Rutas de intervención interinstitucional para la atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual y a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual presentó el informe en la primera fase que se dan dentro de las 72 horas de ocurrido el hecho desarrollado con el apoyo de UNFPA.

El objetivo es ofrecer la asistencia integral a las víctimas de abuso sexual respetando las normativas vigentes con enfoque de derechos y diversidad en los primeros tres días, la implementación se encuentra en fase piloto y se prevé su oficialización para el próximo año.

El desafío es lograr el involucramiento a nivel local para brindar una respuesta oportuna a las víctimas de abuso y violencia sexual y se enfatiza en las intervenciones para la prevención y reducción del embarazo en niños y adolescentes.

“Vimos que la mayoría de las instituciones disponen de protocolos para la atención a víctimas. Lo que falta es definir acciones específicas sobre violencia sexual. Ahora contamos con un borrador de estas rutas de intervención interinstitucional para el abordaje de la problemática del abuso y la violencia sexual en mujeres, en personas adultas y en niñas, niños y adolescentes”, afirmó María Elena León, jefa del Programa Nacional para la Prevención y Atención Integral de mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia.

Indicó que las denuncias de abuso van en aumento y que esto se debe a que existe una mayor sensibilización por parte de la ciudadanía para desnaturalizar estos hechos y también del funcionariado público para el registro adecuado de estos hechos.

La ejecución del proyecto piloto se encuentra en planes de definición, así como los territorios que serán seleccionados para el efecto, sobre la base de ciertos indicadores y variables que la mesa irá definiendo, en la que se tendrá en cuenta datos estadísticos de las instituciones, entre otros.

Desde el nivel central, se está llevando a cabo la identificación de quienes serán los referentes para dinamizar a nivel local el desarrollo del Plan piloto.

De la mesa de trabajo participaron técnicos y referentes del Ministerio de Salud, de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, SENADIS, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Defensa Pública, Ministerio del Interior, MEC, UNFPA, entre otros.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.