Salud mantiene oculto convenio con privados y deja fuera a los que ya no pueden pagar

El Ministerio de Salud Pública sigue manteniendo oculto el convenio con los sanatorios privados para el uso de las unidades de terapia intensiva (UTI) y además el convenio no incluye a aquellos pacientes que ya están internados en ese sector pero no pueden seguir pagando el costo de la internación.

La Dra. Leticia Pintos, directora de Terapias y Urgencias del Ministerio de Salud, defendió en entrevista con el programa Tempranísimo, de la radio Universo 970 AM, el convenio con los sanatorios privados, para que el sector público pueda derivar pacientes críticos a las camas de UTI del privado en caso de desborde.

Según mencionó, hoy en día hay cuatro pacientes que fueron trasladados del sector público al privado.

“Es un convenio que incluye el servicio completo. La proyección del convenio es para salvar la vida de las personas”, detalló respecto al alcance de este acuerdo entre las partes. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio no dio a conocer a la opinión pública todos los pormenores de este convenio.

Lo que sí se sabe es que el traslado del paciente del público al privado posee un límite de 15 días, aunque está sujeto a la condición de cada caso. Cuando se libera nuevamente una cama en el público o el paciente logra ser estabilizado, sale del sanatorio privado.

Otro punto que se dejó bien en claro desde el inicio es que aquellos internados en los privados que ya no pueden seguir pagando, necesariamente deben ser trasladados a los públicos, ya que no están incluidos en este convenio. Pintos agregó que no desean que los privados mal utilicen este acuerdo a su beneficio.

Sí afirmó que incluye el traslado al sector público a los pacientes asegurados en los privados cuando requieran un servicio que no brinda el sanatorio, como por ejemplo una diálisis.

 

No se puede exigir test de Covid-19 para volver al trabajo, advierte Viceministerio

La exigencia del resultado negativo del coronavirus para reincorporarse al trabajo es absolutamente ilegal y basta con cumplir el periodo de cuarentena y no presentar síntomas, advierte el Viceministerio del Trabajo.

“Eso está fuera del marco legal, creemos conveniente que cuando cumplen su proceso de aislamiento no hace falta que presenten un test negativo para volver a sus puestos, siempre que ya no tengan los síntomas”, explicó el viceministro de Trabajo Daniel Sánchez en comunicación con el programa Tempranísimo (Universo 970 AM).

Argumentó que los tests generan un costo para el empleado en caso de recurrir al sector privado y para el Estado en el sector público. A esto se suma la intención de cuidar los reactivos.

El viceministro reveló que son numerosas las denuncias de empleados que no solo reciben esta exigencia para retornar, sino que además son obligados a trabajar más horas por encontrarse en el método home office.

Los canales habilitados para formular denuncias laborales son las líneas 021 729 0100, internos 545/514 o el 0983 396 112 o al correo karinagomez@mtess.gov.py a cargo de la directora Karina Gómez.

DEFINICIÓN DE CONTACTO

Toda persona que ha experimentado un contacto cara a cara (sin mascarilla) con un caso confirmado a menos de 2 metros y durante al más de 15 minutos durante los 2 días anteriores y los 14 días posteriores a la aparición de síntomas del caso confirmado.

Para casos asintomáticos confirmados por laboratorio, el periodo de contacto se mide desde 2 días antes hasta 14 días después de la fecha en la que se tomo la muestra que dio lugar a la confirmación.

 

Exigen noticias de la niña desaparecida en Emboscada

Integrantes de la Organización Ni un niño más se manifiestan este jueves para exigir novedades de la menor desaparecida en Emboscada el 15 de abril.

“Acompañamos esta manifestación el día de mañana 24 de septiembre a las 08:00. Esperamos contar con tu presencia, no nos harán callar”, dicen los organizadores de la movilización.

La niña de entonces 7 años desapareció el 15 de abril último en Monte Pakarä, Emboscada, donde según los encargados fue detrás de dos cabras, versión que posteriormente quedó desechada por los investigadores, quienes encontraron a los animales a varios kilómetros de allí, una distancia que no podrían haber recorrido por sus propios medios.

La madre de la víctima fue imputada por abandono y violación del deber del cuidado. El padrastro es investigado por los mismos hechos punibles, pero también por pornografía infantil. Ambos se encuentran en prisión.

Con lo recogido en los últimos operativos fueron analizadas más de 80.000 fotografías y 7.000 audios. Fue a partir de allí que se resolvió ampliar la imputación contra el ciudadano alemán.

La última diligencia debía cumplirse el viernes pasado y consistía en la extracción de muestras de sangre de la madre para las pruebas de ADN y la comparación con los cuatro rastros encontrados en la estancia.

 

Sancionan ley que recorta privilegios y topea salarios, pero excluyen a binacionales

La Cámara Baja derivó al Ejecutivo la ley que racionaliza el gasto público, mediante topeos salariales, limitación de asesores, prohibición de contratar parientes, entre otras cosas. Funcionarios de las binacionales no están incluidos en el proyecto.

La versión sancionada estipula que ningún funcionario público, a excepción de los que tienen misión en el extranjero, podrá percibir una remuneración superior a la del presidente de la República, es decir, 37 millones de guaraníes.

Esto incluye no solo el sueldo neto, sino la sumatoria de remuneraciones adicionales o extraordinarias, bonificaciones y otros tipos de ingreso. El argumento de excluir a las binacionales radica en la prelación de leyes y que estas entidades se rigen por tratados internacionales.

Otro aspecto aprobado es la limitación para la contratación de asesores que será hasta tres y mantendrán vínculo con el estado mientras la autoridad que los contrató permanezca en el cargo. Posteriormente se marcharán sin derecho a indemnización.

Se prohíbe también la contratación de parientes dentro del cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, tanto de la máxima autoridad de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), como de los miembros de sus órganos colegiados.

Se eliminan también las remuneraciones adicionales en concepto de cumplimiento del deber de asistencia al lugar de trabajo, que se conoce como presentismo.

Por otro lado, no se podrá realizar el traslado definitivo ni el comisionamiento de funcionarios de un organismo o entidad a otra distinta, cuando no concuerde la naturaleza y necesidades de la institución de destino con el perfil profesional del funcionario.

La ley sancionada fue derivada al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto, según considere el presidente.