En conferencia de prensa, el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, brindó el más reciente informe de arbovirosis y confirmó que se mantiene alta la cifra de casos de chikungunya.

Según los datos actualizados, en las últimas tres semanas se notificaron unos 365 casos de dengue y 13.010 de chikungunya, con 16.781 catalogados como sospechosos.

Desde el inicio de la actual epidemia se reportaron 61 fallecimientos por chikungunya, siendo la mayoría de las víctimas personas mayores de 60 años y con comorbilidades.

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“Existe un subregistro muy grande, hay un montón de gente que ya no consulta”, afirmó Sequera, señalando que muchos pacientes con síntomas no acuden a los hospitales y, por ende, no tienen un test o un diagnóstico.

En la actualidad, la tasa acumulada en cuanto al número de casos por cantidad de habitantes se mantiene estable pero con un leve aumento, sostuvo. “Estamos con una meseta muy alta”.

Asunción, Central y Alto Paraná se mantienen como principales epicentros, registrando el 68% de los casos, aunque la epidemia se va extendiendo a diferentes localidades del interior del país. En lo que se refiere al departamento Central, el 50% de los casos se encuentran concentrados en 4 ciudades: San Lorenzo, Luque, Lambaré y Capiatá.

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“Lo que nos preocupa es que si esta epidemia sigue aumentando o tiene una meseta alta, va a tener sus muertos, y los muertos se van a trasladar a los otros departamentos del país y hay que prepararse”, puntualizó Sequera.

Una comitiva policial encabezó un allanamiento esta mañana en el barrio Mora Cué de Luque, en prosecución a una investigación por un intento de sicariato ocurrido semanas atrás.

Durante el procedimiento fue detenido Édgar David Figueredo, quien según las investigaciones podría estar vinculado al hecho ocurrido en la ciudad de J. Augusto Saldívar.

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Según manifestó a la 1080 AM el fiscal Pedro Clever, dieron con esta persona tras hacer el seguimiento a la motocicleta utilizada por el supuesto sicario a través de cámaras de circuito cerrado.

Figueredo sería la persona que manejó dicho biciclo y se presume que también habría sido el que ejecutó los disparos contra el abogado Rafael Ruiz Cabañas, quien logró salvarse de milagro.

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Coincidentemente, el detenido es hijo de la mujer con quien este profesional del derecho tuvo litigios judiciales por sucesión de inmuebles hace un tiempo atrás.

Durante el allanamiento fueron incautados la pistola y la motocicleta que habrían sido utilizadas en el intento de homicidio.

La constitución estuvo encabezada por la agente fiscal Fátima Girala, a fin de ingresar al sistema informático penitenciario, llamado SIPPy.

El motivo del procedimiento es indagar la liberación del condenado Luis Héctor Morínigo Cantero.

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El reporte indica que la fiscal contó con el acompañamiento de un perito del Ministerio Público a fin de corroborar cuáles son las condenas que se encuentran cargadas en el sistema. “Nos informó la directora de Informática que el sistema central está establecido allí, en red con todas las penitenciarías del país; cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando”, explicó Girala.

“Cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando, esto es así desde el año 2019, ya que en el 2018 se hizo una carga masiva con funcionarios del Ministerio de Justicia”, agregó.

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Los antecedentes del caso indican que Morínigo Cantero fue condenado hasta el 2040 y debía permanecer 30 años en Tacumbú. Sin embargo, fue liberado y expulsado del país en abril, de acuerdo a las informaciones proveídas desde la Dirección Nacional de Migraciones. El mismo fue condenado por una serie de violaciones a mujeres ocurridas en la ciudad de Itá.

Las fiscales Irma Llano y Alba Delvalle imputaron al ex titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a su esposa Luz Marina Gonzalez de Durand y varios directivos de Mocipar acusados de haber estafado a los clientes de la empresa.

De acuerdo a los datos de la fiscalía, las personas pagaban mensualmente a Mocipar la cuota en concepto de vehículos, electrodomésticos e inmuebles que eran ofrecidos por la entidad a precios accesibles, pero nunca recibieron una contraprestación. 

Según el acta de imputación, estos hechos ilícitos se habrían registrado en el 2016, cuando Durand presentaba un programa televisivo, pero persistió hasta el 2019 y 2020.

Las agentes fiscales solicitaron al juzgado de Garantías implementar medidas sustitutivas a la prisión. 

Dany Durand ocupó el cargo de ministro del MUVH hasta el 30 de octubre de 2020 cuando presentó su dimisión al cargo. 

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