El presidente de la Cámara de la Indus­tria Química Farma­céutica (CIFARMA), Gerardo García Saguier, acudió esta mañana al Congreso Nacional para mantener una reunión con integrantes de la mesa directiva del Senado.

El motivo de su visita fue para analizar los detalles de un proyecto de ley que pretende cancelar la deuda que mantiene el Ministerio de Salud con las empresas farmacéuticas por la provisión de medicamentos.

A la fecha, el Estado adeuda cerca de USD 152 millones a este sector y sus representantes piden que esto se pueda cancelar “lo antes posible”. Dicha deuda se generó en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19.

García sostuvo que ahora más que nunca están necesitando recursos para poder adquirir más materias primas para seguir la producción y tener los medicamentos para los distintos tratamientos de los pacientes.

“Encontramos una predisposición prácticamente del 100% de los senadores”, indicó en relación al proyecto de ley que pretende saldar la deuda del MSPBS a través de un mecanismo especial que requerirá la utilización de recursos financieros que están inmovilizados en el BCP en concepto de encajes o liquidez.

El compromiso de la industria farmacéutica es que, una vez finiquitada la deuda, se puedan reducir los precios de medicamentos en las licitaciones públicas que sean impulsadas más adelante, de manera a dar acceso a la población.

“Nosotros como industria jamás hemos dejado de provisionar al Ministerio de Salud a pesar de la deuda porque consideramos que nuestro producto es prioridad en el consumo nacional”, puntualizó el titular de CIFARMA.

Es considerado trabajo infantil toda actividad económica realizada por un niño, niña o adolescente, que le impide desarrollarse dignamente, restringe su participación y derecho a la educación y le causa perjuicios en su salud, su condición física, mental y moral. En Paraguay, los menores de 14 años no deben trabajar y los adolescentes mayores de 14 hasta los 17 años pueden hacerlo, en condiciones de protección especial.

El trabajo adolescente protegido debe desarrollarse en condiciones diferentes a las de los trabajadores adultos y en actividades que no sean peligrosas para su salud, seguridad o moralidad, de manera a garantizar su desarrollo integral. Uno de los requisitos diferenciales se relaciona con el horario laboral. El adolescente de entre 14 y 16 años no podrá trabajar más de 4 horas diarias ni más de 24 horas semanales. El de 16 hasta 18 años no podrá trabajar más de 6 horas diarias ni más de 36 semanales. Para los trabajadores que todavía asistan a instituciones educativas, las horas diarias de trabajo quedarán reducidas a 4.

Asimismo, el adolescente en edad legal de trabajar debe estar registrado en el Registro del Adolescente Trabajador (RAT), ante la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) de la Municipalidad donde vive. Esto permitirá que el ministerio pueda hacer seguimiento de las condiciones en que desarrolla su trabajo.

Otro requisito es el tipo de trabajo. El adolescente no debe realizar actividad alguna considerada como las peores formas de trabajo infantil, como esclavitud, prostitución, pornografía, actividades ilícitas y trabajo infantil peligroso.

¿Cómo gestionar la constancia en el RAT?

Los adolescentes, acompañados de sus padres, deben acercarse a la CODENI de su distrito para registrarse. Los empleadores que ocupen a trabajadores adolescentes están obligados a llevar un registro e informar sobre este tipo de contrataciones dentro de las 72 horas.

Si se tiene una oferta de trabajo, recabar toda la información sobre la misma y del empleador. Esos datos serán solicitados a la hora de gestionar el RAT en la CODENI. Ante esta instancia también se deben presentar los documentos del adolescente, como fotocopia de tu cédula o certificado de nacimiento, fotocopia de la cédula de uno de tus padres o tutor responsable, constancia de escolaridad del colegio y certificado de examen médico clínico.

El adolescente podrá trabajar una vez que tenga la constancia en el RAT expedida por la CODENI. Para consultas, comunicarse al (0971) 137 740 o al correo dgpna@mtess.gov.py.

En concepto de cesión de energía, la deuda de Argentina con Paraguay asciende a 123 millones de dólares, mientras que, la deuda por gasto de funcionamiento es de 85 millones de dólares, lo que en total suma 208 millones de dólares.

“Estamos teniendo un desembolso bastante bajo. En enero, 12 millones de dólares, febrero de 8 millones y en marzo de 6 millones”, confirmó el director paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez, en una entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media.

Lo correspondiente a abril se espera para los próximos días. Mientras tanto, los gastos se van cubriendo con lo que consume la ANDE de energía, que, en porcentaje se encuentra en segundo lugar detrás de Itaipú.

Respecto al acuerdo Cartes-Macri, que establece los mecanismos financieros para el funcionamiento de la entidad, el documento nunca fue aprobado por el Congreso argentino, pero el actual presidente Javier Milei se comprometió a impulsarlo.

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Al margen de lo que se resuelva, Paraguay necesita que Argentina aumente el desembolso mensual, ya que, pese a los bajos pagos, continúan retirando energía con normalidad, pero a un precio totalmente subsidiado, pues el Ministerio de Economía de Argentina no está pagando la diferencia.

Se maneja la información, según el director paraguayo, que para mediados de año mejoraría la situación en general en la margen izquierda.

REPERCUSIÓN

Con este déficit, Yacyretá no puede asumir nuevos compromisos, pues a duras penas cumple con los que ya tiene. También arrastra atrasos con sus proveedores, no obstante, realiza pequeños desembolsos mensuales.

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El fiscal Luis Trinidad Colmán imputó a Oscar Adrián Posteguillo Rojas (30), directivo de una firma de automotores, por el supuesto delito contra la autonomía sexual (acoso sexual) en perjuicio de una empleada de la firma.

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La denuncia fue radicada por la víctima que  señaló que los acosos se produjeron de manera sistemática desde dos meses antes de la presentación de la acción penal, en el interior de la firma denominada “HVN Automotores” de Ciudad del Este.

El imputado, quien por el período de 2 años se desempeñó como jefe de la víctima en el sector administrativo, y además es hermano del dueño de la empresa en cuestión, habría acosado sexualmente a la empleada en reiteradas ocasiones, pese a que era casado y sabiendo que la víctima también estaba en pareja.

En la carpeta de investigación fiscal obra la declaración testimonial pormenorizada de la víctima y otros compañeros de trabajo. Además de los informes y tratamientos psicológicos recibidos por la afectada como consecuencia de los hechos de acoso sexual.

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El fiscal solicitó la aplicación de medidas alternativas para el imputado, quien deberá cumplir con ciertas reglas de conducta, como fijar y mantener un domicilio determinado para todos los efectos legales, permanecer a disposición del Juzgado de Garantías y de la Fiscalía, la obligación de no ausentarse del país y la prestación de una caución real adecuada por el propio imputado o por otra persona solvente.