En entrevista con radio Nacional, el artista Koki Ruiz mencionó que este año hubiera sido la versión número 30 de la procesión en la compañía Tañarandy, ubicada en la ciudad de San Ignacio, departamento de Misiones. “El año pasado hicimos la Semana Santa en modo covid, con unos pocos estacionarios. Este año, Misiones está en zona roja, y eso nos impide juntarnos. Así que no tenemos nada preparado para esta Semana Santa”, refirió.

“Desde diciembre estábamos en una crisis por los contagios que se sumaban. Fue imposible pensar en hacer. Nuestro trabajo es comunitario y busca que la gente tenga la experiencia de trabajar todos juntos. No iba a ser lo mismo hacerlo por un sistema virtual. La idea es trabajar todos juntos y celebrar la obra el Viernes Santo con el producto final. La obra es el proceso del trabajo”, argumentó.

Consultado sobre si lamenta no poder ofrecer su arte este año, respondió que no lo ve desde esa óptica. “Tomamos como una experiencia, es una mirada de reflexión, pasan muchas cosas, nos entristece más los amigos que han partido, muchos familiares que ni se han podido despedir de sus seres queridos, eso está por encima de todo. Tenemos la mirada en eso en vez de lo que podemos sentir en que nuestro trabajo no se haya podido realizar”, expresó.

Koki Ruiz recordó que en las ediciones anteriores, a mediados de enero ya comenzaban los trabajos que involucraban entre 10 y 15 personas. En tanto que en la Semana Santa, en el patio de la Barraca había 500 personas haciendo los trabajos finales para el gran día de la puesta en escena.

Rememoró además que muchas veces hicieron la procesión bajo tensión o inconvenientes. En ese sentido resaltó que en una oportunidad no pudieron prender una sola vela por la fuerte lluvia, pero que de igual manera las personas formaron parte de la caminata en medio del temporal. También recordó que hicieron la actividad durante las tensiones del Marzo Paraguayo.

“Esta sería la versión número 30 de Tañarandy, nunca hemos suspendido nuestra actividad. 2020 y 2021 son años de cambios muy bruscos y con experiencias inusuales. Nunca nosotros vivimos estas situaciones como cierres de fronteras muy prolongados, muchos de acá viven de eso, tenemos muchos parientes en Argentina que vienen durante la Semana Santa, entonces la frontera es muy importante acá en Misiones”, contó.

Si bien resaltó que su trabajo es un ejercicio creativo para la comunidad, reconoció que genera un importante turismo religioso e ingreso monetario a la zona. “Cada año trae mucha gente, por lo que habrá un perjuicio económico este año. Por la presencia masiva de la gente se ofrecen muchos servicios. Incluso el año pasado se afectó mucho”, agregó.

Por último, el artista indicó que espera retomar el trabajo el próximo año.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.