La crisis arrastrada con relación al platal que el Estado destina a los proyectos de “fortalecimien­tos” institucionales, mipy­mes, de reactivación econó­mica pospandemia del covid y la repartija de honorarios detrás entre el clan del pre­sidente del Centro de Infor­mación y Recursos para el Desarrollo (CIRD), ONG que administra los fondos, indica que los más fortalecidos son ellos, que viven facturando a costa de estas iniciativas que al final se traducen en nego­cio familiar.

Las pocas rendiciones de cuenta de la infinidad de pro­yectos estatales que adminis­tra el CIRD a las que accedi­mos vía Ley de Acceso a la Información Pública, ya que el hermetismo de las institu­ciones eludió la entrega de datos, de igual forma, reve­lan un rosario de facturacio­nes del clan de Agustín Carri­zosa, en el que también figura él mismo y el hijo de su coordi­nador anticorrupción, Fran­cisco Darío Alcaraz.

Según la planilla de algu­nas rendiciones de cuenta proveídas por la Contralo­ría General de la República (CGR), Agustín Carrizosa, presidente de la ONG que recibe las millonarias trans­ferencias del Estado, tam­bién registra cobros en concepto de honorarios de estos fondos, al igual que su pareja, María Berta Rojas Aveiro, su cuñada Marta María Rojas Aveiro y su hija Paola Carri­zosa Bradshaw, quien apa­rece con cobro de jornales.

Mientras que Carlos Fran­cisco Alcaraz, hijo del coor­dinador de “Más ciudadanía, menos corrupción”, figura con honorarios profesionales.

Sistemáticos y jugosos cobros registra la pareja de Carrizosa, principalmente en el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sina­focal) y otros como el Ministe­rio del Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Sistema Nacional de Promo­ción Profesional (SNPP). En la infografía que acompaña este artículo se puede ver fechas de comprobantes emitidos uno tras otro, incluso hasta 6 en una misma fecha, y algunos en el mismo día que en otras instituciones.

Solo con algunos proyectos en Sinafocal, Trabajo, MIC, SNPP, María Berta acumula facturaciones por G. 687,4 millones. Consultorías, ase­sorías e investigaciones son los conceptos de cobro por excelencia, aunque también hay algunos servicios comu­nicacionales.

La cuñada de Carrizosa es parte del clan con seguidilla de facturaciones. Según las pocas rendiciones a las que accedimos suma G. 271,5 millones en consultorías, asesorías e investigaciones en Sinafocal. Mientras que su hija Paola acumula jor­nales como fotógrafa por G. 106,4 millones, en el Proyecto de Reactivación Económica Poscovid de Sinafocal.

El presidente del CIRD tam­bién registra cobro en pro­yectos con el Estado. Acce­dimos a algunos de Sinafocal rescatados del denominado “Aplicación de Metodolo­gías Innovadoras en la For­mación Profesional y el For­talecimiento”.

En la conversación ante­rior, cuando consultamos a Carrizosa sobre los cobros de su familia en proyectos de Sinafocal, también le había­mos preguntado por los hono­rarios suyos a lo que respon­dió: “Sí, claro, yo también. Yo soy director del CIRD”.

Solo con algunos de los pro­yectos con Sinafocal, MIC, Trabajo y el SNNP el clan Carrizosa y el joven Alcaraz se repartieron G. 1.113 millo­nes de la plata proveniente de los contribuyentes.

Mientras estos negocios se cocinan en la ONG, detrás de los proyectos estatales ante una inentendible permisi­bilidad de nuestras autori­dades que no pueden alegar desconocimiento del festín que en condiciones privile­giadas se manda un clan con el dinero público, las cabezas de la organización se aban­deran de grandes iniciativas anticorrupción que persigue el tráfico de influencias, el uso discrecional de los recursos del Estado, la impunidad, etc.

En nuestra edición anterior mostramos las vinculaciones y el esquema de negocios de una rosca que se fortalece con los proyectos anticorrupción que genera entusiasmo en la ciudadanía, que busca solu­ciones a las irregularidades en el sector público. “Más ciu­dadanía, menos corrupción”, del área de transparencia del CIRD, tiene detrás a consul­toras que facturan en este proyecto y a las que están vinculados el propio coor­dinador Alcaraz y su hijo como staff de profesionales de estas empresas.

Isabel Benítez Espínola (Beas Consultora) es con­tadora de Alcaraz. Esta le aseguró como empleado en el Instituto de Previsión Social, mientras él le dio algunos trabajos en “Más ciudadanía, menos corrup­ción” y, según nos confirmó él, también le hace algunas consultorías a la mujer.

En este contexto de amista­des está también la consul­tora Tabacman, donde está Romy Vaesken, quien a la vez es directora de la ONG Con­ciencia Viva, subcontratada en “Más ciudadanía, menos corrupción” y en la que tam­bién aparecen como consulto­res Carlos Francisco Alcaraz junto con su papá Francisco Alcaraz, coordinador del proyecto. Es así que, quienes lideran los ruidosos proyec­tos anticorrupción, en rea­lidad están haciendo nego­cios usando principalmente como blanco a algunos políti­cos que no gozan de la simpa­tía mediática y aprovechando el hartazgo de la ciudadanía.

Ignacio Antonio León Giménez, de 40 años, resultó víctima de un ataque con arma de fuego el pasado lunes en una estancia situada en el barrio San Salvador de Caapucú, departamento de Paraguarí.

Este hombre, quien se desempeña como empleado del establecimiento ganadero, fue baleado presuntamente por su propia pareja, identificada como Arminda Pereira Fernández, de 35 años.

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El informe indica que el posible trasfondo del incidente serían los celos por parte de la mujer, dado que León se habría encontrado ocasionalmente con una expareja durante una jineteada a la que asistieron en la zona de Quiindy.

Luego de herir a la víctima, Pereira se dio a la fuga a bordo de una camioneta, por lo que en estos momentos permanece prófuga y con paradero desconocido.

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Por su parte, el trabajador de estancia fue asistido por sus padres, quienes se encontraban a unos metros y escucharon el disparo, tras lo cual lo trasladaron al Centro de Salud de Caapucú.

A raíz de la complejidad de su cuadro, nuevamente fue derivado al Hospital Regional de Paraguarí, donde en estos momentos permanece internado.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, recibió en su despacho al ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, para analizar alternativas que permitan hacer frente a la deuda histórica y vigente que mantiene el MEC con la institución, la cual asciende a Gs. 84.323.650.552.

Durante la reunión, el ministro Ramírez propuso la cesión de propiedades del MEC como parte de pago, una opción que podría destinarse a la construcción de nuevas subestaciones y agencias Regionales, según informaron desde la ANDE.

Como resultado del encuentro, ambas instituciones acordaron establecer un seguimiento permanente a través de mesas de trabajo, integradas por representantes legales del MEC y la ANDE, junto con técnicos de la Gerencia Comercial, para seguir avanzando hacia la implementación de un mecanismo definitivo de regularización.

Estas conversaciones se desarrollan en cumplimiento de las instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, quien impulsa la regularización de las deudas históricas de las instituciones públicas,.

En la madrugada de este martes se registró un asalto a mano armada en el interior del Edificio Fortaleza, ubicado sobre la avenida Boggiani y la calle R.I. 3 Corrales, en el barrio Mariscal Estigarribia de Asunción.

Los autores fueron cinco hombres con el rostro cubierto y vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional, quienes ingresaron al complejo edilicio a través del ascensor.

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Luego de encañonar y reducir a los guardias de seguridad, los criminales se dirigieron directamente hasta el departamento perteneciente a Miguel Ángel D’Ecclesiis Ferreira, de 57 años.

Tras amenazarlo a punta de arma de fuego, lo obligaron a hacer entrega de una importante suma de dinero, además de varias joyas. Una vez lograron su cometido, huyeron del lugar a bordo de una camioneta.

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Preliminarmente, se habla de una suma de entre G. 35 millones y G. 65 millones. Dicho monto iba a ser destinado al pago de salarios de los empleados de la víctima, un empresario del rubro de la electrónica, oriundo de Ciudad del Este.

La Policía Nacional inició una investigación para identificar y dar con el paradero de estos malvivientes. No se descarta que los mismos hayan participado en otros asaltos, incluyendo el perpetrado recientemente contra una empresa transportadora.