Este miércoles 26 de octubre a las 14:00, la Cámara de Senadores seguirá el estudio en particular del proyecto de ley de reforma y modernización de la Policía Nacional. La tendencia apunta a que los congresistas aprobarán el texto durante la sesión extraordinaria convocada por Oscar Salomón, titular del Congreso.

La iniciativa legislativa, que posee 246 artículos, fue presentada por los senadores Fidel Zavala, Stephan Rasmussen, Georgia Arrúa, Fernando Silva Facetti, Enrique Bacchetta, Sergio Godoy, Patrick Kemper, Silvio Ovelar, Blas Llano, Enrique Riera, Oscar Salomón y Lucas Aquino.

PROYECTO DE REFORMA POLICIAL

Según Zavala, el proyecto se basa en cinco ejes: el sistema de ascenso en los grados, el método de asignación de cargos, un régimen disciplinario, una estructura jerárquica organizativa y bienestar policial, que busca colocar a la policía de acuerdo a los estándares internacionales.

Sin embargo, para la senadora Desirée Masi no hay reformas sustanciales en la iniciativa en cuestión, ya que es 60% igual a la actual Carta Orgánica de la Policía, y solo se hace unos cuantos agregados a la misma. Según dijo la legisladora a la 730 AM, se pretende aumentar la jubilación de policías retirados, pese a que es insostenible el déficit de esa caja jubilatoria, además de contemplar un plus salarial para los uniformados para la compra de armas y municiones, lo cual puede conllevar en un potencial riesgo, el de “alimentar el mercado negro”.

A inicios del mes, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública convocó a distintas autoridades para escuchar su parecer respecto a este proyecto.

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En ese sentido, Federico González, el ministro del Interior, destacó en la oportunidad que esta iniciativa tiene un consenso de la institución, de la Policía Nacional y los proyectistas. Agregó que, el eje en lo que hace al bienestar policial, son muchos los desafíos personales, riesgos, tentaciones a las que están expuestos a diario, no tienen un buen salario, “es importante reconocer el sacrificio que realizan y aparte de exigirles también en sus obligaciones”, manifestó.

A su turno, el viceministro Marco Elizeche, enviado por Hacienda, resaltó que es importante el proyecto que busca modernizar la estructura jurídica, operativa y misional de la Policía Nacional. Al respecto dijo que tienen algunas observaciones con relación al capítulo del régimen de jubilación y pensiones. “Puede discutirse y analizarse en el contexto de la reforma de la caja fiscal”, puntualizó.

También intervino el comisario general Gilberto Fleitas, comandante de la Policía Nacional, quien manifestó estar conforme con esta propuesta donde se incluyen los ejes principales, transparencia, apertura para trabajar con todos los sectores y en especial la ciudadanía.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

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Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.