En el 2004 la zona donde estaba la mansión Cubas, como era conocida la fastuosa casa del ex presidente Raúl Cubas, era una zona poco poblada solo estaba la gran edificación que abarcaba una manzana entera, eso fue aprovechado por los miembros del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que perpetraron el secuestro. Como había poco movimiento de vehículos en la zona emboscaron al rodado de Cecilia, dispararon al motor con fusiles de grueso calibre y la camioneta quedó inmovilizada.

Tomaron a Cecilia Cubas, la pasaron a otro vehículo y rápidamente huyeron del sitio. Tiempo después se sabría que los secuestradores enfilaron hacía la zona de Ñemby más específicamente hacia el barrio Mbocayaty, donde desde hacía meses acondicionaron una casa que sería del cautiverio y muerte de la joven.

El 16 de febrero de 2005, Cecilia Cubas fue encontrada muerta y sepultada en un hoyo en la casa donde estuvo desde el 21 de septiembre de 2004. A Cecilia la mataron pese a que sus captores llegaron a cobrar unos US$ 250 mil. La víctima fue enterrada viva por sus secuestradores y tuvo el peor final.

Tras el macabro hallazgo de la secuestrada, comenzaron a conocerse los detalles de la planificación y ejecución del secuestro hasta la decisión de matar a la muchacha. A la fecha más de 20 personas ya fueron condenadas en diferentes juicios orales. El principal cabecilla del hecho Osmar Martínez, condenado a 35 años de cárcel, murió en prisión. Los demás siguen presos.

Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón, fueron condenados a 35 años de cárcel al ser encontrados culpables de homicidio doloso agravado, secuestro y asociación criminal. La justicia determinó que estas personas fueron las que decidieron en una asamblea la muerte de Cecilia Cubas por encima de seguir negociando su libertad.

La causa por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas sigue abierta, ya que existen todavía varias personas que están prófugas, algunas en suelo paraguayo y otras en el extranjero.

El fiscal Luis Trinidad Colmán imputó a Oscar Adrián Posteguillo Rojas (30), directivo de una firma de automotores, por el supuesto delito contra la autonomía sexual (acoso sexual) en perjuicio de una empleada de la firma.

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La denuncia fue radicada por la víctima que  señaló que los acosos se produjeron de manera sistemática desde dos meses antes de la presentación de la acción penal, en el interior de la firma denominada “HVN Automotores” de Ciudad del Este.

El imputado, quien por el período de 2 años se desempeñó como jefe de la víctima en el sector administrativo, y además es hermano del dueño de la empresa en cuestión, habría acosado sexualmente a la empleada en reiteradas ocasiones, pese a que era casado y sabiendo que la víctima también estaba en pareja.

En la carpeta de investigación fiscal obra la declaración testimonial pormenorizada de la víctima y otros compañeros de trabajo. Además de los informes y tratamientos psicológicos recibidos por la afectada como consecuencia de los hechos de acoso sexual.

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El fiscal solicitó la aplicación de medidas alternativas para el imputado, quien deberá cumplir con ciertas reglas de conducta, como fijar y mantener un domicilio determinado para todos los efectos legales, permanecer a disposición del Juzgado de Garantías y de la Fiscalía, la obligación de no ausentarse del país y la prestación de una caución real adecuada por el propio imputado o por otra persona solvente.

Un hombre resultó herido mientras estaba sentado frente a su vivienda. Se trata de Éver Walter Mereles Almirón, de 44 años, quien acusó una herida de bala perdida en la espalda.

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La víctima relató a los agentes policiales que se encontraba frente a su domicilio compartiendo una ronda de tragos con sus amigos, cuando en momento dado, sintió el impacto del arma de fuego, sin saber de dónde provino la bala.

En medio del susto y sin saber qué sucedió, rápidamente el hombre fue auxiliado por sus cercanos hasta el Centro de Salud local, para que reciba atención médica. El caso se informó a la fiscal de turno, María del Carmen Meza, para los procedimientos de rigor.

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Uno de los asuntos más conflictivos del sector público es el sistema de transporte, explotado por empresas privadas, pero sin que por ello desaparezca la condición de servicio público.

“Lo más apremiante es no ir a esperar un montón de tiempo y que no venga. Eso se traduce en la frecuencia, hoy le llamamos regulada, ese es el problema central sobre la mesa”, explicó el viceministro Emiliano Fernández, en una entrevista con radio Universo 970 AM -Nación Media.

En cuanto al argumento de los empresarios sobre la falta de pago del subsidio, el viceministro aseguró que el Gobierno está el día. Sin embargo, aclaró que el transporte público no es un negocio privado y que, cuando se asume un compromiso, no se puede condicionar el cumplimiento.

Otro de los pendientes es la renovación de flota, que, según Fernández, es uno de los procesos que tiene que suceder.

La misión de la nueva administración apunta a un sistema de transporte público amigable que hoy no existe y que le está fallando a la gente, a criterio del propio Fernández.

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Sobre este último punto, indicó que será el Estado el que ponga las reglas de juego y que los transportistas se unirán a eso.

FÓRMULA QUE PERMITA SUBSIDIO DIRECTO AL PASAJERO

Consultado sobre la posibilidad de aplicar un subsidio de forma directa al pasajero, a través del billetaje electrónico, contestó que hay muchas estrategias por plantear en ese sentido, pero a juzgar por su respuesta, nada en el corto plazo.

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