Este viernes se llevó a cabo una reunión informativa, dirigida a directores generales y equipo técnico de la Cámara Alta, sobre la implementación de la ley “De reducción de la utilización de papel en la gestión pública y su reemplazo por el formato digital” y sus respectivas normativas.

José Ovelar, director general del Departamento de Tecnología de la Información del Senado, comentó que dicha dependencia será la encargada de canalizar las herramientas necesarias para que toda la institución trate de reducir el uso de papel en los trámites internos.

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Con ello, se buscará lograr la progresiva implementación de esta normativa en el Senado y el Congreso Nacional, puesto que también significará un gran ahorro para el presupuesto.

El funcionario resaltó que muchos de los procesos administrativos internos se realizan en línea y a la par están desarrollando un sistema con ayuda del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que va permitir a adaptar a los requerimientos de la ley para que se pueda implementar internamente el trámite de los documentos.

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Por su parte, el secretario general del Senado, Antonio Sánchez, destacó que la reunión sirvió para que los funcionarios conozcan el alcance de la normativa, que tiene como espíritu desechar el uso de papel.

De acuerdo a lo informado por la cartera sanitaria, la decisión se sustenta en un análisis conjunto realizado por la Dirección de Asesoría Jurídica y la Dirección de Administración Financiera del Ministerio de Salud Pública, que evidenció la necesidad de una revisión profunda del impacto de estos mecanismos sobre el ingreso mensual de los trabajadores.

“El objetivo es brindar una herramienta real de protección patrimonial a nuestros funcionarios, evitando descuentos y promoviendo una administración más consciente y autónoma de sus recursos”, sostuvo la ministra María Teresa Barán.

La rescisión de los convenios será efectiva en un plazo de 60 días a partir de la notificación formal a las asociaciones y entidades involucradas. No obstante, los trabajadores que deseen revocar antes su autorización de descuento podrán hacerlo mediante una nota dirigida a la Giraduría de Sueldos del Ministerio.

Cabe mencionar que, la medida no afecta los embargos judiciales vigentes, que continuarán su curso, sin perjuicio de que el área jurídica del Ministerio de Salud Pública brinde todos los datos necesarios a las autoridades que se encuentran investigando los hechos denunciados, así como orientación a los funcionarios afectados.

Finalmente, el Ministerio de Salud Pública anunció que impulsará capacitaciones en educación financiera para los funcionarios de la institución, con el fin de fortalecer la autonomía económica y la toma de decisiones sobre el uso de sus ingresos.

Mediante varios días de trabajo de campo realizado por personal de la 3ª Compañía de Búsqueda del Batallón de Inteligencia Militar, en coordinación con el Ministerio Público, Policía Nacional y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En el lugar también fueron detenidas dos personas, por tráfico ilegal de fauna silvestre, informó el Ministerio de Defensa Nacional.

Los detenidos fueron derivados a la Comisaría 1ª de Caacupé y puestos a disposición del Ministerio Público.

Cabe mencionar que se están realizando muchas tareas de inteligencia en apoyo al Ministerio del Ambiente de manera a desalentar el tráfico de animales silvestres.

Según la investigación, el hecho se descubrió este 19 de junio, cuando personal de la Penitenciaría Regional realizó una verificación rutinaria en el acceso al penal. Durante el control, detectaron un paquete sospechoso oculto en la cintura de Gómez Vázquez, que contenía 1,025 kilogramos de cocaína, tipo crack, envuelta con cinta de embalaje.

Los datos señalan que el agente penitenciario intentó introducir la droga de forma oculta entre sus ropas para su posterior distribución dentro del establecimiento. Tras la incautación de la sustancia prohibida, el hombre fue detenido y derivado a la Dirección de Policía departamental, siendo finalmente imputado.

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La Fiscalía fundamentó la imputación en el artículo 27 de la Ley 1340/88 sobre tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, y en los artículos 15 y 16, que tipifican el intento de suministro en lugares de reclusión, en concordancia con el artículo 29, inciso 1º, del Código Penal.

Debido a la complejidad del caso, el fiscal Manuel Rojas Rodríguez solicitó un plazo de investigación de tres meses para reunir más elementos y formular el requerimiento conclusivo. Además, requirió al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del imputado.