La fiscala Liliana Alcaraz, una de las acusadas por el Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), criticó que la Cámara Alta quiere forzar el sentido de las investigaciones del Ministerio Público y atenta contra la independencia del sistema de justicia y el equilibrio debido de los Poderes del Estado, definidos en el artículo 248 de la Constitución Nacional.

“Una denuncia de esta naturaleza es la primera vez que sucede, es algo insólito, por primera vez que tan abiertamente un órgano se entromete en las cuestiones judiciales. Directamente es una injerencia en el sistema de justicia”, consideró en entrevista con el programa Info+, canal GEN / Nación Media.

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La agente del Ministerio Público recordó que la Constitución Nacional hace la división de los Poderes del Estado y el respectivo equilibrio entre los tres. “Está prohibido que cada uno se arrogue funciones que no le competen”, remarcó.

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Conversamos con la fiscal #LilianaAlcaraz, sobre la ingerencia de la Cámara de Senadores en las funciones del Ministerio Público. 🗣️

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— SomosGENAhora (@SomosGENAhora) October 18, 2022

En ese sentido la entrevistada cuestionó que de manera irregular la Comisión Bicameral del Congreso, a cargo del senador Jorge Querey (Frente Guasu), pretende marcar la hoja de ruta de la Fiscalía, inmiscuyéndose en otro Poder del Estado.

A iniciativa de la senadora Desirée Masi, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto que acusa ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los agentes fiscales Osmar Legal, Federico Delfino, Lorenzo Lezcano, Francisco Cabrera, Alicia Sapriza, Liliana Alcaraz por mal desempeño de funciones.

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Al respecto, Alcaraz dijo que esto les tiene sin cuidado porque son agentes fiscales con vasta experiencia. “Vamos a seguir trabajando con la independencia que nos caracteriza pese a este ataque directo que se hace hacia la institución. No es solo el ataque a la Fiscal General y los fiscales, sino que cada vez nos quedamos con menos presupuesto para la lucha contra el crimen organizado, justamente sobre esto ellos tanto se llenan la boca, pero lejos de hacer frente a estos casos, colaboran indirectamente con el crimen organizado al debilitar al Ministerio Público”, espetó.

Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

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Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

“Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya estaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.