Mediante gestión articulada entre el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional del Cáncer – INCAN, y el Instituto de Previsión Social, se garantiza la medicación a pacientes oncológicos asegurados de la previsional, que se encuentra con stock cero de algunas drogas, en tanto el proceso de licitación para la compra culmine y reciba el lote, entre los meses de octubre y noviembre próximos.

El Dr. Raúl Doria, director del INCAN, enfatizó que los pacientes no pueden esperar ese tiempo para proseguir con sus tratamientos, por lo que se activó el proceso de contraprestación de servicios entre ambas instituciones. Las drogas que Salud Pública entrega al IPS son Cetuximab y Fulvestran, de acuerdo con lo detallado por el director de este centro especializado del Ministerio de Salud.

La actual administración del INCAN, desde que asumió, se aboca a la gestión de reabastecimiento de medicamentos oncológicos que estuvieron en falta durante meses, lo que impedía a muchos pacientes continuar con sus tratamientos de forma oportuna.

En ese sentido, desde la primera semana de gestión, el titular del INCAN se ha reunido con las asociaciones de pacientes y con los proveedores, para buscar una solución inmediata a la necesidad que encontró a su ingreso en la institución. De esta forma, se logró reabastecer la mayoría de los ítems en falta, con excepción del Cisplatino y el Palbociclib, que no están disponibles en el mercado debido a que las empresas adjudicadas en el llamado no cuentan con estos productos para la entrega.

“Tenemos varias opciones para paliar la falta de medicamentos y que ninguna persona quede sin su tratamiento. Estoy comprometido a seguir buscando las soluciones para todos los pacientes, porque ellos merecen nuestro máximo esfuerzo para brindarles respuesta oportuna. El tiempo es valioso”, remarcó el Dr. Raúl Doria.

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El informe del Ministerio Público indica que el fiscal Villalba también solicitó la elevación de la causa a juicio oral. El requerimiento conclusivo se presentó en el Juzgado de Garantías número 8, a cargo de la magistrada Paola Nagele.

De acuerdo con los antecedentes, el extranjero contaba con locales comerciales denominados “Novamed”, en algunos edificios de Ciudad del Este, donde vendía al por mayor y presuntamente de manera irregular maquinarias y equipos para uso médico y hospitalario.  Estas mercancías carecían de la documentación que acredite su introducción legal al país y no contaban con la autorización sanitaria correspondiente, según la acusación fiscal.

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Tras la denuncia recibida por el Ministerio Público, funcionarios de la Unidad Nº 1 en la Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo realizaron una compra vigilada en el comercio en cuestión, en cumplimiento a una autorización judicial. Los intervinientes, que se hicieron pasar como clientes, adquirieron 10 unidades de frascos de Israderm 100 UI, cuyo pago fue realizado a través de depósito bancario a cargo del banco Sudameris a nombre de la firma Pytangy.

Según la investigación, la firma intervenida es una organización que cuenta con una estructura y metodología de operación para la comercialización de los productos ingresados irregularmente del extranjero, que posteriormente se ofertaban a través de varios locales comerciales que funcionan en el microcentro de Ciudad del Este y en Pedro Juan Caballero, conforme señala el escrito fiscal.

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Asimismo, ofrecían sus mercaderías a través de páginas virtuales en las redes sociales, sin contar con el registro sanitario correspondiente, según el informe de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA). A raíz de estas irregularidades, el fiscal Ysrael Villalba dispuso, en su momento, la imputación de Toufi Mohamed El Safadi por los supuestos hechos punibles de contrabando y comercialización de medicamentos no autorizados.

El reporte refiere que desde el inicio de la cobertura Caacupé, la cartera sanitaria realizó 5.181 asistencias médicas a peregrinantes, desde los puestos sanitarios provisorios y fijos instalados para la causa. De este número, 41 fieles fueron derivados a centros asistenciales.

Hasta el momento no se registró ningún caso de gravedad ni fallecimiento. En cuanto a los casos predominantes de consultas se encuentran: vómitos, diarrea, cefalea, dolores musculares, ampollas, hipertensión arterial, control de presión arterial.

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Asimismo, desde Salud recuerdan que, se encuentran disponibles las líneas 141 para pedido de ambulancias, 132 para bomberos y 911 para la Policía Nacional, ante cualquier emergencia.

La adolescente fue asistida en el km 34 de la ruta 2, en la ciudad de Itaugua. La misma estaba en una bicicleta cuando se desplomó en el asfalto. Presentaba lesiones en el cuello.

El ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, comentó que el caso fue intervenido y la menor derivada al hospital para confirmar o descartar el hecho.

Explicó que los movimientos masivos de personas representa un riesgo para los niños por lo que, desde el Ministerio de la Niñez instalaron medidas de protección durante estos días.

“Estas son las situaciones que nos motivan a estar acá porque no todas las personas vienen con buenas intenciones”, sostuvo en conversación con la radio 1080 AM.

Gutiérrez mencionó que en la plaza Teniente Fariña de Caacupé, el MINNA cuenta con un amplio espacio de referencia, donde se atienen situaciones que involucren a los menores.

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