El proyectista, senador Fidel Zavala (PQ), explicó a la radio Universo que el documento en cuestión posee 275 artículos, con cinco ejes principales. A grandes rasgos, dijo que el alcance de la ley busca establecer mecanismos para ascensos de la policía basados en la meritocracia, así como la incorporación al cuerpo policial por medio de concurso.

“Lo que se busca es que tengan un sentido de pertenencia, con el bienestar policial. Dar beneficios para la educación y formación mediante convenios con universidades. Que se les incluya también en las becas de Becal porque actualmente la Policía no puede participar. Brindar acceso a viviendas. Queremos que se formen en diversas áreas. Vamos a tener mejor calidad de policías al ampliar el plazo de actividad antes de jubilarse”, sostuvo.

El legislador indicó que la mayoría de los sectores está a favor de la propuesta, pero cuestionó que desde el sector de Desirée Masi (PDP) se pretende poner un corsé a las actuaciones policiales.

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Por su parte, Masi cuestionó algunos cambios que se pretenden introducir. En ese sentido sostuvo que con las modificaciones al proyecto de ley, se suprime al Ministerio de Interior de las decisiones dentro de la Policía Nacional y no podrá inmiscuirse en asuntos internos (ascensos y jubilaciones), con licitaciones ni con presupuesto.

La congresista criticó que se crearán tasas de la Policía, blanquear actuaciones que se hacen actualmente pero son irregulares (intervenciones sin orden judicial), y la legalización de las famosas barreras policiales, donde los ciudadanos son demorados sin razón para un control.

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Diez personas, cinco hombres y cinco mujeres, fueron beneficiadas este martes con cirugías gratuitas de cataratas en el Hospital Regional de Concepción, con lo que la cifra de pacientes intervenidos asciende a 114 desde el inicio del programa, el pasado 13 de abril.

Las intervenciones son realizadas todos los martes, con un promedio de entre ocho y diez cirugías por jornada, mediante un servicio especializado y sin costo para los pacientes.

El programa es impulsado por el Ministerio de Salud Pública, a través de la I Región Sanitaria, y busca ampliar el acceso a tratamientos oftalmológicos para personas que necesitan recuperar su capacidad visual.

Durante la jornada, el presidente Santiago Peña, la primera dama Leticia Ocampos, la ministra de Salud, María Teresa Barán, y la gobernadora de Concepción, Liz Meza, visitaron el Hospital Regional para conocer el funcionamiento del servicio y dialogar con pacientes y profesionales.

¿Cómo acceder a una cirugía gratuita de cataratas?

Las personas interesadas deben acudir de lunes a viernes al Hospital Regional de Concepción. El agendamiento se realiza en el día, a partir de las 06:00.

Posteriormente, los pacientes pasan por una evaluación en el Consultorio de Oftalmología, donde se realizan la consulta médica, los estudios prequirúrgicos y la valoración para determinar si requieren la intervención.

Los beneficiarios provienen de diferentes zonas del país, entre ellas Pedro Juan Caballero, San Pedro, Puerto Casado, Horqueta y varios distritos del departamento de Concepción.

Una cirugía de rápida recuperación

Las operaciones se realizan mediante facoemulsificación, una técnica considerada estándar para el tratamiento de las cataratas.

El procedimiento consiste en fragmentar mediante ultrasonido el cristalino que perdió su transparencia, a través de una pequeña incisión, para luego reemplazarlo por un lente intraocular plegable.

Se trata de una cirugía mínimamente invasiva que permite una recuperación rápida y una importante mejoría de la visión.

Desde el inicio del programa, los pacientes intervenidos han recibido el alta médica con evolución favorable, permitiéndoles recuperar su capacidad visual y mejorar su calidad de vida.

Con estas jornadas, Salud Pública busca descentralizar la atención oftalmológica y acercar cirugías especializadas, gratuitas y de calidad a pacientes que necesitan recuperar la visión.

La advertencia municipal surge tras una seguidilla de denuncias vecinales recibidas en las últimas semanas, las cuales alertaron sobre intervenciones ilegales en distintos puntos de la capital. Ante esta situación, el director general de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, recordó que el derribo de ejemplares debe ser siempre el último recurso, sujeto a una previa verificación técnica.

El titular de la dependencia ambiental explicó que las sanciones económicas se establecen según la gravedad del hecho y oscilan entre 20 y 2.700 jornales mínimos. Por esta razón, la comuna exhorta a los frentistas y propietarios a gestionar la consulta formal ante el municipio antes de realizar cualquier intervención.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental recalcaron que no todo árbol con problemas sanitarios debe ser talado, ya que en muchos casos se pueden aplicar tratamientos fitosanitarios o podas controladas de sanitación.

La autorización para la remoción se reserva únicamente para situaciones irreversibles, como ejemplares completamente secos, huecos, con alto riesgo de caída inminente o pertenecientes a especies invasivas no recomendadas para el entorno urbano.

De forma paralela a las fiscalizaciones ciudadanas, la comuna lleva adelante un relevamiento continuo en avenidas, paseos centrales y plazas de la ciudad. Como resultado de estos monitoreos, se proyecta intervenir cerca de un centenar de árboles en espacios públicos que registran riesgo potencial.

Las autoridades destacaron el rol clave del arbolado como aliado esencial para mitigar las extremas temperaturas del verano capitalino, generar sombra y aportar frescura y oxígeno a los barrios.

A través de una carta abierta remitida a las autoridades, la organización advirtió que el nulo avance en los procesos de provisión deja a decenas de personas sin la posibilidad de someterse a este examen en el momento indicado por los médicos.

Desde el gremio remarcaron que el retraso se debería a deudas pendientes con los prestadores del servicio, por lo que urgieron medidas presupuestarias para destrabar las contrataciones y regularizar los compromisos asumidos.

Los representantes de APACFA destacaron que el acceso a este estudio no representa un privilegio, sino un derecho esencial para la salud de quienes luchan contra la enfermedad, señalando que cada día de demora se traduce en angustia y en la pérdida de oportunidades críticas para la efectividad del tratamiento.

“No estamos solicitando un privilegio. Estamos solicitando que los pacientes con cáncer puedan acceder a un estudio esencial para su atención en el momento en que lo necesitan. Los pacientes necesitan respuestas. Los pacientes necesitan acceder al estudio de PET Scan. Los pacientes necesitan que las soluciones lleguen ahora”, concluye el comunicado.

El pedido formal fue dirigido al presidente Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana, a la ministra de Salud María Teresa Barán y al ministro de Economía Óscar Lovera.