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Los funcionarios que hacen de asesores en la estatal cuestan G. 394 millones al mes y varios son del movimiento Colorado Añetete.

Uno de ellos es Félix Carlos Ramón Careaga Roa, cono­cido hurrero del departamento de Guairá, recomendado del ministro “semibachiller” Rodolfo Friedmann. Su sueldo es de G. 10 millones y su fun­ción es “asesorar” a los geren­tes de la planta industrial de la petrolera estatal, ubicada en la localidad de Mauricio José Troche.

Favor político que resulta una burla a la ciuda­danía cuando esta adminis­tración no se compadece del bolsillo de la gente. No existe una política de subsidio o de precios más competitivos de los combustibles que vende la empresa estatal, pese a que su administradora dice que rebozó su stock debido a que compró a precios “más bue­nos” para justificar la caída de US$ 52 millones de las cuentas bancarias.

Además, con Samudio la petro­lera perdió US$ 9 millones de su patrimonio en los últimos 12 meses.

Otro caso es el de Patrocinio Brítez Fernández, quien según planilla de funcionarios tiene el cargo de “asesor” y cumple la función de gerente. Tiene un salario de G. 19.999.999.

Brítez Fernández fue conce­jal departamental de Guairá durante el período 2013-2018 y es operador político de Abdo Benítez en la zona.

María Luisa Fernández es otra asesora de la titular de Petro­par, Patricia Samudio. Según la nómina de funcionarios, su salario es de G. 19.999.999. Es esposa del ex diputado Ramón Cabral y fue miembro de la Junta Municipal de Villarrica el período anterior.

La lista continúa con Gus­tavo Alfonso Pettengill Bareiro, quien según plani­lla está en un cargo de jefa­tura y desempeña la fun­ción de asesor. Su salario es de G. 20.422.510, incluyendo bonificaciones, peligrosidad y grado académico.

Otra es Judith Jara Rojas, quien figura en la nómina de funcionarios con un salario de G. 19.999.998. La misma fue contratada como ase­sora de comunicación, según trascendió.

Otro “asesor” es Francisco Regis Mereles Maciel, quien ingresó a la petrolera este año y tiene un salario de G. 19.999.998. Según los antece­dentes, el mismo años atrás fue presidente del Senave.

A esta lista también añadi­mos al director jurídico Diego Rienzi Zarza, quien percibe G. 22.936.622, incluyendo beneficios como gastos de representación, peligrosidad y grado académico.

El mismo es un viejo conocido de la presidenta de la estatal, ya que ambos se encontra­ban en la administración de Aceros del Paraguay SA (Ace­par) en el 2013. Rienzi fue accionista y presidente de la empresa, mientras que Samu­dio se encontraba en la direc­ción de Recursos Humanos y hasta hacía de “portavoz” en ese entonces.

Estos son solo algunos de los asesores vip de la titular de Petropar, cuya administra­ción es bastante cuestionada y aun así, llamativamente, cuenta con el respaldo del pre­sidente Mario Abdo Benítez.

PIDIÓ QUE SE VERIFIQUE

La titular de la petrolera remitió una nota al contralor Camilo Benítez, en la que soli­cita una “verificación especí­fica” sobre el faltante de US$ 52 millones de los recursos de la estatal, que dejó al descubierto una publicación de La Nación. Samudio no pudo negar la información porque efectiva­mente la suma desapareció de la caja de la institución.

La comunicación del MOPC indica que desde hoy y por los próximos días, se harán trabajos de mantenimiento en el túnel de Aviadores y Madame Lynch en el sentido Asunción – Mariano Roque Alonso.

La cartera estatal señaló que las tareas serán también por la noche y hasta el domingo.

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Ante esta situación, la Patrulla Caminera está brindando orientación a los conductores para garantizar la seguridad en la vía.

Yoan Paúl López, juez penal de Garantías N. 11 de la Capital; y Miguel Ángel Palacios, juez penal de Garantías N. 7 de la Capital, recibieron las notas del Senado, en las cuales se informa de la reciente decisión del pleno, la de dejar sin efecto la resolución del 4 de abril pasado, cuando anularon los desafueros de Rafael Filizzola, Erico Galeano y Hernán Rivas.

El nuevo desafuero se dio a raíz del dictamen del abogado Marcelo Duarte, solicitado por el movimiento Honor Colorado para reconsiderar la postura, en la cual se dejaba expreso que no se reconoce a las cámaras la facultad de revertir los desafueros, atendiendo a que el desafuero se concede en forma definitiva en relación con un caso concreto y por todo el tiempo que sea necesario para la justicia.

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Se sumó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicha resolución, debido a que los efectos de esa posición interrumpieron procesos jurídicos en curso y, por los cuales, el Congreso ya había otorgado desafueros en actos solemnes.

Además un grupo de abogados presentó una denuncia penal en contra de los 23 senadores que posibilitaron la devolución de los fueros para los procesados.

El Senado había restituido los fueros a Galeano, Rivas y Filizzola, como una medida de presión para conseguir también el desafuero del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quien está imputado en la causa de la filtración de Seprelad.

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Ayer en horas de la mañana, una abuelita de 81 años fue hasta la Comisaría 6° para realizar una denuncia por un hecho de robo. Según relató, guardó su dinero, unos G. 30 millones, envuelto en papel diario dentro de su ropero hace unos 20 días atrás, pero que al buscarlo ya no lo encontró.

Al ver la preocupación de la octogenaria, los agentes policiales la acompañaron hasta su domicilio y mediante su autorización, comenzaron a buscar pistas o indicios sobre el dinero. La historia cobró un giro cómico e inesperado, y es que tras varias horas de búsqueda, encontraron el dinero debajo de su colchón. La abuelita se olvidó que lo había guardado en ese lugar.

Entre risas y un gran alivio, la afectada reconoció que surgieron sospechas hacia los familiares que la visitaban, ya que ninguna puerta ni ventana de la casa había sido forzada. Finalmente, la mujer quedó tranquila al hallar nuevamente su dinero, producto de la venta de un inmueble.

El caso se comunicó a la fiscal Viviana Sánchez.