El planteamiento legislativo que modifica y amplía la Ley N° 6.072/2018, que establece medidas de control de productos sin gluten, aprobada con modificaciones en el Senado, fue sancionada en la sesión ordinaria de ayer en Diputados.

El artículo 4°, sobre atribuciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), señala que deberán establecer el contenido máximo de partículas por millón de gluten, que determina el rango de tolerancia en cada parte del producto permitido en los productos para celíacos.

Igualmente habla de las etiquetas de alimentos, medicamentos y suplementos dietarios, la composición del gluten.

Exige además mecanismos de análisis y certificación de los productos alimenticios, farmacéuticos y otros productos para la salud, sin gluten, y su proceso de fabricación; así como un sistema de vigilancia periódica para el control del contenido en todo producto declarado como “sin gluten”.

El proyecto abarca también implementación a nivel nacional del acceso a estudios de diagnóstico temprano de la patología, y garantizar su tratamiento adecuado una vez diagnosticado, con el posterior “Registro Estadístico Nacional” de los pacientes celíacos.

Otro aspecto establece garantizar el acceso a los medicamentos y/o suplementos dietarios especiales requeridos para el tratamiento de la enfermedad, y de alimentos para pacientes que se encuentren internados en hospitales públicos o privados.

Igualmente, con el fin de incentivar la producción y elaboración de productos libres de gluten, el Estado propiciará condiciones necesarias para establecer beneficios impositivos durante los primeros dos años, contados desde el inicio de las operaciones de los elaboradores de productos sin gluten.

De acuerdo con el Monitoreo de Empleo Formal – Octubre 2025, elaborado por el Observatorio Laboral del MTESS, entre octubre de 2024 y octubre de 2025 la cantidad de trabajadores formales aumentó de 720.996 a 818.761, lo que representa más de 58.000 nuevos empleos formales en un solo año.

La tasa de variación interanual acompañó este crecimiento, pasando del 3,3% al inicio del actual gobierno al 7,6% en octubre de 2025, evidenciando un proceso de formalización cada vez más dinámico y sostenido.

Asimismo, desde el inicio de la actual administración, en julio de 2023, se generaron 111.123 nuevos empleos formales, con un salto de 707.638 a 818.761 cotizantes, lo que reafirma la consolidación de políticas que fortalecen el acceso a la seguridad social y el trabajo decente.

Del total de nuevos empleos generados en el último año:

67% corresponden a trabajadores mensualeros, es decir, cerca de 38.000 empleos estables.

24% a trabajadores a tiempo parcial (aprox. 13.000).

9% a jornaleros (aprox. 5.000).

Estos datos muestran que la expansión del empleo formal ha estado liderada por modalidades de contratación más estables, sin dejar de lado una diversificación hacia formas más flexibles.

Se trata del suboficial Freddy Alcides Martínez Ferrari, en cuyo poder se hallaron dos paquetes de cocaína, con un total de 2 kilos de la sustancia. La carga tiene un valor aproximado de entre 12 a 15.000 dólares.

El suboficial quien presta servicio en Pozo Colorado, transportaba los paquetes desde el Chaco, pero aparentemente de origen boliviano.

Al respecto, Francisco Ayala, director de Comunicación de la Senad, explicó a Universo 970 AM, que el hombre fue interceptado en la zona de los comedores de Remanso a bordo de un vehículo.

Se presume que el destino final era una red de microtráfico del departamento Central, donde aproximadamente se pretendía distribuir 10.000 dosis de la droga.

“Es un golpe considerable en lo que respecta al microtráfico. Lastimosamente un personal policial involucrado, lo que le hace mucho más grave al caso”, señaló Ayala.

Esta iniciativa, fundamentada en los artículos 172 y 175 de la Constitución Nacional, propone modernizar las herramientas de prevención del delito mediante el uso controlado de sistemas de grabación de imágenes y sonidos en espacios públicos.

Según la exposición de motivos, el proyecto surge ante la necesidad de regular el funcionamiento de las videocámaras que ya utilizan tanto la Policía Nacional a través del Sistema 911, como vecinos organizados y particulares.

El texto establece que la instalación de cámaras fijas requerirá autorización previa de la Policía Nacional, basada en criterios de proporcionalidad y estudios de mapas de criminalidad.

Un aspecto central es la creación de consejos vecinales con autoridades reglamentadas, que colaborarán con la Policía Nacional mediante un observatorio permanente de seguridad ciudadana, pudiendo incluso aportar equipamiento tecnológico.

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El proyectista, diputado Yamil Esgaib, refirió que la intención es “fortalecer la base de datos de la Policía Nacional”. Esto, según el legislador, implementando “la estrategia de que la gente que tenga cámaras mirando hacia el sector público, a la calle, deba comunicar a la comisaría que corresponde a su barrio”.

El documento que se encuentra en su primer trámite constitucional fue aprobado en general, y el pleno resolvió postergar por una semana su estudio en particular.