Durante la sesión ordinaria de este jueves, el Senado analizó el proyecto de ley “Comedores y Centros Comunitarios”, el cual pretende dar sostenibilidad a estos sitios donde cientos de personas de escasos recursos acuden a diario para recibir alimentación.

Finalmente el proyecto fue aprobado con una serie de modificaciones, teniendo como base el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social.

Uno de los principales cambios tiene que ver con el objetivo de la propuesta, pues se amplía el margen de acción al hablar de la seguridad alimentaria de niños y adolescentes hasta 18 años de edad, personas con discapacidad, personas adultas mayores, jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad, mujeres embarazadas y población de comunidades indígenas, mediante la provisión de insumos para preparación de alimentos.

Así también, se menciona el fortalecimiento de los Centros Comunitarios orientado al desarrollo de capacidades locales con el fin de promover cambios, la identificación de talentos e incorporación de habilidades, participación, compromiso y responsabilidad en la intervención social, como acción complementaria en el desarrollo de la comunidad, trasformando la realidad con acción y autogestión.

El programa de comedores y centros comunitarios tendrá cobertura nacional y será gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que estará a cargo de articular las acciones que sean necesarias para su cumplimiento.

En el texto también se incluyó entre las organizaciones solicitantes (además de las comisiones vecinales, centros comunitarios, asociaciones, fundaciones y comunidades indígenas) a otras organizaciones autorizadas en el Manual Operativo que deberá ser elaborado por el MDS.

Todos los comedores y centros comunitarios beneficiarios de esta ley deberán tener una clara localización georreferenciada, a fin de favorecer los controles y la transparencia, así como se establecerá un sistema de verificación periódica que garantice el correcto uso de los recursos y efectivo desarrollo de los componentes.

El Ministerio de Desarrollo Social, en forma anual, deberá remitir a la Contraloría General de la República, con copia al Congreso Nacional, la lista de Organizaciones Comunitarias incorporadas al Programa, como así también la de beneficiarios finales.

En el dictamen de la comisión también se han incluido algunas disposiciones transitorias, con una propuesta de modificación a la programación de los Ingresos dentro y de los Créditos Presupuestarios del Presupuesto General de la Nación 2022.

El proyecto de Comedores y Centros Comunitarios pasa ahora a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.

Un nuevo asalto a mano armada se registró en la tarde de ayer en el departamento de Alto Paraná, esta vez a la altura del Km 20 de la Ruta PY02, zona de Minga Guazú.

Resultaron víctimas Jair Federico Schneider, de 45 años (comerciante), Toni Elías Aoun, de 50 años, junto con un adolescente de 14 años, identificado con las iniciales S.F.S.F.

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Una banda integrada por entre 3 a 4 personas, quienes vestían ropa camuflada, chalecos antibalas y pasamontañas, interceptó la camioneta Volkswagen Amarok en que se desplazaban las víctimas, que acababan de realizar compras en Ciudad del Este.

Fue así como, a punta de arma de fuego, obligaron a estas personas a desviarse del camino y alejarse varios kilómetros, llevándolas hasta una zona despoblada hacia el Km 22 lado Acaray.

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Durante el asalto, los autores se apoderaron de una carga consistente en 150 teléfonos celulares, cuyo valor oscila los G. 1.000 millones, según confirmó uno de los afectados al canal C9N.

Una vez lograron su cometido, los criminales abandonaron a las víctimas en el lugar y se dieron a la fuga a bordo de una camioneta Ford Explorer color blanco, que horas después fue hallada por la Policía Nacional.

Marcos Maidana, director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, explicó que, si bien la avenida Eusebio Ayala está abierta a la circulación en este momento, ese periodo forma parte de un receso de las obras de desague pluvial

“Culminaron antes de los 45 días, pero a partir del 7 de enero vamos a volver a cerrar”, confirmó el director, en una entrevista radial con la 730 AM.

En los primeros días del 2025 iniciará la difusión masiva de las vías alternativas propuestas por la Dirección de Tránsito para la circulación vehicular mientras de desarrollan los trabajos.

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Esta pausa en curso es un compromiso asumido con las autoridades municipales con los comerciantes, a fin de evitar perjudicar sus ventas en el periodo de temporada alta, como lo son las fiestas de fin de año y el tiempo de muchas ventas que se extiende hasta el día de Reyes.

Los trabajos corresponden al megaproyecto de desagüe pluvial de la zona del Mercado de Abasto, con la cuenca del arroyo Itay, en su lote 1, y del barrio San Pablo, con la cuenca del arroyo Lambaré, en su lote 2, con una inversión prevista que alcanzará los 136.171.816.245 guaraníes.

El cierre que se había hecho desde el 16 de octubre hasta finales de noviembre fue el tramo comprendido entre la avenida Guido Boggiani y Adalberto Ramírez Franco..

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Un incidente que acabó con personas heridas se registró en la mañana del lunes en la comunidad indígena Avá Guaraní Arroyo Cartera, ubicada en el distrito de Corpus Christi.

Según informan medios locales, un grupo de personas armadas llegó al sitio y, luego de un conflicto con los nativos que residen allí, efectuaron algunos disparos.

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Dos hermanos de 10 y 13 años, respectivamente, sufrieron heridas de refilón de bala a la altura del codo y el hombro derecho, detalla el reporte.

Tras el hecho, los menores fueron trasladados al Hospital Regional de Salto del Guairá, donde actualmente permanecen internados y bajo observación médica.

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El ataque se habría producido a consecuencia de un conflicto de larga data, el cual está vinculado con la propiedad en que se encuentran asentados los indígenas de dicha comunidad.

El inmueble es reclamado por la empresa agroganadera Macort S.A., que habla de una supuesta invasión. Por su parte, los nativos afirman que se trata de sus tierras ancestrales, protegidas con el aval del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).