Un sábado por la tarde, en fecha 7 de marzo del 2020, en una conferencia de prensa convocada de urgencia, el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, junto al vice, Julio Rolón, comunicaban la detección del primer paciente con coronavirus.

Era un joven de 32 años proveniente del Ecuador, quien había consultado por un cuadro febril y por problemas de garganta. Su estado no llegó a ser grave. En aquel entonces, todos los funcionarios de salud y las personas que tuvieron contacto con el enfermo, permanecieron bajo monitoreo de la Dirección de Vigilancia.

En aquel entonces, ya se hablaba de la necesidad del lavado de manos y de la “etiqueta de la tos” (toser en la flexura del brazo). Sin embargo, se indicaba que el uso del tapabocas era exclusivo para quienes presentaban síntomas respiratorios, a fin de proteger a los demás.

El martes 10 de marzo, también por la tardecita, Mario Abdo Benítez declaraba por decreto cuarentena total y aislamiento social a partir del 11 de marzo por 15 días e implementaba el lema #Quedateencasa. Desde entonces todos los sectores económicos quedaban paralizados, incluyendo la educación en todos sus niveles.

Mario Abdo Benítez y su lema “Quedate en casa”.

Sin embargo, se esperaba que todo se reanude efectivamente en 15 días, pero para sorpresa de todos, el 28 de marzo, el Ejecutivo y su equipo comunicaban que la cuarentena total se extendía hasta el 12 de abril. “Después de escuchar los argumentos de todos los sectores. He decidido mantener el aislamiento total hasta el 12 de abril. Pido un esfuerzo más a todos! Continuemos solidarios con nuestro sistema de Salud”, escribía Abdo en su cuenta de Twitter.

Imagen con la que Abdo anunciaba la extensión de la cuarentena total.

En su artículo 1º, el decreto disponía restringir totalmente el tránsito de personas y vehículo y establecía que todos los habitantes debían permanecer en su residencia habitual y que solamente podían salir para desplazamientos mínimos e indispensables como la compra de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza.

Las pocas excepciones eran las autoridades nacionales, los trabajadores de medios de comunicación, de supermercados, despensas, farmacias y la cadena logística para la provisión de alimentos, fármacos etc.

Por otro lado, días antes de la extensión, es decir, el 26 de marzo, ya se promulgaba la ley que declaraba emergencia en todo el territorio nacional ante la pandemia del Covid-19. La legislación habilitaba al Ejecutivo a tomar medidas excepcionales en lo presupuestario, lo fiscal y administrativo.

El Congreso aprobó un crédito de 1.600 millones de dólares por la emergencia, de los cuales, aproximadamente 400 millones eran para el Ministerio de Salud. Posteriormente llegaron otras medidas como la asistencia a los trabajadores suspendidos a través de un subsidio del IPS.

La economía vivió su peor época entre abril y mayo, a partir de lo cual empezó a reactivarse muy tímidamente con la “cuarentena inteligente”, aunque ciertos sectores nunca lograron recuperarse, ya que continuaban las restricciones para ellos, como por ejemplo, los de gastronomía, eventos y turismo, los últimos en ser habilitados al retorno.

La comunicación del MOPC indica que desde hoy y por los próximos días, se harán trabajos de mantenimiento en el túnel de Aviadores y Madame Lynch en el sentido Asunción – Mariano Roque Alonso.

La cartera estatal señaló que las tareas serán también por la noche y hasta el domingo.

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Ante esta situación, la Patrulla Caminera está brindando orientación a los conductores para garantizar la seguridad en la vía.

Yoan Paúl López, juez penal de Garantías N. 11 de la Capital; y Miguel Ángel Palacios, juez penal de Garantías N. 7 de la Capital, recibieron las notas del Senado, en las cuales se informa de la reciente decisión del pleno, la de dejar sin efecto la resolución del 4 de abril pasado, cuando anularon los desafueros de Rafael Filizzola, Erico Galeano y Hernán Rivas.

El nuevo desafuero se dio a raíz del dictamen del abogado Marcelo Duarte, solicitado por el movimiento Honor Colorado para reconsiderar la postura, en la cual se dejaba expreso que no se reconoce a las cámaras la facultad de revertir los desafueros, atendiendo a que el desafuero se concede en forma definitiva en relación con un caso concreto y por todo el tiempo que sea necesario para la justicia.

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Se sumó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicha resolución, debido a que los efectos de esa posición interrumpieron procesos jurídicos en curso y, por los cuales, el Congreso ya había otorgado desafueros en actos solemnes.

Además un grupo de abogados presentó una denuncia penal en contra de los 23 senadores que posibilitaron la devolución de los fueros para los procesados.

El Senado había restituido los fueros a Galeano, Rivas y Filizzola, como una medida de presión para conseguir también el desafuero del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quien está imputado en la causa de la filtración de Seprelad.

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Ayer en horas de la mañana, una abuelita de 81 años fue hasta la Comisaría 6° para realizar una denuncia por un hecho de robo. Según relató, guardó su dinero, unos G. 30 millones, envuelto en papel diario dentro de su ropero hace unos 20 días atrás, pero que al buscarlo ya no lo encontró.

Al ver la preocupación de la octogenaria, los agentes policiales la acompañaron hasta su domicilio y mediante su autorización, comenzaron a buscar pistas o indicios sobre el dinero. La historia cobró un giro cómico e inesperado, y es que tras varias horas de búsqueda, encontraron el dinero debajo de su colchón. La abuelita se olvidó que lo había guardado en ese lugar.

Entre risas y un gran alivio, la afectada reconoció que surgieron sospechas hacia los familiares que la visitaban, ya que ninguna puerta ni ventana de la casa había sido forzada. Finalmente, la mujer quedó tranquila al hallar nuevamente su dinero, producto de la venta de un inmueble.

El caso se comunicó a la fiscal Viviana Sánchez.