En el marco del juicio oral y público contra la empresaria de medios Natalia Zuccolillo, que inició este martes tras tres años de chicanas, el abogado querellante Ricardo Preda dio a conocer a la prensa el trasfondo de los ataques de la directora de ABC Color contra su clienta, la exviceministra de la SET, Marta González, a quien el grupo Zuccolillo difamó mediante su medio de prensa de manera sistemática, con muchísimas tapas de diario.

Al respecto el abogado indicó al canal GEN / Nación Media que solicitó en la fecha al juez Juan Carlos Zárate que incluya entre las pruebas de este juicio las declaraciones impositivas de los miembros de la familia Zuccolillo-Pappalardo. Explicó en ese sentido que entre los años 2014 y 2016, estas personas declararon cero guaraníes en impuestos de IRP, a pesar de tener ingresos de entre 12 mil y 14 mil millones de guaraníes.

“Los ataques mediáticos contra Marta González comenzaron desde el momento en que ella solicita ciertas informaciones no solo a la familia Zuccolillo, sino que a todos los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal. Eso hizo que desde ese momento, en el año 2016, las declaraciones impositivas posteriores de esta gente comiencen a arrojar números que les obligaba a pagar una suma de dinero al fisco”, indicó.

En ese sentido, el abogado reveló que la motivación de ABC Color para atacar a González deviene correlativamente de la decisión adoptada por la entonces autoridad tributaria para que los Zuccolillo se sometan al fisco y paguen sus impuestos como el resto de los contribuyentes del IRP.

“Un grupo familiar tiene ingresos que son multimillonarios y hace maniobras para pagar CERO guaraníes en impuestos, cuando hay personas de clase media que están tratando de pagar como pueden sus impuestos. Y cuando un funcionario hace bien su trabajo de controlar, desde ahí comienza el ataque. Vamos a demostrar en juicio que la libertad de prensa no es una herramienta para defender intereses mezquinos de un grupo económico”, lanzó Preda.

El querellante ahondó que desde la política de control adoptada por la SET, llamativamente los miembros de la familia Zuccolillo comenzaron a abonar sus impuestos, desde el año 2017. “De cero guaraníes que declararon por tres años, pasaron a pagar 450 millones de guaraníes y 335 millones de guaraníes en los años siguientes”, acotó.

Paradójicamente, desde que los Zuccolillo comenzaron a pagar sus tributos, iniciaron los ataques a través de ABC Color contra la titular de la SET. “Las publicaciones comenzaron el 27 de marzo del 2019, cinco días después de que la señora Zuccolillo presentara su declaración jurada del año 2018. El ataque habría iniciado porque no estaban acostumbrados a pagar sus impuestos”, detalló Preda.

Antes de estos ataques, ABC Color sacaba editoriales en los cuales alababa la gestión de Marta González. Esto terminó cuando la funcionaria comenzó a controlar el pago del IRP. “Ahí dejó de ser devoción del medio”, puntualizó el abogado.

CÓMO LOS MILLONARIOS EVADÍAN AL FISCO

Consultado sobre las evasiones fiscales, Óscar Orué, Viceministro de Tributación, explicó a la radio 650 AM que antes la norma no era clara y permitía amplias deducciones, con maniobras para no pagar impuestos. “La elusión fiscal era una manera legal de dejar de pagar impuestos, pero hoy con la nueva ley eso ya no está permitido. La elusión consistía en que los inversionistas o empresarios creaban otras empresas y capitalizaban ahí su dinero para no tener que pagar el IRP”, comentó.

El titular de la SET sostuvo que la nueva normativa buscó brindar la equidad en la justicia tributaria. “En términos generales, las persona más acaudaladas son accionistas de empresas ya no van a a poder deducir nada. Esto entró en vigencia el 1 de enero de 2020”, dijo.

Además aclaró que se separa el nivel de rentabilidad, por lo que si sos socio o accionista de empresas ya no podés deducir nada.

EL CASO DE GONZÁLEZ VERSUS ZUCCOLILLO

El juicio contra Natalia Zuccolillo se realiza este martes tras ocho suspensiones a lo largo de 3 años que lleva el proceso judicial, que estuvo marcado por 18 chicanas, de las cuales inclusive un incidente llegó a la Corte Suprema de Justicia.

Este caso se inició en septiembre de 2019 cuando el periodista Lezcano publicó una información sin fundamento sobre la labor que realizó Marta González cuando era viceministra de la SET y la acusaba de malos manejos. Pese a que se presentaron los documentos que demostraban lo errado de la información el medio dirigido por Natalia Zuccolillo siguió con las publicaciones difamatorias y la afectada presentó la querella.

A parte de este juicio la directora de ABC y su periodista también deben afrontar un segundo juzgamiento por otra querella que presentó la ex ministra Marta González Ayala, ya que se volvieron a publicar informaciones falsas en su contra.

En este caso el juez de Sentencia Juan Carlos Zárate fijó para los días 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de febrero del 2023, a las 8:30, el inicio del segundo juicio oral y público por difamación y calumnia.

Desde la defensa de González Ayala sentaron postura al señalar que no van a presentar una “mordaza” judicial al diario ABC para que cesen las publicaciones, pero adelantaron que ante hechos difamatorios y de calumnia iban a accionar ante los tribunales.

Freddy González, representante de la FETRAM, comentó que desde dicho gremio decidieron no adherirse a la medida de fuerza convocada por FUTT y FETRAT, siguiendo la línea de evitar cualquier tipo de medida de fuerza y no afectar el normal desplazamiento de los usuarios.

“Respetamos el derecho de los trabajadores a manifestarse, en contrapartida, también reconocemos los derechos que tienen todos los ciudadanos en general a la movilidad”, refirió a Universo 970 AM.

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Las empresas de transporte que no se sumarán al paro general son:

*MAGNO S.A. - Líneas 12, 29 y 43

*Ximex S.A. - Línea 44

*Aregüeña S.A. - Línea 111

*San Isidro S.R.L. - Líneas 48, 51 y 85

*Ypacaraí Transporte S.A. - Línea 242

En el comunicado divulgado por la FETRAM, reafirman su compromiso con “la seguridad y el bienestar de los pasajeros”, al tiempo de respetar y garantizar todos los derechos laborales y sociales de sus colaboradores.

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“Entendemos que hay intereses no solo por parte de los trabajadores, hay algo más detrás. Hay un sector del gremio de transportistas que está impulsando fuertemente esto, como reclamo a la sanción de la Reforma del Transporte”, sostuvo González.

Las empresas que integran el gremio que representa manifestaron su postura en contra de cualquier organización o persona que utilice el transporte público “como herramienta de presión o amenaza contra los pasajeros”.

Las víctimas fueron identificadas como Jimena Jazmín Colmán Giménez de 23 años y Celso Fabián López Rojas de 29 años, quien sería su actual pareja.

El principal sospechoso es Víctor Manuel Cabrera de 46 años, quien es expareja de la joven asesinada. El mismo cuenta con antecedentes por robo agravado y tenía una orden de alejamiento.

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El hecho ocurrió en una vivienda en el barrio Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Altos, en horas de la madrugada de este lunes, pero fue comunicado a la Policía Nacional alrededor de las 15:00 horas.

El sindicado como autor se encuentra prófugo y buscado por la Policía Nacional en este momento.

Una comitiva de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional y el Ministerio Público este lunes realizó un allanamiento a la sede de la firma “Camping 44”, ubicada sobre la Avda. Artigas de Asunción.

Durante el operativo, que contó con la presencia del fiscal Alejandro Cardozo, se procedió a una verificación del inventario del local comercial, de modo a corroborar si los datos coinciden con el sistema de trazabilidad, además de incautarse diversas documentaciones.

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El Gral. Melanio Servín, director de la Digemabel, explicó en conferencia de prensa que el año pasado, autoridades del Brasil requirieron la ruta de comercialización e importación de un lote de armas incautado en Río de Janeiro en el 2022.

A partir de allí, autoridades paraguayas realizaron un seguimiento que permitió llegar hasta la empresa allanada, que fue la que, según los registros, gestionó la importación del armamento decomisado en suelo brasileño.

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Dos personas fueron detenidas en el marco de este operativo, una de ellas exfuncionaria y otra empleada actual de la armería. Ambas tenían acceso exclusivo al sistema donde se cargaban los datos de las armas, precisó Servín.

Como medida cautelar, se dispuso el bloqueo de la importación y comercialización de armas y municiones a Camping 44, mientras tanto avanza la investigación. El uniformado no descartó que, eventualmente, también se ordene la anulación definitiva de la licencia.