Es importante elevar en este contexto político-electoral, la voz de los jóvenes sobre cuáles son las demandas principales de la educación. Para ello, se invita a estudiantes de todo el país a crear y compartir una historia sobre cualquier aspecto, problemática o desafío a nivel individual, comunitario o nacional relacionado con la educación como derecho humano fundamental y bien público.

Pueden participar del concurso en forma libre y gratuita, estudiantes de 1ro, 2do y 3ero de la Educación Media de colegios públicos, privados y subvencionados del Paraguay, inscribiéndose acá.

El envío de los materiales de concursantes deberá realizarse vía correo electrónico a educacion90segundos@gmail.com hasta el 21 de noviembre de 2022.

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Hasta el momento se inscribieron siete equipos de estudiantes de colegios ubicados en Canindeyú, Itapúa, Asunción y Central, que proponen temas como las dificultades y sacrificios de los alumnos a la hora de estudiar, barreras sociales, cómo estudiar en un internado sin la presencia de los familiares, falta de formación de los docentes, bullying. Incluso proponen un software para que los estudiantes que usan internet prioricen las obligaciones escolares en lugar de las distracciones.

“El rol de los jóvenes en estos procesos de cambio de la educación es fundamental. Si bien estamos viviendo un proceso de crisis educativa que arrastramos desde hace años, hemos visto que la participación de los jóvenes logró cambios trascendentales en la política pública. Creemos que estos son momentos fundamentales donde hay que potenciar la voz de los jóvenes, que tienen mucho que decir y para que también los candidatos tomen en consideración sus visiones e ideas. Así que alentamos a todos a participar de este espacio”, señaló Oscar Charotti, Director Ejecutivo de Juntos por la Educación.

Proceso de selección

Serán seleccionadas 10 historias finalistas; 5 elegidas por el público a través de votación en redes sociales y 5 seleccionadas por un jurado de especialistas. De estas 10 historias, 3 serán premiadas con smartphones, tablets, libros, y pases libres al cine por un año.

La evaluación del jurado priorizará la calidad de la historia, la pertinencia del contenido, la creatividad y la innovación. Se tendrán especialmente en cuenta aquellas historias que vayan más allá del diagnóstico y propongan ideas o alternativas de solución a las problemáticas educativas y sociales. Se alienta la utilización de datos de la realidad educativa que puedan encontrarse en: www.observatorio.org.py

El jurado tendrá a su cargo la selección de las tres mejores historias: la primera, la segunda y la tercera. Entre los miembros del jurado se contará con la participación del reconocido cineasta Marcelo Martinessi.

Toda la información de esta campaña se difundirá en las cuentas de Facebook e Instagram de Juntos por la Educación.

En el transcurso de esta tarde se concretó el traslado de Diego Ariel Segovia Paniagua, de 27 años, a la cárcel de Tacumbú.

El juez de Luque, Nelson Romero, dispuso que el detenido sea llevado hasta este penal, a fin de cumplir con la prisión preventiva.

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Segovia había sido detenido el último martes luego de un intento de asalto a una joyería ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Luque, ocasión en que fue reducido por vecinos a pedradas.

En su resolución, el magistrado estableció que el procesado permanezca en la Sección Sanidad de la penitenciaría, a fin de recibir atención médica constante.

Cabe recordar que el presunto delincuente recibió un fuerte golpe en la cabeza antes de lograr darse a la fuga. Así también, se confirmó que posee un proyectil de arma de fuego alojado en el cráneo.

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El agente fiscal Jorge Escobar resolvió imputar a este hombre por el hecho punible de robo agravado, a raíz de su participación probada en el fallido asalto a la joyería.

El abogado Osvaldo Arrúa, representante legal de Segovia, adelantó que apelará la resolución del juez, por las condiciones en las que se encuentra su cliente.

La Policía de la Ciudad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con apoyo de la Dirección General de Aduanas, esta semana logró desarticular una organización dedicada al contrabando y alquiler de automóviles deportivos.

Durante una serie de allanamientos desplegados en el vecino país, se logró la incautación de cinco vehículos de alta gama. Se trata de dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang (todos con matrícula paraguaya) y una Toyota SW4 con chapa argentina.

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Según la investigación, estos rodados habrían cruzado la frontera bajo la modalidad de “ingreso temporal”, con supuestos fines turísticos. Sin embargo, el objetivo real era dejarlos de manera permanente en Argentina, sin ser nacionalizados.

La finalidad de esta estrategia sería evadir el pago de impuestos, además de aprovechar estos lujosos vehículos para su uso con fines comerciales. Tal es así que llegaron a aparecer en videoclips de artistas como L-Gante, La Joaqui y La China Suárez.

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“Estos autos ingresaban bajo una modalidad que explota un vacío en el régimen de circulación de vehículos en el Mercosur”, explicó el director de Aduanas argentino, Andrés Velis, al canal NPY.

Dos ciudadanos argentinos y un paraguayo fueron detenidos por esta causa, mientras que una cuarta persona permanece prófuga. A la par, también se impartió una orden de secuestro contra un Dodge Challenger que no llegó a ser localizado en el operativo.

“Presentamos la denuncia por el hecho que atenta gravemente contra el patrimonio histórico de nuestra ciudad. No voy a permitir que se destruya Asunción ni que un acto de esta magnitud quede impune”, informó el intendente Luis Bello.

Se trata del edificio histórico ubicado en las calles Azara y Antequera, que fue demolido sin ningún permiso.

“El Ministerio Público será el encargado de investigar la causa, y desde la Intendencia acompañaremos cada paso del proceso hasta que los responsables respondan por el daño irreparable que causaron a nuestra ciudad”, agregó el jefe comunal.

Bello indicó que también se remitieron todos los antecedentes del caso al Juzgado de Faltas, para el sumario correspondiente, y a la Secretaría Nacional de Cultura, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Cabe mencionar que, según la Ley 5621/16 de Protección del Patrimonio Cultural, cualquier ciudadano que cause algún daño a los bienes del patrimonio cultural en todas sus categorías o clasificaciones, se expone de 3 a 10 años de cárcel.