Senado rechaza polémica ley #Pyrawebs

La Cámara del Senado rechazó este jueves el polémico proyecto de retención de datos en Internet, conocido como Pyrawebs. El documento, que fue duramente cuestionado por la ciudadanía, va ahora al archivo.

Este jueves, en sesión ordinaria de la Cámara Alta se generó un intenso y largo debate en torno al proyecto Pyrawebs, que recibió posturas a favor o en contra por parte de los legisladores.

Los defensores del texto indicaron que la Policía y a la Fiscalía podrían acceder sin orden judicial a datos de la actividad ciudadana en internet que permiten averiguar la localización física o los números con los que se comunica cada terminal.

El senador Arnaldo Giuzzio (proyectista) aseveró que el proyecto tuvo la resistencia de una parte de la ciudadanía, a consecuencia de una campaña mediática que se vendió. “Es una contrapropaganda presentada donde supuestamente que la ley implicara la invasión de la intimidad de las personas”, lamentó.

Por su parte, Fernando Silva Facetti (proyectista) indicó que el objetivo es "investigar la comisión de delitos, por ejemplo una pornografía infantil en internet, es decir se haya levantado o compartido una imagen de pornografía infantil en internet”.

En tanto que, el senador Víctor Bogado expresó que "no se puede legislar sobre tecnología”, por lo que propuso un proyecto de ley sobre “ciberdelincuencia” y que sea la Conatel la encargada de regular el tráfico de datos.

El senador Luis Alberto Castiglioni pidió que se combata la pornografía infantil. Sin embargo, Luis Alberto Wagner cuestionó que el proyecto "convierte a todos en posibles delincuentes, por lo que pasan a ser sospechosos”.

A la hora de la votación, que se realizó a mano alzada, no se lograron los números suficientes para aprobar el documento, que fue presentado por los senadores Silva Facetti, Giuzzio, Roberto Acevedo y Arnoldo Wiens.

Atendiendo que fue rechazado por unanimidad en la Cámara Baja el pasado marzo, el proyecto de ley ahora es enviado al archivo.

REPUDIO CIUDADANO

En las redes sociales, la ciudadanía se hizo sentir al manifestar su repudio a lo que sería revivir el reciente del régimen militar que creó el conocido “Archivo del Terror”, que consistió en documentos que contenían datos personales, usados para reprimir.

 

Piden que se revise proceso judicial a españoles

El senador liberal Luis Alberto Wagner pidió en la Cámara Alta que se revise el proceso judicial abierto contra dos miembros de su partido y dos empresarios españoles propietarios de la compañía aeronáutica Proiberica.


Fuente: EFE

Según afirmó Wagner en su intervención durante la sesión de hoy en el Senado, el caso de la compra de helicópteros para el Ministerio Público, se trata de una persecución que se le hace a Rafael Fillizola (exministro de Interior) y a los empresarios españoles, Álvaro Lasso y Guillermo Casado, a quienes una orden judicial prohíbe abandonar Paraguay.

Los dos extranjeros están procesados por un supuesto incumplimiento de las condiciones de un contrato de compra-venta de cuatro helicópteros para el Ministerio paraguayo del Interior en 2010.

“Se imputa a empresarios por presentarse a una licitación pública (...) Corren riesgo de ser condenados a 8 años de cárcel”, declaró el senador Wagner durante una sesión ordinaria de la Cámara alta.

La empresa Proiberica ganó un concurso público y entregó en octubre de 2011 las cuatro aeronaves correspondientes, que llegaron desde Chile.

Según el exjuez español Baltasar Garzón, quien ha intervenido en el caso bajo la figura de “amicus curiae”, que habilita a una persona de prestigio a dar su opinión al tribunal, el Ministerio paraguayo del Interior hizo el pago acordado y recibió de conformidad los aparatos, actualmente en uso por la Policía Nacional.

Pero en 2012 un nuevo ministro del Interior, Carmelo Caballero, planteó ante la Fiscalía una denuncia “por incumplimiento del pliego de condiciones”, la cual “se presenta ante un fiscal de forma irregular”, según el exmagistrado español.

La Fiscalía acusó entonces a los dos ministros del Interior anteriores a Caballero, Rafael Filizzola y Carlos Filizzola, además de a ocho personas más, entre ellas los dos empresarios españoles, de incumplir supuestamente las condiciones acordadas con el Estado.

Entonces, según Garzón, los abogados defensores de los acusados se dieron cuenta de que el documento que la Fiscalía usa como base para justificar la denuncia “no corresponde con el pliego de bases que el Gobierno hizo público en su portal de contrataciones”.

Wagner reiteró que el proceso es “un atentado contra el sentido común y que el caso puede llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

 

Juez concede permiso a Leoz para salir de su casa

El magistrado Humberto Otazú se allanó al pedido de la Fiscalía y le concedió el permiso a Nicolás Leoz para ausentarse de su domicilio.

Esta mañana fiscal de asuntos internacionales Juan Emilio Oviedo, respondió a la petición formulada por el abogado Ricardo Preda, de levantar parcialmente el arresto domiciliario para Nicolás Leoz.

Posteriormente, pasado el mediodía, el juez penal de Garantía, Humberto Otazú, ratificó la aprobación del Ministerio Público y concedió a Leoz el permiso, según confirmó la periodista de radio UNO, Noelia González.

Los lunes, miércoles y viernes de 15:45 a 19:45 asistirá a su fisioterapia y rehabilitación en el Centro de Medicina Física y de Rehabilitación. Además, los jueves de 10:00 a 14:00 podrá acudir al control médico en el sanatorio Migone

Por otro lado, solo mañana viernes tendrá permiso de ir al odontólogo de 9:00 a 12:30, pero todos sus traslados deberán ser con custodia policial. A esto se suma que cuando regrese a su vivienda tendrá que comunicar su llegada a las autoridades.

La Interpol emitió ayer alerta roja contra altos dirigentes deportivos, entre ellos, Nicolás Leoz, por el caso de corrupción en la FIFA, lo cual implica que si Leoz decidiera viajar a otro país quedará inmediatamente detenido.

Leoz está acusado de “conspiración para acordar intencionalmente, conducir o participar en actividades de crimen organizado, relacionado con fraude de fondo”. También se le imputa el cargo de “dirigir o intentar dirigir una transacción final que envuelve las ganancias de una actividad ilícita”.

 

Allanamientos simultáneos por megaevasión fiscal

La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, con el fiscal Martín Cabrera a la cabeza, realiza allanamientos simultáneos en 14 locales comerciales por una evasión fiscal que rondaría los 100.000 millones de guaraníes.

Un total de 14 allanamientos simultáneos se realizan este jueves en Asunción, por la presunta evasión de impuestos de grandes y medianas empresas.

Estos son encabezados por agentes fiscales de la Unidad Especializada en delitos Económicos y Anticorrupción y agentes fiscales de las Unidades Penales Ordinarias de Asunción, acompañados por peritos informáticos del Laboratorio Forense, junto a funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional.

Alrededor de 150 empresas operarían en forma irregular según la denuncia. En ese sentido, se realizan las verificaciones correspondientes y la incautación de documentos que podrían determinar el hecho punible.

Los agentes fiscales anticorrupción, René Fernández y Liliana Alcaraz se constituyeron hasta un Estudio Contable ubicado sobre la calle Independencia Nacional casi Ygatimí.

El fiscal José Dos Santos allanó la Oficina Contable de Karina Ayala, en el Edificio Líder 3 ubicada sobre Antequera; donde fueron requisados facturas, comprobantes de compras y libros diarios.

Por otra parte, el fiscal Aldo Cantero verifica la situación de la empresa “Escauriza Ortega y Asociados - Contadores Consultores” ubicada en22 de Septiembre entre Azara y Cerro Corá.

La agente fiscal Claudia Morys se constituyó en la “OSM Carnicería” ubicada en Londres y Colón, en Asunción.

En todos los casos, los documentos incautados fueron lacrados y serán analizados por la Fiscalía Especializada.

La evasión fiscal ascendería a los 100.000 millones de guaraníes. La viceministra de Tributación, Marta González, sostuvo que el monto podría ser mayor.