El viceministro señaló que la primera medida fue solicitar y obtener permiso para emisiones de deudas para cumplir con las obligaciones con dos sectores: las constructoras y la de salud. “Obtuvimos autorización de emisión de deudas por USD 600 millones para cancelar obligaciones que se fueron acumulando”, declaró en conversación con radio 1000 AM.

En materia fiscal, destacó el trabajo que se viene realizando de manera a lograr la convergencia fiscal y alcanzar para el 2026 el tope establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que es de un déficit de 1,5% sobre el Producto Interno Bruto (PIB). Dijo que para el presente año está previsto cerrar con un déficit del 4,1% sobre el PIB, unos USD 600 millones aproximadamente. “Para el próximo año se espera cerrar con el 2,6%, para el 2025 esperamos llegar al 1,9% y planificamos llegar al 1,5% para el 2026”, remarcó.

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Por otra parte, el viceministro Lovera afirmó que la Caja Fiscal debe ser objeto de una revisión exhaustiva para poder reformar y recuperar de tal manera que sus aportantes tengan asegurados sus respectivos aportes. En ese sentido, comentó que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, recientemente promulgada por la Presidencia de la República, deberá hacer el trabajo de contralor desde arriba para que se pueda tener un panorama más claro de lo que pasa con las diversas cajas jubilatorias que existen en el Paraguay.

“La Superintendencia podrá dar sugerencias de cómo mejorar el mecanismo y rendimiento de las cajas y, como es lógico, también alcanzará esa política a la Caja Fiscal. De ser necesario aplicaremos los recursos legales para poder solucionar la problemática que presenta en la actualidad”, dijo.

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El juez Osmar Legal decretó la prisión preventiva de Jaime Franco, imputado por lavado de dinero tras un allanamiento a su celda, de donde incautaron dinero en efectivo que no pudo ser justificado.

En total encontraron 174 millones de guaraníes y 12.000 dólares, 500 euros y monedas sudafricanas. El origen de estos billetes se desconoce y se presume que son producto del lavado de dinero.

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“La hipótesis que tenemos es que, desde la cárcel él seguía obteniendo dinero ilícito, a los efectos de poder utilizarlo en el sistema financiero normal”, comentó el fiscal de la causa, Luis Piñ+ánez, en una entrevista con radio Universo 970 AM-Nación Media.

Jaime Franco ya se encuentra en la Agrupación Especializada, donde cumple una condena de 18 años de cárcel por narcotráfico. Esa investigación fue liderada en su momento por Marcelo Pecci, quien logró que el Tribunal imponga esta sentencia.

Este antecedente es uno de los argumentos que sostiene la hipótesis que vincula a Jaime Franco en el homicidio de Marcelo Pecci.

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El ministro de Defensa Nacional, Óscar González subrayó que el tráfico de armas y el narcotráfico son “dos caras de la misma moneda” y que su interrelación plantea desafíos significativos para la seguridad nacional.

En ese contexto, hizo referencia a las prácticas ilícitas de derivación de armas hacia otros países de la región, mencionando que “se traen armas a nuestro país y se ensamblan”, lo que representa una logística compleja. Afirmó que las acciones del gobierno fueron cruciales para combatir esta situación, señalando la decisión del presidente, Santiago Peña, de reglamentar una ley que llevaba 14 años sin implementación.

Al respecto, destacó que esta reglamentación otorga a la Dirección de Material Bélico (Dimabel) herramientas legales necesarias para actuar de manera más efectiva.

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González explicó que, además de la reglamentación, era fundamental invertir en tecnología y capacitación del personal, asegurando que el sistema integrado creado anteriormente fue fortalecido, aumentando su funcionalidad del 15% a niveles más operativos. “Esto permitió mejorar la trazabilidad de los armamentos y, como resultado, un control más efectivo por parte de Dimabel”, expresó el ministro en entrevista con Universo/Nación Media.

El ministro reconoció que, a pesar de los esfuerzos, todavía existen “miles de armas” en circulación debido a acciones pasadas y que el desafío es considerable. “Estamos peleando a pecho gentil contra estos delincuentes”, afirmó, al tiempo que mencionó la importancia de trabajar en conjunto con instituciones de control y fiscales, tanto a nivel nacional como internacional.

González también se refirió a la preocupante estadística que posiciona a Paraguay en los primeros lugares de tráfico de armas en la región, lo que consideró un grave problema, especialmente en un contexto donde el narcotráfico creció. Reconoció que, aunque el gobierno actual asumió la responsabilidad desde agosto del año pasado, los efectos de años de inacción en este ámbito son evidentes.

“Nosotros no vamos a ocultar la magnitud del problema. La lucha contra el tráfico de armas y el narcotráfico es compleja y peligrosa, le va bien al narcotráfico y se nutre del armatráfico, y viceversa, son dos sectores sumamente peligrosos”, enfatizó.

En cuanto a las expectativas a futuro, el ministro se mostró optimista sobre la posibilidad de mejorar los resultados en la lucha contra el armatráfico. “Cuanto más pasa el tiempo, mejores resultados obtendremos”, afirmó, destacando que se incorporará nueva tecnología, además de realizar un reemplazo en los recursos humanos para garantizar el cumplimiento de la misión de la institución.

A raíz de las constantes quejas de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes están cansados de la mala atención que reciben en el call center para agendar una cita médica en los servicios del ente, el Consejo de Administración dispuso la intervención de este centro de llamadas. El consejero Aníbal de los Ríos fue designado como interventor por dos meses y como primera medida solicitó la cantidad de llamadas recibidas, cuáles fueron atendidas, cuáles no y los motivos.

En entrevista con el canal GEN, el gerente de Desarrollo y Tecnología, Rodrigo Fretes, celebró la decisión de los consejeros, ya que, según subrayó, el call center necesita una intervención profunda para encontrar una solución de fondo al grave problema que se arrastra desde hace muchos años.

“El call center quedó en el tiempo, fueron muchos años de falta de inversión. Nació con Pedro Ferreira y nunca tuvo una intervención profunda en todo este tiempo”, arguyó. “Se tienen 75 operadores y se atienden solo el 50% de las llamadas, estamos hablando cerca de 5 mil llamadas, de las cuales 2.000 a 2.500 son atendidas”, reveló además en charla con radio Ñanduti.

De acuerdo con Fretes, la intervención se efectúa ante la poca cantidad de citas medicas disponibles para dar a los asegurados que llaman y la falta de tecnología para atender estas llamadas.

Mientras se realiza la revisión profunda entre el consejo, la gerencia y la administración, se garantiza que el servicio siga funcionando (como lo viene haciendo de momento). Además se busca un contrato con una empresa privada que brinde una solución tecnológica.