El diputado liberal Celso Kennedy indicó a la radio Universo 970 AM que el miércoles será tratado el pedido de interpelación al titular del Indert, Horacio Torres. Indicó que el motivo se debe a las denuncian que recibían constantemente contra los malos manejos de la institución y a eso se sumaron las publicaciones periodísticas que hablan de una rosca mafiosa coimera.

De momento cada bancada está elaborando su propio cuestionario, para luego unificar las preguntas y aprobar, para lo cual se requiere de mayoría absoluta de votos. De darse los números necesarios, luego se deberá llamar a una sesión extraordinaria para proceder a la interpelación.

Kennedy detalló que la autoridad del Indert deberá responder cuáles fueron las medidas administrativas implementadas en su administración para prevenir, descubrir y sancionar a los funcionarios corruptos, en atención a que fue habilitada una oficina anticorrupción, pero que, a su parecer, no atiende las denuncias.

Otra pregunta que deberá responder es cuál es la situación en que se encuentran las tierras fiscales. En ese sentido deberá indicar las compras realizadas, las expropiaciones, los arrendamientos, etc. “Muchos tienen extensas hectáreas pero no pagarían ningún tributo porque no están a su nombre”, aseguró el legislador al respecto.

En el caso de que Torres presentara su renuncia al cargo, no tendría sentido seguir con la interpelación, de acuerdo con el entrevistado. De darse ese escenario, se dejará al Ministerio Público seguir con su investigación.

US$ 7 MILLONES PARA FAMILIA ANTEBI

Este martes, salió a luz que la actual administración del INDERT a cargo de Horacio Torres, ordenó el pago de Gs 44 mil millones en concepto de “intereses” por las tierras de Antebi Cue. El pago por intereses a favor de la familia Antebi mantiene una larga controversia entorno a su legitimidad.

De acuerdo a los registros de contabilidad del INDERT a los que accedió el equipo de la Caja Negra, se procedió al desembolso, en tiempo récord y sin medidas judiciales de por medio, de 3 pagos en total a favor de la empresa vinculada a la familia Antebi.

El empresario Roberto Antebi y su hijo Alberto Antebi Duarte mantienen conocidos vínculos de amistad con el Ministro Rodolfo Friedmann. Este último acusado de manejar el INDERT a su antojo. Como si fuera un feudo de su propiedad, logró ubicar en puestos clave a sus leales y más cercanos colaboradores. El nombre del ministro saltó además en los escándalos de coima y apriete que afectan a la institución.

Luis Benítez y Alfonso Peña, directores de Yacyretá por la margen derecha e izquierda, respectivamente, junto con el presidente de la ANDE, Félix Sosa, y el titular de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería de Argentina, Daniel González, el día de hoy suscribieron el “Acuerdo Operativo de la EBY”.

Se trata de un documento de suma importancia para la entidad compartida por Paraguay y Argentina, ya que permitirá ordenar la operación y el flujo financiero de la binacional.

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Uno de los aspectos claves de este acuerdo es la fijación de una tarifa única de USD 28 por megavatio/hora como retribución por la energía generada y comercializada por la EBY.

De igual manera, se destaca la definición de aspectos operativos que permitirán a ambos sistemas contar con mayor previsibilidad en el despacho de cargas para abastecer las demandas.

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Este acuerdo, a su vez, allana el camino para la reactivación de las obras en el brazo Aña Cuá, fundamentales para ampliar la capacidad de generación de la central hidroeléctrica.

Desde la Presidencia de la República celebraron la firma del acuerdo entre ambas partes, afirmando que el mismo representa “un avance que fortalece la equidad en la distribución de los beneficios energéticos entre Paraguay y Argentina”.

Para el abogado Ricardo Preda, la Contraloría General de la República tiene toda la facultad de solicitar la intervención de un municipio, amparándose en la ley 317 del año 1994 “Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/o municipales”.

“No hay mucho margen para la interpretación. Sin lugar a dudas, la Contraloría tiene la facultad de solicitarle al Poder Ejecutivo que inicie los trámites de intervención”, explicó el abogado Preda en conversación con Universo 970.

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Dijo además que en el caso de la Junta Municipal es la que no puede pedir una intervención sin un dictamen previo de la Contraloría.

Asimismo, sostuvo que la falta de transparencia es una puesta en peligro de irregularidad en la gestión y que en el caso de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, el pedido de intervención es una decisión plenamente jurídica por parte de la Contraloría.

“La Contraloría si detecta un delito, hace el reporte de hecho punible. Lo que acá pide es que se intervenga porque hay una situación fuera de control y se detectaron irregularidades que pueden poner en riesgo el patrimonio”, subrayó.

Agregó que no hace falta llegar al perjuicio patrimonial, sino que basta con el hecho de poner en riesgo el patrimonio.

La fiscal Gladys González imputó por los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa y transgresión a la Ley de Armas a Juan Manuel Bogarín Domínguez.

Este sujeto se encuentra acusado de intentar asesinar a su expareja, Isabel Margarita Dávalos, y a su novio, Alexis Javier Rodríguez Paredes, aparentemente motivado por los celos y el despecho.

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El hecho se registró en el año 2023, en jurisdicción del barrio La Lomita de la ciudad de Ñemby. En aquella oportunidad, Bogarín había interceptado a la pareja cuando estaba a punto de llegar a su vivienda.

Tras descender de un vehículo con un arma de fuego, este sujeto intentó disparar contra la humanidad de la mujer, quien en ese momento iba con un bebé en brazos. Por fortuna, la pistola se trabó y no logró dispararse.

Esta situación fue aprovechada por Dávalos y Rodríguez, quienes huyeron rápidamente hasta su domicilio, ubicado a pocos metros del lugar donde fueron interceptados.

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Decidido a continuar con su plan, Bogarín persiguió a las víctimas mientras continuaba intentando disparar, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el imputado.