A través de su cuenta de Twitter, el senador colorado adelantó una propuesta para modificar la Ley Nº 5629 “De obligatoriedad a las empresas de telefonías celulares a realizar bloqueos de equipos terminales móviles celulares robados, hurtados, o extraviados a través de su Sistema Internacional para la Identidad de Equipos Móviles (IMEI)”.

El proyecto busca incorporar a la ley vigente sanciones penales “a quienes roban, matan, comercian o manipulan IMEI de dispositivos móviles”, refiere en su posteo.

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“Lo que empuja a reevaluar este proyecto de ley es lo que pasó con este señor que fue asaltado y se le robó su celular“, manifestó Núñez a Radio Ñanduti, haciendo alusión al caso del conductor de Bolt asesinado días atrás en Villa Elisa.

Entre las modificaciones a ser analizadas se encuentran el aumento de las sanciones a los autores del robo de teléfonos celulares y penalizar con 20 o más años de cárcel a quienes llegasen a cometer homicidios por este tipo de hechos, a fin de desalentar este tipo de ilícitos.

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Igualmente, se pretende establecer requisitos y procedimientos para certificar los talleres de reparación y mantenimiento de dispositivos móviles, a modo de combatir el mercado negro.

“No queremos dejar ningún cabo suelto, queremos recurrir a la legislación comparada“, sostuvo el senador.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la Facultad de Arquitectura de la UNA presentaron el informe realizado en las 138 comisarías de Central y, según revelan, existen graves déficit de habitabilidad.

El relevamiento se realizó entre julio y noviembre, y combinó evaluación arquitectónica, mediciones técnicas y un enfoque de derechos humanos. Las conclusiones del informe indican un riesgo estructural generalizado en la mayoría de las comisarías.

De las 138 comisarías, 70 no cuenta con una sola celda, solo 68 tiene una o más, pero que ni siquiera están adaptadas para albergar a una persona.

El 52,7% de las celdas individuales no alcanza los 6 m² mínimos exigidos, y varias presentan superficies menores a 4 m².

La falta de ventilación, iluminación adecuada y sanitarios internos también es un problema y constituye una vulneración directa a la dignidad humana.

El 42,4% de las personas entrevistadas llevaba más de 72 horas detenidas.

El informe formula recomendaciones a instituciones clave del sistema de seguridad y justicia como, clausura inmediata de celdas menores a 6 m², atención médica independiente, registros adecuados y espacios para entrevistas privadas. Además. control estricto del límite de 72 horas de detención.

Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas, respondió a las incógnitas en torno a la nueva ley de reforma del transporte público.

Respecto a la reabsorción que inicialmente estaba establecida solamente para los conductores, se corrigió el texto en la Cámara de Diputados y se amplió el universo a los trabajadores, lo que permite incluir a mecánicos, administrativos y otros empleados que forman parte de una empresa de transporte.

La legislación establece que los trabajadores con dos años de antiguedad deberán mantener sus contratos, es decir, ser reabsorbidos por la empresa.

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“En el caso de los conductores, sus patrones van a ser los operadores, pero estos operadores que son los que otorgan el itinerario ya no precisamente son los dueños de la flota ni los dueños de la tierras donde se dan las guardas de los buses”, explicó la ministra de Obras, Claudia Centurión, en una visita al estudio de la 970 AM.

En cuanto a la preocupación de quién les responde ante una eventual demanda, Centurión señaló que las licitaciones no serán adjudicadas a una empresa de maletín, sino a una con suficiente patrimonio y volumen de facturación

Respecto a la estabilidad laboral, el Código Laboral con los derechos y obligaciones de cualquier trabajador están garantizados, pues no se introduce ninguna modificación al respecto.

“Ellos tienen que ser reabsorbidos por las empresas y tienen que pasar por pruebas de rigor en el caso de los conductores para garantizar la idoneidad que es lo mínimo que se le exige a cualquier conductor”, afirmó.

Otro de los puntos cuestionados y que lleva a los choferes a realizar una huelga el 16 y 17 de noviembre es el artículo que declara al transporte como un servicio imprescindible y que obliga a garantizar el funcionamiento mínimo del 60 % de la flota, lo que, a criterio de ellos, afecta el derecho a la huelga, al obligar a que una alta cantidad de trabajadores no pueda recurrir a esta medida.

Con esta ley, al servicio de transporte se lo iguala al concepto de salud pública, pues debe estar activo incluso ante situaciones externas o de emergencia.

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Personal del Departamento contra el Crimen Organizado este jueves llevó adelante allanamientos simultáneos en cuatro viviendas situadas en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Dicho procedimiento se dio en el marco de la investigación abierta tras el asalto a la sucursal de la Cooperativa Reducto, ocurrido la semana pasada.

Antecedentes: Violento asalto a una cooperativa en Ciudad del Este

En el operativo, fueron aprehendidas un total de diez personas, entre adultos y menores de edad. Asimismo, se lograron incautar varias evidencias, incluyendo armas de fuego, uniformes camuflados, chalecos antibalas con insignias policiales, entre otras.

El objetivo principal de esta intervención era dar con el paradero de Blas Pablo Melgarejo Benítez, alias “Chopalé”, un peligroso delincuente sindicado como autor de varios asaltos en la zona de Alto Paraná, incluyendo el de la cooperativa.

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Los detenidos formarían parte de la banda liderada por este criminal, quien desde hace meses permanece prófugo de la justicia luego de fugarse de la cárcel de Minga Guazú, y no se descarta que hayan estado planificando otro atraco.

Videos de circuito cerrado revelan que tanto “Chopalé” como otros dos cómplices, identificados como Willian Rotela y Rodrigo Fabián Argüello, alias “Pica”, lograron escapar antes de la llegada de la comitiva policial.