Rojas señaló que en estos puntos existe una suerte de ‘L’ geográfico, donde se concentra la mayor cantidad de cultivo de marihuana.

En contacto con la 650 AM, dijo que Canindeyú, Amambay y Alto Paraná son departamentos que producen la droga especialmente para el Brasil.

“En estas zonas el cultivo se convirtió en un negocio de renta para organizaciones criminales. El paso lógico tras adquirir el poder económico es tratar de tener el poder político de esas zonas”, manifestó.

El ministro indicó que dentro de estos tres departamentos hay poblaciones que viven de la marihuana. “Directamente esta el trabajador en las plantaciones, el que acopia, el que prensa. En forma indirecta esta la ferretería que vende la lona, la farmacia que vende medicamentos, la despensa que vende insumos, la casa que vende las motos. Se genera una situación totalmente irreal producto de la actividad ilícita”, añadió.

Reconoció que mucho tiempo se cometió el error de creer que la única forma de parar con el narcotráfico, era a través de las incautaciones de droga. Ahora los trabajos apuntan a desbaratar los bienes de los narcos.

“Nos metimos el chip en la cabeza que a la organización criminal se lo desarticula no a balazos sino haciéndonos con los bienes. Ahí realmente la estructura criminal se desploma”, sentenció.

La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Diabetes, anunció que se descentraliza la entrega de medicamentos, permitiendo a los pacientes recibir atención especializada en hospitales de su comunidad.

Este nuevo enfoque posibilita que los diagnosticados con diabetes reciban su tratamiento y medicación, entre ellos las insulinas, en los centros hospitalarios más cercanos a su hogar, eliminando la necesidad de desplazarse hasta la Capital, al Centro de Salud N° 9.

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Esta medida no solo facilita el acceso al tratamiento, sino que también reduce la carga y el tiempo de viaje para los pacientes y sus familias impactando así positivamente en su calidad de vida.

Además, informó que se ha puesto en marcha un servicio de mensajería instantánea a través de WhatsApp (0962) 320-536, donde los pacientes pueden realizar consultas y recibir orientación personalizada acerca de los servicios de salud más cercanos donde pueden acudir para recibir su tratamiento y medicación correspondiente.

Así también, la página del Programa Nacional de Diabetes usando el acceso ¿Dónde puedo consultar? www.mspbs.gov.py

Estos canales de comunicación proporcionan una vía rápida y efectiva para resolver dudas y obtener información útil sobre el cuidado y manejo de la enfermedad, destacó la cartera sanitaria.

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El fiscal Luis Albertini, junto con sus colegas Francisco Martínez y Ever Wiliams, resolvió formular imputación contra el intendente de Jesús de Tavarangue, Víctor Bernardo Garay Olmedo.

El mismo fue procesado por el hecho punible de lesión de confianza, a raíz de una denuncia por supuesta malversación de fondos en el año 2020 con los llamados “fondos especiales”.

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El daño patrimonial a la municipalidad asciende a más de G. 835 millones, refirió Albertini. “Existen obras que tendrían que haber sido llamadas a licitación, sin embargo, se hicieron adjudicaciones directas”, precisó.

En igual sentido, la Fiscalía detectó irregularidades en lo que respecta a pagos de honorarios y expedición de cheques por sumas millonarias, los cuales no poseen documentación respaldatoria que avale su destino final.

Así también, se detectaron desembolsos por continuaciones de obras que no cuentan con órdenes de pago y que, por si fuera poco, tampoco presentan ningún avance en los trabajos, refirió.

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Albertini precisó que, de momento, aún no se hizo el análisis sobre el uso de recursos de FONACIDE y royalties, por lo que el perjuicio patrimonial podría ser aún mayor.

Cabe recordar que Garay ya había sido imputado en diciembre del año pasado por producción de documentos falsos y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.