El Dr. Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud, sostuvo a la radio 780 AM que la intención es que antes de fin de año, se pueda saldar la mayor parte de la deuda que se tiene, tanto con sanatorios privados como con farmacéuticas.

La autoridad explicó que el problema radica en que existen dos métodos de pago: fondos nacionales y fondos Covid. Para el primero necesitan la liberación del dinero de parte de Hacienda y es aquí que se genera el cuello de botella.

Por ello, según Martínez, se requiere un cambio de la ley para el fondo. “Queremos una forma de pago más ágil, necesitamos cambiar la forma de pago y agilizar”, indicó.

Por su parte, Rita Villalba, directora de Finanzas del Ministerio de Salud Pública, en conversación con Radio Nacional, aseguró que la cartera sanitaria realiza los pagos normalmente a sanatorios, cumpliendo con el convenio, suscrito desde noviembre de 2020 hasta junio de 2021 y con las leyes de “Gasto Cero” por pacientes derivados al sector privado con COVID-19, tanto en sala común como en terapia intensiva.

“Hemos pagado ya unos 130 mil millones de guaraníes y hoy tengo un expediente, un total de 45 mil millones de guaraníes como para pagar, estamos realizando normalmente los pagos y en lo que se refiere al tema de Gasto Cero que sería la ley 6725 y 6742, ya estoy teniendo hasta el viernes un total de 135 mil millones de guaraníes, de los cuales nosotros ya hemos pagado unos 45 mil millones”, detalló.

Con respecto al reclamo del sector privado, de una deuda de 43 millones de dólares, mencionó que probablemente tenga la Dirección de Terapias más documentaciones o que los sanatorios sigan atendiendo y que todavía no enviaron los expedientes y que se refieran a un total general de la deuda.

El informe policial refiere es que el accidente se registró ayer, en horas de la noche, sobre la avenida Monseñor Rodríguez casi Ruta PY07 de la mencionada ciudad.

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Se trata de un tractocamión de la marca Scania, modelo R124, color blanco, del año 1997, con semirremolque marca Guerra, conducido por Alberto Daniel Velaztiqui García (32).

Los agentes de la comisaría 7° se constituyeron en el lugar encontrando el camión de gran porte volcado y recostado hacia el lado izquierdo, con la carga esparcida sobre el asfalto.

El camionero relató a los intervinientes que circulaba sobre la avenida Monseñor Rodríguez en dirección este, y al llegar en la intercepción con la Ruta PY07, perdió el control del tractocamión, lo que ocasionó el vuelco.

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Silvio Corbeta, fiscal de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos, formuló acusación y solicitó juicio oral y público para Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube.

Roa fue acusado por cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

En cuanto al empresario Koube, la acusación es por lavado de dinero, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

El documento consta de 117 páginas y queda a cargo del Juzgado Penal de Garantías, que, una vez recibidas todas las pruebas, deberá fijar fecha para el inicio del juzgamiento.

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El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Según la pesquisa, Koube entregó el yate al exministro de Emergencia Nacional como para de una coima para ganar al menos 10 licitaciones entre los años 2018 y 2021 por una suma que ronda los G. 16.000.000.000.

El empresario y el exministro abdista se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos, la obtención de una embarcación AZ 42, valuada en USD 450.000 y sumas de dinero.

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La Senad conformó un equipo destinado a la intervención de cultivos ilícitos de marihuana en un sector rural de Bella Vista Norte, en el cual se encontraban varios centros de producción de la droga compuestos por campamentos en los que se trabajaba el procesamiento de unas cuatro hectáreas de la hierba. En la acción fueron eliminadas alrededor de 15 toneladas del producto ilícito.

Los intervinientes fijaron la destrucción de cinco campamentos ubicados en un establecimiento rural, para posteriormente destinar esfuerzos a la erradicación de cuatro hectáreas de la droga.

El operativo no solo le limitó a la anulación de la superficie plantada sino también a la eliminación de 1.500 kilos de la droga puesta al secado y 1.940 kilos listos para el empaquetado.

En total el operativo supervisado por el fiscal Celso Morales sacó de circulación más de 15.000 kilos de marihuana.

Las Oficinas Regionales se encuentran trabajando coordinadamente en la localización y posterior desmantelamiento de los centros de procesamiento de cargas ilícitas. Oficinas como Bella Vista Norte y Pedro Juan Caballero planean dar fuerza a nuevas incursiones que se irán acompañando con investigaciones paralelas.