Según el funcionario, de acuerdo al diario La Nación, la comitiva fiscal indaga “piezas claves” del esquema de lavado de dinero y finanzas del Hezbollah, la milicia islámica tildada como “terrorista”, en la zona de las Tres Fronteras.

En los Estados Unidos, la consultora de riesgo político Asymmetrica, en conjunto con la ONG Counter Extremism Project, alertó el crecimiento del grupo terrorista en la región.

EMPRESARIO NIEGA ACUSACIÓN

Por su parte, Walid Amine Sweid, quien está investigado por supuestamente formar parte de un esquema de lavado de dinero, negó estar implicado en delitos de este tipo y aseguró que su “pecado es ser árabe y musulmán”.

Sin embargo, confirmó que el allanamiento se hace en una vivienda de su suegro y cuñado. Además indicó que la casa de cambios intervenida pertenece a su cuñada. ”Yo no tengo nada que ver con eso”, añadió.

Así también, el empresario comentó que no existe ninguna causa contra él en los Estados Unidos.

“Me dicen financista del terrorista, narcotraficante y lavador de dinero, pero sin presentar ninguna prueba. Me meten en un tema de megalavado. No sé qué mano negra está detrás de esto”, criticó.

El camionero paraguayo denunció la crítica situación que vive junto a otros compatriotas en la localidad de Desaguadero, frontera entre Perú y Bolivia. En una entrevista concedida al canal GEN/Nación Media, el trabajador reveló que llevan 35 días varados en territorio peruano sin poder avanzar debido al severo bloqueo de rutas que mantienen grupos indígenas en Bolivia, quienes exigen la salida del presidente de ese país.

Los manifestantes cortaron los accesos con maquinaria pesada, piedras y palos, impidiendo el paso de cualquier tipo de vehículo.

Valdez calificó de “vergüenza” y de “migajas” la asistencia económica brindada por la embajada paraguaya en Lima. Según explicó, la representación diplomática les envió un primer desembolso de 270 soles, unos 479.000 guaraníes, a los ocho días de haber llegado, y una segunda partida de 170 soles hace apenas una semana.

El chofer lamentó que el dinero solo les alcanza para cubrir los gastos de alimentación de dos días, debido a que los comerciantes locales inflan los precios de los productos básicos al notar la desesperación de los transportistas.

La situación se complica aún más para estos trabajadores debido a su condición laboral, ya que operan como propietarios independientes. Valdez aclaró que los camiones están registrados bajo una empresa de transporte local que únicamente les provee el permiso internacional necesario para circular por la región de manera legal.

A pesar de haber enviado toda la documentación correspondiente y sus datos de identidad a los responsables de la firma para solicitar apoyo, el conductor denunció que la empresa optó por llamarse a silencio y desentenderse del problema, dejándolos completamente a su suerte.

Actualmente, el panorama es de total incertidumbre para el grupo de paraguayos, quienes transportan cargas que van desde telas y plásticos hasta aceite bitónico.

A pesar de contar con todos los papeles de tránsito en regla para cruzar a territorio boliviano y continuar el viaje hacia Paraguay, los afectados no tienen una fecha estimada de retorno ni saben cuánto tiempo más durará el conflicto político ajeno que los mantiene retenidos.

El Gobierno Nacional dejó sin efecto los decretos 5306 y 5307, vinculados al régimen de industrias convergentes y proyectos de transformación energética, según confirmó este martes el ministro de Industria y Comercio y jefe de Gabinete, Javier Giménez.

“El presidente ordenó que se deje sin efecto los decretos relacionados con industrias convergentes”, afirmó el secretario de Estado, al anunciar la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo.

Las normativas habían sido promulgadas en enero de este año y posteriormente modificadas en abril, con el objetivo de establecer condiciones especiales para atraer inversiones de alto consumo energético al país.

El Decreto 5306 declaraba como política pública el desarrollo de las denominadas industrias convergentes, categoría que incluía actividades como centros de datos, inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y otras iniciativas tecnológicas intensivas en el uso de energía eléctrica. La normativa contemplaba además mecanismos especiales para la habilitación de estos proyectos y esquemas tarifarios específicos para el suministro de energía.

Por su parte, el Decreto 5307 estaba orientado a proyectos denominados “Power to X”, destinados a transformar energía eléctrica en productos de valor agregado como hidrógeno verde, amoníaco verde, metanol y combustibles sintéticos, considerados estratégicos dentro de la transición energética global.

Ambos decretos buscaban aprovechar la disponibilidad de energía hidroeléctrica paraguaya para captar inversiones nacionales y extranjeras, ofreciendo previsibilidad para proyectos de gran escala.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió dar marcha atrás a estas disposiciones. “Este gobierno no tiene empachos en corregir en lo que se tenga que corregir”, sostuvo Giménez al explicar la determinación.

El ministro argumentó que la prioridad del Gobierno pasa actualmente por fomentar un mayor aprovechamiento interno de la energía generada en el país. “La prioridad ahora es dejar de exportar energía y que se use en Paraguay”, expresó.

La derogación de las normas marca un cambio en la estrategia impulsada por el Ejecutivo respecto al uso de la energía disponible, en momentos en que el debate sobre industrialización, inversiones y aprovechamiento de los excedentes hidroeléctricos ocupa un lugar central en la agenda económica nacional.

El encuentro se llevó a cabo en Villa Serrati, sede del MEF, y estuvo encabezado por el ministro de Economía, Oscar Lovera, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. También participaron el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz; la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez; así como representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco).

Durante la reunión fueron evaluados los avances en el cumplimiento de los pagos correspondientes a obligaciones pendientes con el sector, además de la ejecución presupuestaria del MOPC en el presente ejercicio fiscal.

Las autoridades también analizaron el ritmo de ejecución de las obras públicas desarrolladas durante el año y las proyecciones previstas para el segundo semestre de 2026, en el marco de las inversiones impulsadas por el Gobierno en infraestructura.

El ministro Lovera destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el sector público y privado, señalando que este tipo de espacios contribuye a generar previsibilidad financiera y facilitar el desarrollo de los proyectos en ejecución.

En ese contexto, reiteró la apertura del Ministerio de Economía para continuar dialogando con los distintos actores vinculados a la actividad de la construcción y evaluar alternativas que permitan atender las necesidades del sector.

Por su parte, la ministra Centurión valoró el acompañamiento de los gremios en la búsqueda de mecanismos para avanzar en la regularización de los compromisos pendientes del Estado, al tiempo de destacar el trabajo conjunto desarrollado con el equipo técnico del MEF.

A su turno, representantes de Cavialpa y Capaco resaltaron la predisposición mostrada por ambas instituciones y destacaron la importancia de la mesa de trabajo instalada entre el Gobierno y el sector privado para coordinar acciones y plantear soluciones a los desafíos que enfrenta la actividad constructiva.