El director general de Asesoría Jurídica de la Senavitat, Enrique Mercado, informó en conferencia de prensa esta mañana, acerca del proceso de compra del complejo del Instituto de Previsión Social (IPS).

La propuesta de la Senavitat es pagar 35.000 millones de guaraníes por 19 hectáreas. Sin embargo, el IPS propone 40.000 millones por 17 hectáreas.

En este sentido, ninguna de las partes llegó a un acuerdo para definir qué cantidad de hectáreas tiene el terreno. Sin embargo, se prevé la presencia de topógrafos para que se encarguen de establecer las cifras.

La operación debe ser aprobada por la Municipalidad de Mariano Roque Alonso y posteriormente enviarla a la Dirección de Catastro, que se encargará asignar una cuenta corriente catastral a las fracciones . A partir de allí estarán dadas las condiciones para efectuar una escritura pública y hacer la transferencia para inscribir el inmueble a nombre de la Senavitat.

“En principio se está analizando el llamado con financiamiento como para que los oferentes puedan terminar estas obras con sus propios recursos y luego ver con el Estado la manera en pagar estas inversiones”, expresó Mercado.

Se estima un plazo de 60 días para la conclusión de este proceso que abarca las cuentas catastrales y la transferencia a nombre de la Senavitat.

En la madrugada de este domingo se registró un hecho de hurto en la capilla Niño Jesús, ubicada en el Km 26 lado Acaray de la localidad de Minga Guazú, Alto Paraná.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría 52 por el coordinador de la capilla, Fabian Espínola Salinas (35), quien tomó conocimiento de lo ocurrido al abrir el templo esta mañana.

Te puede interesar: Sacrilegio en capilla de San Lorenzo: ladrones robaron cruz antigua y otros objetos

Según su reporte de Radio Concierto, los delincuentes ingresaron a la iglesia a través la ventana lateral luego de haberla violentado. A partir de ese momento, buscaron todo objeto de valor que pudiera resultarles llamativo.

Fue así como se apropiaron de un libro litúrgico, una biblia, el custodio y hasta las hostias consagradas que se encontraban resguardadas en el sagrario de la capilla.

Leé también: Amambay: detienen a traficantes de drogas e incautan armas y dinero

Este acto, además de ser considerado como un acto de sacrilegio para los católicos, genera mucha preocupación en la comunidad local, pues demuestra cómo la inseguridad sigue permeando cada vez más y cómo los malvivientes no tienen respeto siquiera por las iglesias.

Cabe recordar que en la semana también se había reportado un hecho similar en la capilla Santa Catalina de Siena de San Lorenzo. Allí los ladrones se llevaron varios objetos de valor, incluyendo una cruz de 100 años de antigüedad y un cáliz traído de Italia.

La Cámara de Senadores había sancionado un proyecto de ley que modifica los artículos 187 y 192 del Código Penal, el cual tenía como objetivo elevar las penas carcelarias en los casos “especialmente graves” referentes a corrupción pública.

Los senadores se ratificaron en dejar a 8 a 10 años la sanción para los casos especialmente graves de estafa y lesión de confianza, reduciendo la propuesta planteada en Diputados que había elevado a 15 años la pena privativa de libertad por corrupción pública.

Te puede interesar: Instan a la detección precoz del melanoma, el cáncer de piel más agresivo

Desde la Coalición por la Legalidad -que aglutina a varias organizaciones de la sociedad civil- creen que, con esta medida, se beneficiaría a los corruptos condenados y a los difíciles procesos en curso, además de beneficiar a todos lo que serán procesados en el futuro.

El pedido puntual es que el presidente de la República pueda vetar la “Ley que modifica los artículos 187 y 192 de la Ley 1.160/97 Código Penal, modificado por la Ley 3.440/08”, sancionada por el Senado, puesto que sería una ley “más favorable a los corruptos”.

Leé también: Payo Cubas seguirá recluido en la Agrupación tras ratificación del juez

Los Asesores Jurídicos de la Presidencia, Renato Angulo y José Figueredo, días atrás recibieron la solicitud de la Coalición por la Legalidad, representados por Francisco Alcaraz y Lissy Sánchez.

Durante la semana comprendida entre el 21 y el 27 de mayo, la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera efectuó diversos controles en las principales rutas del país.

Como resultado de dichos procedimientos viales, los inspectores de la institución demoraron a unos 529 vehículos, de los cuales 73 eran motocicletas, por infracciones a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial.

Te puede interesar: Video: Suicidio, bloqueo a fiscal para pesquisa, pedradas contra policías: 11 detenidos

La lista está encabezada por un total de 206 conductores que dieron positivo al alcotest, de unas 370 pruebas efectuadas en todo el país, según el informe.

Nuevamente, el departamento Central registró la cifra más alta de automovilistas bajo la influencia del alcohol, llegando a 129 casos.

Leé también: Amambay: detienen a traficantes de drogas e incautan armas y dinero

Asimismo, fueron demorados 11 conductores cuyos vehículos carecían de chapa, 55 por adelantamiento indebido y 2 por exceso de velocidad. El resto corresponde a personas con alcotest positivo y otras infracciones.

En la última semana, la Patrulla Caminera tomó intervención en 39 accidentes de tránsito, de los cuales 19 no resultaron en lesiones personales, 17 provocaron heridas y 3 tuvieron consecuencias fatales. El saldo final es de 24 personas heridas y 3 fallecidas.