José Alberto Alderete y Lea Giménez, integrantes del equipo de transición de Santiago Peña, entregaron ayer por la tarde al jefe de Gabinete Civil, Hernán Hutteman, una nota con una serie de pedidos a la Presidencia de la República.

Lo confirmó el propio Hutteman, quien detalló que, entre los puntos figuran: la suspensión de los procesos de contratación pública, especialmente los plurianuales -salvo aquellos que sean urgentes-, los concursos en las entidades, las recategorizaciones, las adendas a los contratos.

“Nosotros estamos abiertos a revisar las licitaciones puntuales, lo que no podemos es permitir o incidir en que el Estado deje de funcionar regularmente. Las licitaciones se ciñen a un cronograma planificado con meses de antelación y deben cumplirse en ese ejercicio fiscal”, argumentó Hutteman, durante una entrevista con la 730 AM.

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Detalló que, de las 1.815 licitaciones que son parte de presupuestos plurianuales, el grueso está compuesto por: adquisición de medicamentos e insumos médicos para IPS, combustible para Petropar, mantenimiento y distribución eléctrica para el país, entre otros puntos.

“Esto es parte de un proceso que lleva meses y que, no se puede partir de la premisa de que tenemos que parar”, añadió.

Dijo, además, que se debe actuar de la forma inversa, es decir, desde la premisa de los procesos que sí podrían presentar alguna irregularidad. También enfatizó que, quien tiene la lapicera hasta el 15 de agosto, es Mario Abdo Benítez.

Uno de los concursos más sonados y hasta ahora, faltos de justificación convincente, es el realizado por la Itaipú Binacional, para llenar 220 vacancias. El proceso estuvo plagado de denuncias de direccionamientos y de requisitos hechos a la medida, así como blanqueos contrataciones de personas que ya están dentro de la institución.

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Con la comparecencia del ministro de Justicia, se pretende que brinde detalles sobre tres ejes principales: la gestión ministerial (algunos diputados señalan que la misma deja mucho que desear); inconsistencias en las asignaciones presupuestarias; y supuestos indicios de vínculo con el crimen organizado.

Cabe recordar que días atrás, el ministro de Justicia desmintió sus vínculos con el prófugo narco Sebastián Marset, y solicitó a la Cancillería que pida informe a Bolivia sobre el referido caso, para deslindar responsabilidades.

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El pedido fue presentado por 12 diputados del bloque opositor.

En la fecha, el mandatario paraguayo mantuvo una reunión bilateral con el presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Lorenzo Fontana, y tras el encuentro se trasladó hasta el pleno que se encontraba en sesión.

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Su llegada fue anunciada y, posteriormente, los diputados aplaudieron a Santiago Peña quien se encontraba en compañía de Fontana y de la comitiva paraguaya.

Peña, además, participó de la audiencia con Sergio Mattarella, presidente de la República italiana, en donde expresó su deseo de estrechar los vínculos con Italia.

“Vengo a este país con tantas historias, con tantos presentes, pero principalmente con tanto futuro para construir juntos. Estamos convencidos de que Italia hoy puede jugar un rol muy importante en un mundo complicado”, sostuvo el mandatario paraguayo durante el encuentro.

Se prevé que la agenda del jefe de Estado se traslade hasta la ciudad de Dubái para participar de la 28ª Cumbre del Clima, donde se desarrollarán reuniones claves sobre la lucha contra el cambio climático.

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La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, bajo la presidencia del diputado Yamil Esgaib (ANR-Capital), en la fecha, analizó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 67 de la Ley Nº 1.160/97 “Código Penal Paraguayo”.

El proyecto tiene la intención de incorporar al ordenamiento jurídico de nuestro país la figura de la “devolución premiada”,

La finalidad, según la exposición de motivos, es la de perseguir, penalmente, a los que cometen hechos punibles, haciendo hincapié en aquellas personas involucradas en el crimen organizado y en delitos contra el erario público.

Asimismo, se propone el agregado al citado Art. 67, que establece los marcos penales en casos de circunstancias atenuantes especiales: “Cuando se trate de hechos punibles contra el erario público cometidos por funcionarios, la pena podrá ser atenuada hasta el 50% (cincuenta por ciento) del marco penal máximo, en caso en que la persona devuelva el dinero”.

La comisión asesora decidió no emitir su dictamen al respecto y decidió solicitar dictámenes técnicos a diferentes ministerios a fin de ampliar el debate en relación a esta propuesta legislativa.