Riesgo de dengue está latente: verifican incremento de notificaciones en 4 puntos
La Dirección de Vigilancia de la Salud informó que si bien la curva de notificaciones de cuadros sospechosos de dengue se encuentra por debajo de años anteriores, en las últimas semanas se evidencia un leve aumento a nivel país, especialmente en Asunción, Guairá, Concepción y San Pedro Norte.
Según el reporte semanal de Vigilancia de Arbovirosis, en las últimas tres semanas, el promedio de notificaciones de cuadros sospechosos de dengue asciende a 152.
Actualmente, Alto Paraguay e Itapúa se hallan con corte de circulación del virus, sin notificaciones en las últimas tres semanas. Mientras que, en Central, distrito de Nueva Italia que anteriormente se encontraba con corte de circulación, esta última semana registró nuevamente notificaciones de dengue, correspondiente a las semanas epidemiológicas 35 y 36.
A la fecha, en nuestro país se han reportado 13.527 notificaciones de sospecha, de los cuales 1.995 son casos de dengue. La mayor cifra de infectados con el virus se registró en el departamento de Presidente Hayes (416) y en Concepción (307), le siguen Central (278), Alto Paraguay (240) y por último, Asunción (203).
También, a nivel país se cuenta con una tasa de incidencia acumulada de 183,96 por cada 100.000 habitantes. En las últimas tres semanas, la tasa de incidencia es de 6,20 por cada 100.000 habitantes. Central es la única región del país que registra más de 100 notificaciones en las últimas tres semanas.
El serotipo predominante en el territorio nacional es el DEN-2. Concepción y Boquerón cuentan con cocirculación de DEN-2 y DEN-4. Asunción e Itapúa se hallan con cocirculación de DEN-2 y DEN-1.
Desde la Dirección de Vigilancia de la Salud instan a la ciudadanía a realizar una revisión diaria del patio y del interior de la casa y desechar todo objeto en desuso que acumule agua para eliminar los criaderos de mosquitos.
Madre e hijo irán 12 años a la cárcel por vender drogas en Atyrá
La justicia condenó a una madre y a su hijo a 12 años de cárcel por tenencia y comercialización de drogas en la ciudad de Atyrá.
El agente fiscal antidrogas de Cordillera, Gedeón Escobar, obtuvo una condena de 12 años de pena privativa de libertad para Justina Ruiz Flecha y su hijo Alfirio Ruiz Flecha por la comisión del hecho antijurídico de tenencia y comercialización de drogas.
El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo integrado por las magistradas Ángela Carolina Jara, como presidenta, y Cristel Muller y Liliana Ruiz Díaz, como miembros.
El ilícito fue detectado en mayo del 2024. Los hoy condenados fueron detenidos durante un allanamiento realizado mediante orden judicial en una vivienda ubicada en la ciudad de Atyrá. En el citado lugar se hallaron e incautaron cocaína y otras sustancias, así como aparatos celulares y dinero de distintas denominaciones.
Cabe mencionar que Alfirio Ruiz Flecha cuenta con antecedentes por venta de drogas.
Piden ayuda para localizar a una mujer desaparecida hoy
Cecilia Sosa es una persona de 75 años que padece alzheimer y desapareció esta mañana en el barrio San Vicente de Asunción. Su familia pide ayuda para localizarla.
A las 11:00 de la mañana salió doña Cecilia de su casa ubicada sobre la Avda. Félix Bogado y Japón, barrio San Vicente de Asunción, al lado del supermercado Luisito.
La señora llevaba una hebilla blanca, remera blanca con motas negras y un short de color beige. Los familiares indicaron que la mujer padece alzheimer y que podría estar desorientada y asustada.

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En caso de tener información, se solicita intentar resguardarla y llamar de inmediato al 0981 362 040 o bien, directamente al 911.
Giuzzio aceptó favores de narco mientras negociaban contratos con el Estado, ratifica Fiscalía
La fiscala María Verónica Valdez se ratificó en sus alegatos finales en que el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio habría aceptado servicios de reparación, blindaje de vehículos oficiales y el préstamo de una camioneta blindada para un viaje familiar, otorgados “de cortesía” por el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, mientras gestionaban que se convierta en proveedor del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.
Durante su exposición ante los jueces, la representante del Ministerio Público recordó que Giuzzio se desempeñó como ministro del Interior entre el 22 de enero de 2021 y el 22 de febrero de 2022, periodo en el que se habrían producido los hechos investigados.
Según la acusación, el entonces secretario de Estado mantuvo contacto frecuente con el ciudadano brasileño, quien administraba la empresa Black Eagle Group SA, dedicada al blindaje de vehículos, mantenimiento de unidades blindadas, alquiler de móviles de seguridad y venta de materiales de protección.
De acuerdo con la Fiscalía, las comunicaciones entre Giuzzio y Marques de Padua se realizaban principalmente a través de mensajes de WhatsApp. En ese contexto, el 16 de agosto de 2021 el entonces ministro habría aceptado la oferta del empresario para enviar hasta Ciudad del Este una camioneta blindada Santa Fe, con chapa AAY 082, con el objetivo de realizar mantenimiento de suspensión, revisión del blindaje y retoques de pintura sin costo.
Posteriormente, en octubre de ese mismo año, Giuzzio también habría aceptado servicios de reparación y blindaje de otro vehículo asignado al Ministerio del Interior para la llegada de un agregado de la Policía de Israel. Según la acusación fiscal, el 15 de diciembre de 2021 igualmente se habría concretado la reparación de un móvil de la FOPE.
La fiscala también mencionó que el 26 de diciembre de 2021 Giuzzio solicitó ayuda al empresario brasileño para un viaje familiar de vacaciones, tras lo cual recibió en préstamo gratuito una camioneta blindada. El vehículo habría sido devuelto el 19 de enero del año siguiente.
Según la hipótesis del Ministerio Público, estos beneficios se habrían ofrecido a cambio de favorecer posteriormente a la empresa Black Eagle Group en procesos de contratación pública vinculados a la provisión de chalecos antibalas y blindaje de vehículos para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
Durante el juicio, la Fiscalía expuso que ya existían tratativas para concretar esos negocios. Entre las evidencias citadas figuran mensajes de noviembre de 2021 en los que el empresario informaba que se encontraba en Asunción con muestras de materiales para pruebas balísticas de chalecos antibalas.
Además, Giuzzio habría acudido junto con el comisario general Pablo René Ríos a las oficinas de la empresa para observar demostraciones de los chalecos. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2021, el entonces ministro participó junto a Marques de Padua en pruebas balísticas realizadas en el polígono de tiro de la FOPE.
Para el Ministerio Público, estas gestiones constituían parte de un esquema para direccionar futuras adjudicaciones a favor de la empresa del ciudadano brasileño, lo que contravendría las disposiciones de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas.
No obstante, las negociaciones no llegaron a concretarse, ya que Marques de Padua fue detenido el 15 de febrero de 2022, lo que interrumpió las tratativas para convertir a la firma en proveedora del Estado.
La Fiscalía sostiene que las pruebas documentales, mensajes y testimonios presentados durante el juicio demostrarían que Giuzzio aceptó beneficios indebidos en el marco de esas gestiones, conducta que implicaría la violación de sus deberes como funcionario público.